• Se cumplen dos años de la aprobación de la ley Lista con solo parte del trabajo hecho
• Unos núcleos buscan el adelanto de servicios y otros aspiran a la plena legalidad

a Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como ley Lista, fue aprobada en el Parlamento hace dos años, en noviembre de 2021 y entró en vigor en diciembre de ese año. Con esta normativa urbanística, la Junta de Andalucía buscaba actualizar, modernizar y simplificar la ordenación del territorio y el urbanismo andaluz y, en el caso de Córdoba, tenía especial incidencia en su realidad (y pluralidad) parcelista. Una de las claves tenía que ver con el adelanto de servicios básicos para aquellos núcleos poblacionales que no tenían agua, saneamiento o luz, o, incluso, ninguno de los tres. ¿Se ha conseguido el objetivo? Sí y no. Una ley no es una varita mágica que resuelva los problemas de una tacada, menos aún los que tienen que ver con un asunto tan complicado como el urbanismo, y hay que tener en cuenta que el desarrollo del reglamento de la norma no vino hasta un año después de su aprobación, es decir, en diciembre de 2022. Pero sí que se han conseguido cosas. 

Las reuniones

La más básica, el acelerón a las conversaciones entre parcelistas y la Gerencia de Urbanismo de Córdoba encaminadas a conocer a fondo y de manera individual la realidad de cada parcelación de la ciudad y la solución que, con la Lista en la mano, podría dársele. En este punto, además, no puede quitarse mérito a la comisión de periferia y al trabajo del Consejo del Movimiento Ciudadano y de los vecinos en lograr llegar a acuerdos.

Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), apunta que la Lista «ha supuesto un cambio importante, pero no definitivo». La base, considera De Gracia, es que la norma «nos permite generar caminos nuevos para que distintos tipos de parcelaciones puedan entrar bien a la vía de la legalidad, bien a la vía de la dotación de servicios básicos». El presidente del CMC recuerda que ya se han producido dos rondas de reuniones entre Urbanismo y cada parcelación que está dispuesta a trabajar por conseguir sus objetivos. Esto es importante, como señala De Gracia, «a nadie se le va a dar nada si no ponen de su parte», incluyendo en este caso aportación económica. Por poner un ejemplo, que al final es el ejemplo más claro de éxito, Cuevas de Altázar se convirtió hace escasos días en la primera parcelación en conseguir el sello de «legal» y lo ha hecho tras muchos años de trabajo y un desembolso para sus residentes de unos tres millones de euros, según explicó a este periódico Juan Manuel León, representante de los vecinos de la zona.

En Córdoba hay más de 115 núcleos de parcelaciones. De esas, habrá una veintena que pueden seguir la senda de Cuevas de Altázar y lograr la legalidad plena para ser consideradas un barrio más de la ciudad (y si hay que cribar por las que tienen interés en hacerlo, la cifra se reduciría a la mitad). Para ello, en cualquier caso, hay que seguir trabajando. De Gracia entiende que tras las rondas de reuniones, la Oficina del Territorio (impulsada por Urbanismo al amparo de la ley Lista) debe pasar a tener una actividad «proactiva», no solo para hacer diagnósticos de la situación, sino para trabajar en conseguir los objetivos marcados para cada zona. En ese trabajo, añade el presidente del CMC, también es clave que la oficina se una con Emacsa, que deberá encargarse, cuando sea posible, de dotar de agua a aquellas parcelaciones que no cuenten con el servicio.

Cuevas de Altázar