El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha lamentado que la Junta de Andalucía “no esté aplicando las revisiones de precios en los contratos de conservación de carreteras, pese a estar recogido en el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el propio Gobierno autonómico”. Dicha normativa establece que los contratos de conservación serán actualizados de igual modo que los correspondientes a obras, que se revisan en su totalidad y hasta su terminación, incluidas sus prórrogas llegado el caso, según han explicado.
Desde Ceacop han expuesto que las empresas “han recibido con indignación el hecho de que solo se estén reconociendo parcialmente las revisiones, dejando fuera la mayor parte de los capítulos de las certificaciones, en contra de lo contemplado en el decreto”. “De hecho, las propuestas de resolución apenas alcanzan el 20 por ciento de los importes que corresponden, lo que en la práctica supone enormes pérdidas para las compañías que desarrollan este cometido”, han subrayado.
En este sentido, el gerente de la asociación, Arturo Coloma, ha afirmado que “este cambio de criterio respecto a lo aprobado representa un jarro de agua fría para nuestras empresas, que han venido realizando los trabajos con el convencimiento de que se aplicaría el procedimiento recogido en esta normativa. Pese a que no resolvería la totalidad del impacto real que están soportando, representaría un avance importante”.
Una de las consecuencias “más inmediatas” que denuncia la organización consiste en que la Administración autonómica “está pagando actualmente la mano de obra de quienes realizan estas tareas un 30 por ciento por debajo del convenio, obligando a las empresas a subvencionar el servicio a pérdidas, sin que puedan soportarlo por más tiempo”. “Nos parece una irresponsabilidad de la Junta de Andalucía fomentar la precariedad en el empleo de los trabajadores”, ha señalado la organización. RED DE CARRETERAS DE LA JUNTA
La reivindicación de Ceacop ha hecho referencia a todas las conservaciones de la red de carreteras de la Junta de Andalucía. “Sobre un importe de contratos que ronda los 250 millones de euros, la cantidad solicitada supone tan solo un diez por ciento, pero lo que pretende reconocer el Gobierno regional no alcanza ni un dos por ciento, a pesar de que el impacto medio de los sobrecostes es del orden del 30 por ciento para las adjudicatarias”, han explicado.
Además, han advertido de que, “en caso de no reequilibrarse la situación, las empresas analizarán las medidas que se verían obligadas a adoptar”. “En lo concerniente a mano de obra en particular, se pueden llegar a plantear expedientes de regulación de empleo para adaptar las plantillas a los importes efectivamente recibidos por la Administración”, han agregado.
En esta línea, Coloma ha subrayado que, “si bien inicialmente la Junta en general -y la Consejería de Fomento en concreto- mostró una buena predisposición para resolver las pérdidas ocasionadas por la enorme e imprevisible inflación”, cuando ha “llegado el momento y más marcadamente en los últimos meses, se ha desvanecido en cálculos a la baja, recursos sobre las fórmulas a emplear y trabas en los expedientes, que en la práctica suponen menores cantidades a recibir y, en cualquier caso, dilación en los plazos de cobro”. ABANDONO A LAS PYMES
Para Ceacop, la Consejería “deja en el abandono a las pymes andaluzas que velan por la seguridad vial y la seguridad de las carreteras –un trabajo altamente especializado no exento de riesgo–, obligándoles a perder más de 20 millones de euros por el incumplimiento de su propia normativa”. “Con ello, se ponen en riesgo las condiciones y el empleo del personal adscrito a las conservaciones, así como la viabilidad de las compañías del sector”, han expuesto.
Desde la patronal se ha insistido en que la gestión de esta problemática “no debería dar lugar a la judicialización de los expedientes, sino a la aplicación de las resoluciones del decreto de forma ágil, para que las empresas puedan compensar las pérdidas sufridas sin que los procesos se dilaten excesivamente en el tiempo”. “Al margen de las conservaciones, tampoco se están revisando los contratos de emergencia, aunque inicialmente se previó y reconoció en dicho derecho”, han agregado.
Ante este escenario, Ceacop y las compañías afectadas han solicitado una reunión de urgencia con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, al objeto de “trasladarle su malestar y exigirle una solución inmediata”.
“Todos los afectados esperan una reunión urgente con la consejera con la esperanza de que se implique en la resolución del problema como era costumbre en la anterior etapa. Hemos notado un cambio de actitud del nuevo equipo de Gobierno, que parece que escoge el modelo de recorte que tan malas consecuencias trajo en el pasado”, han concluido desde la asociación.
- La Vanguardia
