- Transportes pide ya a las concesionarias auditar la huella de carbono en sus ofertas por la red viaria y alcanzar el Net Zero un lustro tras la adjudicación
El Gobierno está empeñado en situar a España como punta de lanza de la transición energética, incluso, si eso supone ser más verde que la propia Bruselas. Desde este verano, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha redoblado los requisitos medioambientales de los concursos públicos de explotación y conservación de carreteras y ya exige que las empresas candidatas sellen el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono en los cinco años posteriores a la adjudicación, un hito que los Veintisiete establecieron para 2050.
Así se desprende de las nuevas cláusulas medioambientales que la cartera que dirige Raquel Sánchez, a través de la Dirección General de Carreteras, ha introducido en sus últimas licitaciones para la conservación, explotación y obras en las carreteras.
Constructoras y concesionarias estaban sobre aviso. Transportes, que no ha contestado a las preguntas de este medio al cierre de esta edición, lleva meses trabajando en el rediseño y la mejora de la infraestructura viaria nacional desde varios ángulos, siempre con la sostenibilidad como telón de fondo. Entre las prioridades del departamento se ha situado el contar con indicadores fiables relativos al consumo energético y las emisiones contaminantes que genera el transporte por carretera, sobre todo, en el marco de los compromisos internacionales adquiridos a nivel estatal y de la Ley de Movilidad Sostenible, todavía en trámite parlamentario.
La muestra más reciente de la acción verde liderada desde Transportes ha sido la aprobación, en el Consejo de Ministros de la pasada semana, de un concurso público para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de carreteras en la provincia de Segovia, por un importe estimado de más de 29 millones de euros.
En los pliegos de la licitación de las vías segovianas, Transportes ha incorporado objetivos de “compensación” de las emisiones contaminantes. En detalle, las empresas candidatas deberán tener en cuenta en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la red viaria. El pasado mes de julio, el ministerio incluyó el mismo requisito en el concurso de servicios para varias carreteras sevillanas, por valor de casi 21 millones.
Pero, en ambos concursos, la condición que más ha llamado la atención en el sector es la obligación que ha fijado Transportes de que las adjudicatarias se comprometan previamente a presentar, en los 6 meses posteriores a la resolución de las licitaciones, “un plan de descarbonización” diseñado para “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y compensar todas aquellas emisiones que no se hayan podido reducir”, y que concluya con un compromiso por parte de la empresa ganadora de alcanzar “el Net Zero, o balance neutro en carbono, a los cinco años de la actividad objeto del contrato”.
EMISIONES POR ÁRBOLES
Las compañías concesionarias -entre las que a nivel nacional destacan gigantes como Abertis, Acciona, Ferrovial, Itínere o Globalvía- podrán compensar su huella emisora a través de proyectos de absorción de CO2, por ejemplo, con iniciativas de reforestación.
Otra de las fórmulas de mitigación que contemplan los pliegos del Ministerio de Transportes son los proyectos propios de compensación que puedan poner en marcha estas compañías o la adquisición de créditos de carbono en el mercado voluntario, plataformas en las que las empresas pueden colaborar como financiadores de proyectos destinados a la captura de CO2. Los últimos datos provisionales de la auditora especializada Ecosystem Marketplace indican que, en 2022, el mercado voluntario de carbono a nivel global movilizó una inversión de 1.300 millones de dólares.
Los gigantes del sector concesional, donde cada cual ha fijado su propio calendario Net Zero, prefieren guardar silencio sobre el acelerón climático de Transportes y su impacto en los planes de sostenibilidad y los costes de una industria que aún trata de surfear la ola de la inflación. Extraoficialmente, la conclusión general es que no conviene enturbiar con opiniones la relación con la Administración.
- El Mundo
