- El PSOE-A pide a la consejera que solucione los problemas que plantean las viviendas en suelo rústico y le insta a reflexionar y negociar
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, defendió ayer en el Parlamento la gestión de su departamento para el desarrollo de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), subrayando el gran trabajo realizado para las alegaciones presentadas al reglamento que se está elaborando.
Marifrán Carazo destacó que «se ha trabajado en tiempo récord para contar con un primer borrador del reglamento de esta ley, que ya se ha sometido a información pública y audiencia». Además, resaltó los buenos resultados obtenidos de las reuniones mantenidas con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a la que se han aceptado el 84 por ciento de las alegaciones presentadas.
La consejera detalló que de las 94 alegaciones presentadas por la FAMP se han aceptado totalmente 51, mientras que 28 han sido atendidas parcialmente. Asimismo, dijo que las 15 alegaciones restantes no han sido aceptadas por tratarse de determinaciones legales, bien en la legislación básica estatal o en la Lista, y el reglamento no puede ir en contra de estas leyes, o bien se trataban de una mala interpretación del texto que quedó aclarado.
Marifrán Carazo elogió a la FAMP por «el trabajo desarrollado y las importantes aportaciones realizadas», deseando que se mantenga este buen clima de colaboración en el futuro. «La valoración de este proceso de información pública es positiva, dado que el elevado nivel de participación que ha suscitado», recalcó.
PSOE-A pide reflexión
El PSOE-A pidió a la consejera de Fomento reflexionar sobre la ley y afrontar soluciones a los problemas que plantea, especialmente los relacionados con las viviendas en suelo rústico, según puso de relieve en su intervención en la comisión parlamentario su diputado Rodrigo Sánchez Haro.
La petición socialista se plantea después de que el Gobierno andaluz y la Administración General del Estado acordasen crear un grupo de trabajo para resolver las discrepancias que mantiene el Ejecutivo central sobre 42 artículos, una disposición adicional y otra final del texto.
Según el parlamentario socialista, «la Junta debe sentarse con el Gobierno de España y con los grupos parlamentarios y deben arreglarlo, nuestra mano la tienen tendida».
Sánchez Haro explicó en su intervención que con la nueva norma «se ha creado un problema a viviendas en suelo rústico con expedientes administrativos y penales abiertos, ahora en peligro de demolición». Por todo ello, invitó a la consejera a que reflexione y actúe sobre este problema, a la vez que precisó que «no lo hace en términos de reproche, sino para que busque solución».
- Diario Sur
