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La Gerencia Municipal de Urbanismo no podrá, al menos en el breve plazo, iniciar los trámites para licitar el desarrollo de las obras de rehabilitación parcial del antiguo convento de Regina. Una maraña burocrática se ha establecido sobre el anterior edificio que impide, por la vía de los hechos, iniciar unas actuaciones. Ni siquiera buscar a la empresa que los haga en el futuro cuando sea posible.
La Junta de Gobierno Local declaró la caducidad del expediente de resolución del contrato que firmó hace cuatro años con una empresa que se prestó a realizar las obras por algo más de 400.000 euros. Aquellas obras ni siquiera llegaron a empezar. La empresa contratista se retiró sin haber puesto un ladrillo. Pues bien, aún no se ha roto el contrato entre las partes permitiendo la posibilidad de que otra empresa que tenga mejor fortuna se haga cargo de las actuaciones.
La caducidad de un expediente se produce cuando pasa un determinado plazo sin que se dicte una resolución. En el caso que nos ocupa son ocho meses. La caducidad del procedimiento implica que todo lo que se ha hecho hasta ese momento no vale. Los informes legales pedidos, las opiniones externas, los presupuestos que aparezcan en la carpeta administrativa no tienen validez. Tienen que repetirse.
En el caso del convento Regina sucede que el lío es mucho más profundo. No es que haya un expediente abierto: hay dos. El primero se realizó a instancia de la empresa contratista en el que culpa al Ayuntamiento de Córdoba de que no se empezasen las obras. Ese expediente ya ha llegado a los tribunales de justicia que le han dado la razón íntegramente al Ayuntamiento de Córdoba. Pero la empresa que no llegó a cumplir el contrato tiene la alternativa de plantear un recurso a esa primera sentencia, lo que demora la decisión final.
Un segundo expediente
El segundo de los expedientes de resolución de contrato lo inició el propio Consistorio con la tesis de que la empresa era responsable, que había incumplido sus obligaciones. La diferencia entre un expediente y otro es que, en el segundo, el Ayuntamiento de Córdoba ejerce de perjudicado y puede reclamar daños y perjuicios a la forma que le dejó colgado el contrato. El Consistorio tuvo que renunciar a dos cuantiosas subvenciones como consecuencia de la negativa de la empresa a cumplir con lo acordado. Una venía de la Junta y otra del 1 por ciento cultural del antiguamente llamado Ministerio de Fomento.
Una de las cuestiones que explica por qué no se puede tocar Regina hasta tanto no se concluya el expediente que se ha reiniciado estriba es que es necesario realizar un informe pericial sobre el estado del edificio. Esa tasación será clave, explican los documentos municipales, para establecer la cifra que se le pedirá a la empresa contratista que renunció al contrato hace la friolera de cuatro años.
La Gerencia de Urbanismo anunció hace escasas fechas que estaba ultimando todo para iniciar la licitación del nuevo proyecto de rehabilitación de la iglesia para convertirla en un centro cultural multiusos inspirado en la Sala Orive. El Consistorio ha reservado cerca de un millón de euros de fondos propios para llevar a cabo una iniciativa que, en estos momentos, depende de que se desenmarañe la madeja burocrática creada por un contrato fallido.
- Abc
