Hay un dato cierto que es el centenar de nuevas viviendas públicas que el Ayuntamiento de Cádiz ha terminado de construir o está construyendo en distintos puntos de la ciudad. Un dato cierto también es que supone casi duplicar en cuatro años las que el anterior gobierno de Adelante Cádiz ejecutó en ocho. Pero, también es un dato cierto que estas cifras son muy escasas ante las necesidades que tiene la capital en vivienda pública.

En el camino que queda por cubrir, la agenda municipal incluye varios cientos de nuevas viviendas sociales, pero todas afectadas por la lentitud con la que se mueven las administraciones. Pasa con operaciones de gran calado como las previstas en los solares de los antiguos colegios de Adolfo de Castro y Carmen Jiménez, con capacidad para varios cientos de casas pero que necesitan modificaciones en el Plan de Ordenación Urbana, con trámites lentos de ejecutar en el tiempo.

Cabría plantearse una modificación en el ordenamiento urbanístico que permitiese agilizar estos cambios, más cuando tienen un evidente valor social. La misma Junta dispone de la Unidad Aceleradora de Proyectos (en la que está metido el nuevo Hospital de Cádiz), que reduce de forma considerable toda la burocracia.

La Junta también juega, o al menos debería de jugar, un papel relevante en la ampliación del parque público. Al fin y al cabo tiene un inmenso suelo en Tolosa Latour y dos antiguos equipamientos como Náutica y Valdeíñigo.

Entre todos se calculan 369 pisos. Lo que debería ser una urgencia, avanza lentamente en su complicada solución. Así, acumulamos ya año y medio de espera para que se ratifique el convenio entre Junta y Ayuntamiento para cerrar la redefinición de estos suelos.

Si ya es preocupante agotar 18 meses en un documento que debería de haberse elaborado con la rapidez de días, por la gravedad del problema de la vivienda social en Cádiz, aún lo es más cuando se conocen avances de la Junta en el desarrollo de proyectos no habitacionales a ejecutar en parte de estos mismos suelos.

Es el caso del complejo de oficinas que va a levantar en Tolosa Latour, con una inversión de 16 millones de euros. Ya se ha aprobado un gasto de 1,5 millones para la redacción del proyecto básico y de ejecución, con cinco meses de plazo; después, se adjudicará la obra del complejo administrativo, con 30 meses de plazo.

Más allá de si es necesario o no contar con un nuevo edificio de oficinas para la Junta, resulta incomprensible que se cuente con fondos millonarios para esta operación, mientras que no los hay para la viviendas. Y que, encima, se reduzca el espacio para más pisos. La previsión planteada hace 18 meses era la de construir 180 pisos, cuando podrían duplicarse o más sin este complejo administrativo.

El avance en la Escuela Náutica

Frente a este plan, sí avanza la planificación de viviendas en la antigua Escuela de Náutica. En este edificio de propiedad de la Junta, el alcalde, Bruno García, indicó en una entrevista con este diario, que se van a promover viviendas de protección oficial con un claro perfil social, tras la petición en este sentido del Ayuntamiento.

Sin embargo, el gobierno municipal no ha dado paso alguno en la reordenación del polígono exterior de la Zona Franca, para lo que sería necesario sentarse con el Consorcio y con los propietarios de las naves y talleres vacíos en este polígono infrautilizado.

Hoy es el único suelo que permite un gran desarrollo inmobiliario para la ciudad, con capacidad para construir varios miles de viviendas de todo tipo, habida cuenta que su uso industrial ha pasado ya a la historia.

Sin embargo, hasta el momento las dos administraciones implicadas en una operación urbanística muy complicada, por el cambio de uso del suelo, no se han sentado para analizar cómo sacar adelante este plan. Más aún, si el Ayuntamiento sigue callado, la actual dirección del Consorcio mantiene que este terreno debe mantener un uso industrial.

• Fuente: Diario de Cádiz