Ahora, una vez superado este primer trámite, la Junta tendrá que empezar a solicitar los respectivos informes sectoriales que requiere una intervención así, para poder recibir todos los parabienes urbanísticos, medioambientales, arqueológicos y económicos que permitan, al fin, iniciar el procedimiento de licitación del proyecto.
Conviene recordar que después de una primera propuesta de construcción de tres grandes edificios en medio del solar de los depósitos de tabaco, el proyecto finalmente ideado por la Junta y esa UTE de tres empresas es el de un nuevo edificio será el que concentre prácticamente toda la actividad judicial, repartida en once plantas (sótano, baja y nueve en altura) con una volumetría rectangular de 21,8 metros de ancho y 84,3 metros de largo, que corresponderían a ese frente de la manzana entre la Avenida Marconi y el centro de salud de Loreto–Puntales.
En total serán 20.800 metros cuadrados de edificio para concentrar a todos los juzgados y salas de vistas que actualmente se reparten por toda la ciudad. En concreto, el proyecto contempla habilitar en esas once plantas seis juzgados de Primera Instancia, uno de ellos con Registro Civil y otro de familia; dos juzgados de lo Mercantil, cuatro juzgados de Instrucción, un juzgado de violencia sobre la Mujer, cinco juzgados de lo Penal, un juzgado y Fiscalía de Menores, cuatro juzgados de lo Contencioso–Administrativo y cuatro juzgados de lo Social, además de los servicios comunes procesales General, de Ordenación del Procedimiento, y de Ejecución.
La construcción de esta gran sede judicial puede tasarse en casi 181 millones de euros, que son los que abonaría la Junta de Andalucía a la empresa que lo construya, con la diferencia respecto a las obras habituales que no lo hará en el momento de la construcción sino a través de un canon anual que se ha fijado en 6,7 millones de euros durante un período de 27 años. En ese intervalo, además, la empresa a la que sea adjudicada la construcción de este edificio será también la que asuma luego los servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento.
Así es la colaboración público-privada que ha ideado el gobierno andaluz para poder sacar adelante un proyecto que acumula dos décadas de retraso en la ciudad y que desde que se fijó en los antiguos depósitos de tabaco ha ido creciendo económicamente hasta alcanzar una cifra que sería inasumible por parte de la Junta con fondos propios.
En este sentido, conviene recordar que además de la construcción de este nuevo edificio que aglutinará prácticamente toda la actividad judicial propiamente dicha, la comunidad autónoma tiene que asumir la rehabilitación del resto de edificaciones que conformarán la Ciudad de la Justicia, lo que se ha presupuestado en 47 millones de euros que sí aportará Andalucía directamente o recurriendo a convocatorias de fondos europeos u otras oportunidades que surjan. De hecho, el compromiso del consejero de Justicia es que este proceso de rehabilitación de edificios se inicie antes de que acabe el año, no pudiendo comenzar la construcción del nuevo edificio (una vez finalice todo el proceso administrativo y posterior licitación) hasta tener garantías de que el resto del antiguo complejo tabaquero está lo suficientemente consolidado como para que las obras no afecten a las edificaciones (las denominadas Casas de Ingenieros, que son los dos edificios casi gemelos; el depósito de 1961 con sus 7.732 metros cuadrados y las naves, dos de las cuales se integrarán en este espacio judicial.
Con todo este plan por desarrollar, la Junta ha considerado un plazo de 32 meses para el diseño y construcción de las obras. Una vez superado el período de exposición pública del estudio de viabilidad, ahora deberá iniciarse el proceso para la redacción y aprobación del proyecto de ejecución de obras, que tiene un plazo estimado de seis meses. Y a partir de ahí, otras 26 mensualidades (más de dos años) para la ejecución de la obras y la puesta en servicio, al fin, de la nueva Ciudad de la Justicia de Cádiz.
Esto se traduce que, siendo optimistas, el equipamiento judicial podrá inaugurarse a mediados del año 2028. Y, en cualquier caso, el consejero dijo en una de sus últimas comparecencias en Cádiz, que el objetivo es que esté finalizada dentro del período que comprende el actual plan de infraestructuras judiciales ideado por la Junta; es decir, en el año 2030.
