Aquel día, la Junta de Andalucía, el Consorcio de la Zona Franca y el Ayuntamiento acordaron que «de forma inminente» tendría lugar un nuevo encuentro para cerrar los términos concretos del convenio firmarlo lo antes posible y seguir avanzando en un proyecto clave para Cádiz.

Prácticamente un mes más tarde, esa reunión no se ha producido, aunque cabe destacar que se ha producido un relevo en la Consejería de Sanidad de la Junta tras la dimisión de Rocío Hernández tras la crisis de los cribados del cáncer de mama. Fuentes de la Zona Franca aseguran a este medio que ya cuentan con toda la documentación necesaria y están únicamente a la espera de que la Junta cierre una nueva fecha.

En su comparecencia de este miércoles, Sanz señaló que no hay retraso en la tramitación del convenio que regulará la obra, pero recordó que en las últimas semanas ha habido un relevo en la consejería de Salud.

La Ciudad de la Justicia de Cádiz es otro de los grandes proyectos que han recibido en 2025 el impulso tan esperado por los gaditanos desde hace años. Las obras comenzarán antes de que acabe el año, según ha repetido en varias ocasiones el consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto. Fuentes de la Junta han confirmado a este medio que los plazos se mantienen y los trabajos se iniciaran antes del 31 de diciembre. Una vez que hayan concluidos las obras de este edificio, la Junta comenzará a pagar un canon anual de 6,7 millones de euros durante 27 años ya que lo construirá una empresa privada mediante un contrato de concesión de obra pública.

Los primeros trabajos consistirán en la rehabilitación de las casas de ingenieros Norte y Sur, para trabajar en el antiguo depósito de tabaco, y por último en las dos naves. La superficie total de las instalaciones alcanzará los 38.525 metros cuadrados, el edificio principal, incluida la planta de bajo rasante, contará con 20.800 metros cuadrados. Las casas Norte y Sur tendrán unas dimensiones de 963 y 935 metros cuadrados respectivamente, el antiguo depósito otros 7.732 metros cuadrados, y las dos naves hasta 8.095 metros cuadrados.

El proyecto propone un emblemático edificio de nueva planta compuesto por tres torres de nueve plantas, aunque en un primer momento se habían contemplado ocho, más una bajo rasante, conectados pero independientes y cuyo diseño permite liberar espacio para crear una plaza pública que facilitará la conexión con la zona, abriendo así el complejo a la ciudad.

La distribución del nuevo edificio judicial ha sido cuidadosamente planificada para albergar diversas instancias y servicios en función de cada planta. En la planta semisótano se situarán el Juzgado y la Fiscalía de Menores encargados de detenidos, un aparcamiento, áreas de almacenamiento y mantenimiento, así como aseos, vestuarios para el personal, salas de descanso y de lactancia. La planta baja estará destinada al Juzgado y Fiscalía de Menores en su función judicial, junto con dependencias del forense, el registro civil, el Juzgado de Guardia, y zonas de control y seguridad. También en esta planta se ubicarán aseos, vestuarios, y salas de descanso y lactancia para el personal.

En la primera planta se concentrarán servicios como la Fiscalía de Menores, los colegios profesionales, la unidad de Mediación, el SAVA (Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía) y una extensión del registro civil. La segunda planta estará dedicada a las salas de visitas, con una capacidad de hasta veinte estancias según lo anunciado por el consejero. En la tercera planta se instalarán el Juzgado Contencioso-Administrativo y el Juzgado de lo Social, mientras que en la quinta planta se encontrará la sede de la Fiscalía Provincial de Cádiz.

Por su parte, la sexta planta estará ocupada por las secciones penales de la Audiencia Provincial y los Juzgados Penales. En la séptima planta se ubicarán tanto la sección de instrucción del Juzgado Penal como el Juzgado de Instrucción especializado en Violencia de Género. La planta octava acogerá las secciones civiles de la Audiencia Provincial, además de juzgados civiles dedicados a primera instancia-familia, equipos técnicos psicosociales de familia, y primera instancia-mercantil. Finalmente, la novena planta será destinada a la presidencia de la Audiencia Provincial.

A mediados de septiembre comenzaron a instalarse las casetas de obra en Valcárcel, dando inicio a los trabajos en el emblemático edificio, que comenzaron semanas atrás. En el pasado existieron dudas sobre el futuro del inmueble, ya que se llegó a barajar la posibilidad de trasladar desde Puerto Real la Facultad de Ciencias de la Educación. Sin embargo, Casimiro Mantell, rector de la Universidad de Cádiz, descartó esta opción desde su llegada al cargo, mostrando su preferencia por invertir en la mejora de la sede actual en Puerto Real. Ahora, aunque aún no es oficial, el nuevo grado de Farmacia parte como el principal candidato para ocupar el edificio.

El pasado mes de febrero, el pleno de la Diputación de Cádiz aprobó la reversión de la cesión del edificio a la administración provincial, ya que el acuerdo estipulado entre la propia Diputación y la UCA firmado en 2017 sobre la cesión del inmueble se estipulaba que la institución académica debía destinar el edificio a la Facultad de Ciencias de la Educación, que finalmente no será trasladada desde Puerto Real. En concreto, el artículo 27.1 de la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades locales de Andalucía, especifica que los bienes cedidos, como era el caso de Valcárcel a la UCA, revertirían a Diputación Provincial de Cádiz si en el plazo de cinco años no se destinan por el cesionario a los usos previstos o dejasen de estarlo antes de treinta años.

El edificio cuenta ya con una financiación superior a los 20 millones de euros. De estos, 3 corresponden a la Junta de Andalucía, otros 3 a la Diputación, que además también pone el edificio, un mínimo de 5 millones por parte del Ayuntamiento de Cádiz y una estimación en torno a los 10 millones por parte la Universidad de Cádiz en los próximos años para la adecuación de los espacios a uso universitario.

El Ayuntamiento de Cádiz se encargará de la urbanización de todo el entorno y, además, construirá en la trasera un gran espacio público para el barrio de La Viña y para toda la ciudad. La Junta de Andalucía y la Diputación se encargarán de financiar la rehabilitación del edificio, asumiendo Diputación la redacción del proyecto y la ejecución de las obras. La Universidad de Cádiz, por su parte, lo dotará de contenido universitario.

Actualmente, los operarios de la empresa pública Tragsa trabajan en la consolidación y rehabilitación de Valcárcel. El coste de estas primeras obras tienen un coste de 5,8 millones de euros, y han sido financiados con fondos de Diputación y la Junta. Estos trabajos tendrán un periodo de ejecución de un año.

Durante un año, los operarios trabajarán en el refuerzo de la envolvente del edificio, lo que incluye también intervenciones estructurales como la renovación de los forjados de la cubierta y de aquellas plantas que presentan un mayor deterioro. Asimismo, se contempla la demolición de las construcciones anexas situadas en la fachada este del inmueble. Los trabajos abarcarán tareas de consolidación y restauración tanto de las fachadas exteriores como interiores, la impermeabilización y saneamiento de las cubiertas, y la instalación de un sistema de iluminación monumental.

Otro edificio emblemático que recuperará la ciudad de Cádiz en 2026 será el Teatro del Parque. El Ayuntamiento sacó a licitación el proyecto del final de las obras, y finalmente comenzarán esta semana. La edificación se encuentra en estos momentos al 70% de su ejecución, por lo que se deberá concluir el 30% restante de la obra y completar el inmueble con el equipamiento escénico. Las obras comenzarán esta semana una vez que la empresa concesionaria tenga todos los permisos oportunos.

Las obras tendrán un coste de 1,7 millones de euros y un periodo de ejecución de cuatro meses, por lo que podría estar listo para la próxima primavera.

Cabe recordar que el estado obsoleto de la antigua edificación del Teatro de verano hizo plantear al Ayuntamiento de Cádiz la necesidad de su demolición y construcción de un nuevo equipamiento escénico que se encargó al arquitecto José Luis Bezos Alonso, ganador del concurso de arquitectura realizado en 2005 para la reordenación y urbanización de los terrenos de la explanada de Santa Bárbara.

Las obras se comenzaron por fases, siendo la primera de ellas adjudicada a la empresa Gyocivil en enero del año 2012 por un importe de 490.345,83 € y liquidadas las obras con una demasía de 48.706,68 € respecto de la cantidad adjudicada. La segunda fase de las obras se adjudicó a la empresa AVANZA Solutions & Projects SL por un importe de 1.042.691,01 € en abril del año 2021.

Este contrato de obras se resolvió por el abandono de la obra por parte de la empresa constructora cuando la obra se encuentra en un estado avanzado de ejecución cercano al 70% de lo previsto en el proyecto. El propio alcalde de Cádiz, Bruno García, informaba en diciembre del año 2023 que se había resuelto el contrato con la citada empresa, y que la nueva licitación saldría «lo antes posible».

Durante los meses que la obra lleva parada, se han tabicado algunos espacios con el fin de evita el vandalismo en las instalaciones y el resguardo del material susceptible de ser robado. A día de hoy se cuenta con un servicio de vigilancia y el recinto mantiene el cerramiento provisional de obra instalado para la actuación anterior.