• La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, da por hecho que el Gobierno recurrirá la norma andaluza
• Los constructores pedirán la revisión de contratos de obra pública en Andalucía mientras esté en vigor el decreto autonómico
• Como compensación, la Junta anuncia una revisión del banco de precios antes de 2023 y de los pliegos de contratos de obras públicas
• Los sobrecostes dejan desiertas obras públicas en Andalucía por 140 millones

El Gobierno central ha anunciado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto autonómico de revisión de precios de obras públicas. La reacción del Ejecutivo presidido por Juanma Moreno no se ha hecho esperar y prepara ya con los servicios jurídicos de la Junta su artillería legal para hacer frente al Gobierno de Pedro Sánchez. «La situación es compleja y no pinta bien», ha admitido este miércoles la consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, ante casi un centenar de empresarios convocados por el Círculo de Compañías Andaluzas de la Construcción (Ceacop), a los que ha advertido de la batalla legal que se avecina. Aún así, la Junta asegura que «plantará una batalla fuerte si hay recurso ante el Constitucional» porque -ha declarado- los empresarios no tienen que asumir los sobrecostes por el alza de los materiales y de la energía.

«Vamos a defender al sector», ha dejado claro la política, quien ha asegurado que este asunto está en la agenda de Juanma Moreno y lo ha planteado en todas las cumbres de autonomías con Pedro Sánchez. Asimismo, ha subrayado que el presupuesto de licitaciones de obras públicas de la Junta aumentará en 2023 «porque el presidente sabe que es una herramienta para la recuperación económica, por lo que las obras públicas no se van a paralizar, a diferencia de lo que ocurrió en 2008».

«Primero se nos cuestionó que hubiéramos metido en el decreto los contratos de servicios que afectan a obras de conservación, pero después el Gobierno ya nos ha dicho que no tenemos competencia para aprobar el decreto porque la Ley de Contratos es estatal», ha anunciado esta consejera, que apoyada en los servicios jurídicos de la Junta y en la de los contratistas prepara un argumentario legal contra las posiciones de la Abogacía del Estado. Además, la Junta ha pedido una reunión urgente con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que su departamento fue el que aprobó el decreto nacional de revisión de obras públicas-

Carazo ha recordado Carazo, el decreto andaluz de revisión de precios se aprobó porque el Gobierno nacional aprobó uno que no se ajustaba a la realidad andaluza ni a la casuística de contratos de obra pública en la región. «No hemos sido los únicos que nos hemos quejado. También lo han hecho Extremadura, Aragón, Galicia o Comunidad de Madrid», ha recordado la consejera, quien admite que la primera reunión bilateral para resolver este litigio acabó sin acuerdo.

La norma andaluza permite acogerse al mismo a administraciones locales, incorpora las obras en ejecución en 2021 y de menos de cuatro meses de duración (en un principio el decreto nacional sólo contemplada las de un año), suprime la penalización por retrasos vinculados a la falta de material, permite sustituir materiales si no se altera la calidad y amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos.

Ahora la Junta espera una segunda reunión bilateral aunque el tiempo juega en su contra, ya que el 12 de enero acaba el plazo para que el Estado pueda recurrir el decreto andaluz de revisión de precios. «No pintan bien las cosas», reconoce la consejera, que subraya que sin revisión de precios se paralizarán muchas obras y seguirán quedando desiertas muchas licitaciones. En este sentido, ha recordado que el Estado ya tiene paralizadas todas sus obras ferroviarias en Andalucía, entre ellas varios tramos del corredor mediterráneo.

Advierte Carazo que si el Gobierno central presenta un recurso ante el Constitucional, se suspenderá automáticamente la aplicación del decreto andaluz de revisión de precios. Ante esta situación, ha puntualizado que la Junta ha aumentado hasta 110 millones de euros su presupuesto para revisión de obras, y que ha encargado una nueva revisión del banco de precios antes de 2023 con el compromiso de volver a hacerlo de forma permanente. Asimismo, ha informado que la Junta revisará los pliegos de contratos de obras públicas para meter cláusulas que permitan modificaciones si cambian las condiciones.

Por su parte, el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, ha manifestado que «el empresario no tiene que afrontar los sobrecostes de hasta el 80% de la energía o del 60% de los materiales. Tendrán que ser las administraciones las que lo hagan y, si es necesario, se harán menos obras». «Aunque la Ley de Contratos del Estado es una norma básica, las comunidades autónomas tienen capacidad para desarrollarla porque sólo está pensada para las grandes obras del estado, dejando a un lado las diputaciones o ayuntamientos», ha puntualizado.

«El Estado quiere derogar los artículos 4,5 y 9 del decreto andaluz de revisión deprecios, que en la práctica supone derogar toda la normativa andaluza», denuncia Muñoz-Atanet, que asegura que la Junta «mantendrá el pulso hasta el final. Es mejor ir al Constitucional si hace falta». Sobre las alternativas que estudia la Junta en caso de que se presente el recurso por parte del Estado y se suspenda la norma andaluza, el viceconsejero no descarta la posibilidad de modificar el decreto que habilitar subvenciones a las adjudicatarias de obras públicas. «Si las obras se paran tendrán problemas las empresas y la Administración. Las constructoras no pueden pagar esta fiesta», ha añadido.

Por su parte, Ana Estella, gerente de Ceacop, ha lamentado que los constructores estén «soportando injustamente el sobrecoste de las obras» y ha recordado que «aún está vigente el decreto andaluz de revisión de precios de la obra pública», por lo que ha animado a los empresarios a que tramiten expediente para que en el caso hipotético de que el TC tumbe la norma autonómica no sea con carácter retroactivo.

Estella, que ha agradecido la honestidad de Carazo al no esconder el negro panorama que se cierne sobre el decreto andaluz, ha recordado a los constructores que existe además la posibilidad de pedir adelantos de pago a la Junta de Andalucía a cuenta de las obras públicas «antes de que suceda el peor de los casos». En ese caso, Ceacop cuenta ya con la revisión del banco de precios por parte de la Junta de Andalucía como medida de compensación.

Ceacop afirma que los sobrecostes están detrás de que en 2022 hayan quedado desiertas en Andalucía 300 licitaciones de obra pública. «En 2021 se adjudicaron 2.800 millones de euros y este año, que se han licitado 3.600 millones de euros, estamos aún a 1.500 millones de euros para cumplir el objetivo del pasado año».

Gonzalo Cerón, socio de Sollertia Abogados, que ha participado en el encuentro mantenido este miércoles entre la consejera y los socios de Ceacop, ha indicado que uno de las sombras que tiene el decreto andaluz es que deja abierta la posibilidad de que los ayuntamientos, diputaciones y universidades se adhieran o no a la revisión de precios. Muchas grandes corporaciones locales no lo han hecho, «por lo que no aplican la normativa andaluza y serán los tribunales los que decidirán, aunque en cualquier caso deben cumplir la norma estatal».

Este asesor jurídico ha planteado también las dudas existentes sobre qué hacer si hay silencio de la Administración ante una reclamación de una Administración, planteando la posibilidad de acudir a los tribunales tres meses después. Otras situaciones no están contempladas en los decretos nacional y andaluz de revisión de precios, que sólo contemplan asumir sobrecostes del 20%. En el caso de que el alza de precios soportada llegue al 60 o al 80% siempre queda la posibilidad de acogerse a que se está soportando un «riesgo imprevisible», según las mismas fuentes.

• Fuente: Abc