- El borrador del Real Decreto contempla introducir el reequilibrio
- El golpe de los sobrecostes se estima en más de 1.300 millones
El Gobierno ultima la aprobación de un Real Decreto para fijar los mecanismos de compensación por los sobrecostes ocurridos en las obras públicas como consecuencia de la subida de los precios de los materiales de construcción que se ha producido desde hace casi dos años.
El borrador de la norma, elaborado en origen por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que se halla atascado desde hace unas semanas en el Ministerio de Economía, contempla compensar a las constructoras considerando el incremento de los precios a partir del 1 de enero 2021, según explican fuentes gubernamentales. De este modo, quedarían excluidas las subidas que ya comenzaron a registrarse en los primeros meses de 2020.
Las constructoras enfrentan un sobrecoste promedio cercano al 20% en las obras públicas que están ejecutando en España por el encarecimiento de los materiales de construcción desde hace casi dos años. Según la información recabada por Seopan, se está viendo afectada una producción anual estimada en los 7.000 millones de euros. Así, el impacto en la facturación para los contratistas con proyectos adjudicados por las Administraciones Públicas desde 2018 supera los 1.300 millones de euros.
La decisión de excluir la revisión de precios en 2020, de ratificarse, “supondrá un golpe importante” para las constructoras, denuncian desde el sector, que lo cuantifican en varios cientos de millones de euros. Aunque el sobrecoste anual se estima en los 1.300 millones mencionados, la cifra que asumirán las Administraciones Públicas “será muy inferior”. Se debe, de un lado, a la previsión de organismos como el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la curva de los precios comenzará a bajar a partir de la primavera de 2022. En consecuencia, la eventual revisión de precios corregirá entonces en sentido contrario el desequilibrio acumulado ahora. Y, por otro lado, el coste para las Administraciones no será de tal magnitud porque éstas utilizan los índices de precios oficiales, que históricamente siempre han sido inferiores a los reales en el ámbito de las actividades de construcción.
El peso de los materiales de construcción en el coste de una obra civil media alcanza el 37%. Hasta noviembre de 2021, la cesta de materiales, que incluye el acero, el cobre, el aluminio o las mezclas bituminosas, entre otras, se había encarecido más del 54% en el último año, con ascensos en algunos casos superiores al 100%, según advirtió Seopan. Los índices de revisión de precios de contratos públicos de cierre de 2020 desvelaron incrementos del 37,6% en materiales bituminosos con respecto a mayo de aquel año, del 29,3% con respecto a marzo en el cobre y del 15,7% en energía -frente a mayo-.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, admitió a primeros de octubre que el Gobierno ya estaba trabajando en una fórmula para responder a la escalada de los precios, lo que ponía en peligro el equilibrio económico de los contratos y, en consecuencia, el cumplimiento de los plazos contractuales de las obras. Los altos niveles de precios han continuado desde entonces y las expectativas es que se mantengan aún varios meses más.
La revisión de precios en los contratos públicos era habitual y automática
La normativa que desarrollará los mecanismos de compensación sigue a la espera del visto bueno de Economía. Mientras, Transportes sí ha dado pasos en firme para las nuevas licitaciones con la inclusión de la revisión de precios, según consta en una reciente resolución, como adelantó ‘elEconomista’.
Hasta la entrada en vigor del Real Decreto 55/2017 por el que se desarrolla la Ley de Desindexación de la Economía España y la regulación al respecto en la Ley de Contratos del Sector Público la revisión de precios en los contratos públicos era habitual y automática, pero la nueva normativa restringió drásticamente su uso, al dotar al licitador de discrecionalidad para hacerlo.
Aunque su supresión ya había generado discrepancias entre el sector privado y las Administraciones años atrás, a raíz de la escalada de los precios de los materiales de construcción desde 2020, las organizaciones empresariales alzaron la voz antes del verano para demandar la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Su objetivo es restaurar la obligatoriedad de los mecanismos de revisión de precios en los nuevos contratos de obra pública y cambiar el actual procedimiento de determinación de los índices de revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas. Asimismo, las empresas requieren que se habilite para las obras en curso una norma especial que, con carácter excepcional, permita resolver mientras persista la situación generada por el alza de los precios de materias primas como el acero, el cobre, el aluminio, el petróleo y las mezclas bituminosas, a lo que se suman tensiones en la disponibilidad de determinados materiales.
La licitación crece un 68%
La licitación pública ejecutada por todos los organismos públicos de España alcanzó un importe de 23.648 millones de euros en 2021, lo que representa un crecimiento del 68% respecto al año anterior y del 29,6% en comparación con 2019, el ejercicio previo al estallido de la pandemia, según los datos de Seopan. La Administración General del Estado subió la licitación un 153,4% en 2021, las Comunidades Autónomas un 40,6% y los entes locales un 46%.
- El Economista
