- La provincia es la segunda de Andalucía con un mayor presupuesto de obra pública por ejecutar
89,9 millones de euros. Ese es el montante al que ascienden las obras públicas que quedaron en pausa en la provincia durante 2025. El valor de las ejecuciones gaditanas en el limbo es el segundo dentro de la comunidad autónoma, superado por el agujero en el que flotan los proyectos en Málaga, con 168,3 millones sin ejecutar. Por detrás se coloca la provincia de Sevilla, con casi veinte millones menos (71,2 millones). Para poner estas cantidades en perspectiva, la comparativa con el resto del territorio arroja unos números que sólo superan los treinta millones en Jaén (38,7), pero que después descienden hasta los 28,2 de Córdoba; los 25,8 de Almería; 22,4 millones en Granada, y 13,3 en Huelva.
En el conjunto de Andalucía, según los datos recopilados por Intescia-Doubletrade, quedaron en el aire 458,09 millones al no encontrarse empresas que llevaran adelante los proyectos.
Se da el caso de que muchas de las licitaciones públicas que han quedado desiertas están financiadas con fondos europeos, con lo que la demora podría suponer la pérdida completa de esta subvención.
Los analistas muestran también las principales obras que han quedado sin ejecutar. En el caso gaditano, hay dos que destacan: el contrato con proveedores de Navantia y el nuevo edificio de Subdelegación.
NAVANTIA Y SUBDELEGACIÓN
El primer caso corresponde a la licitación del Acuerdo Marco Tarifario para Servicios de manipulación de cargas suspendidas en Navantia Reparaciones Cádiz, por un valor de 24 millones. Quedó desierto y Navantia reformuló el modelo y lanzó un procedimiento diferente, un tipo de acuerdo menos rígido que permite la entrada de distintos proveedores en un periodo que se extiende hasta 2029.
El segundo caso hace referencia a las “obras de construcción del nuevo edificio de uso administrativo en la Avenida de Andalucía 1 y 3, Plaza de la Constitución 2 de Cádiz”, que se refieren al nuevo edificio de la Administración General del Estado en el solar de Subdelegación de Gobierno. Se licitó por 15,4 millones de euros y en una primera licitación se ha quedado desierto a pesar de la recepción de cuatro ofertas.
Estas son las grandes obras, pero los retrasos también afectan a cuestiones como los trabajos en viviendas protegidas de Procasa (como las proyectadas en Sagasta y Pericón, en la capital gaditana). Otros puntos de la ciudad, como Teatro del Parque o la zona del Pelíkano, en las murallas, también han visto retrasos por la renuncia de empresas adjudicatarias en primera instancia.
AÚN SIN LA MORDIDA DE ORMUZ
Que una licitación quede desierta –apuntan desde DoubleTrade–, “no es sólo un incidente administrativo: es un indicador de desajuste entre expediente y mercado”.
Lo cierto es que, en el conjunto de España, 2025 ha vivido una marca récord de concursos desiertos: un total de 9.819, que suponen un 86,1% más que 2021, con un importe medio por licitación desierta de 408.000 euros.
En fácil señalar la crisis de Ormuz, con las repercusiones que tiene no sólo en el mercado de la energía, sino en el precio de materiales de construcción básicos, como el hormigón, el acero o los plásticos. Sin embargo, estamos hablando de un desacople entre propuestas y ejecución que ya existía mucho antes de que saltara el conflicto de Oriente Medio, a finales del pasado mes de febrero.
La actual crisis, desde luego, no hará sino contribuir más a este desequilibrio entre los presupuestos iniciales de licitación de obra pública y los costes reales. Así, desdeANCI (Asociación Nacional de Constructores Independientes) se apunta que los precios de los materiales básicos en construcción experimentarán un alza de entre el 10 y 25%. “Una nueva espiral inflacionista –desarrollan– que está complicando la ejecución de los contratos públicos, a la vez que genera incertidumbre sobre los contratos futuros”.
Ante este escenario, la entidad ha solicitado una revisión excepcional que permita adecuar las variaciones en unos precios cada vez más fluctuantes a la realidad de la ejecución de los contratos públicos.
- Diario de Cádiz
