Tras la crisis financiera que se prolongó entre 2008 y 2011, los modelos de colaboración público-privada brillaron por su ausencia durante más de una década en España. El caso de las autopistas de peaje quebradas ahuyentó a la mayoría de las Administraciones Públicas de recurrir a fórmulas de concesión para desarrollar infraestructuras.

El Gobierno de Mariano Rajoy amagó con un Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) de 5.000 millones de euros que nunca llegó a ver la luz y que ya con Pedro Sánchez en La Moncloa terminó por enterrarse en los cajones. En paralelo, la Ley de desindexación de la economía española, vigente desde 2015, limita la tasa de descuento (la rentabilidad, al fin y al cabo) de los posibles proyectos hasta el punto de hacerlos prácticamente inviables para las constructoras, bancos y fondos de inversión.

Aunque desde el Estado el uso de las concesiones continúa abandonado y la modificación de la Ley de desindexación que imploran las constructoras desde hace años sigue obstruida en el Ministerio de Hacienda, son varias las Comunidades Autónomas que han encontrado la forma de impulsar iniciativas con rendimientos suficientes para grupos privados dentro de la legislación o que están trabajando en programas para lanzarlos próximamente.

Aragón, Andalucía, Comunidad de Madrid y Extremadura emergen como principales promotores con proyectos en ciernes que superan los 3.500 millones de euros. Son, por ahora, en general, movimientos modestos y en unas condiciones que distan de las oportunidades que ofrecen Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Chile o Colombia, pero al menos resucitan las concesiones de obra en España.

Este lunes, 28 de octubre, precisamente, el Gobierno extremeño celebra una jornada en la que deslizará el modelo colaborativo sobre el que pretende asentar un plan de inversión en infraestructuras en la región, muy focalizado, de acuerdo con fuentes conocedoras, en carreteras. El sector constructor confía en que el encuentro sirva para avivar el debate y afinar dicho modelo.

Desde la Junta no han revelado detalles, pero fuentes del mercado indican que la idea del Ejecutivo de María Guardiola es lanzar un primer proyecto que sirva de prueba piloto. Sobre la mesa está utilizar un contrato de concesión para las obras del tramo entre Coria y la frontera portuguesa de la autovía autonómica EX-1. Con ello culminará esta carretera que permitirá conectar por alta capacidad el norte de Cáceres con el país vecino.

Otras fuentes del sector privado indican que hay propuestas para promover varios proyectos viarios que requerirían inversiones próximas a los 300 millones de euros. Esto, en régimen de concesión, supondría poder movilizar entre 700 y 800 millones, agregan. En este sentido, se señalan varias carreteras para su conversión en autovías: la EX-112, de Zafra a Jerez de los Caballeros; la EX-20, de Cáceres a Miajadas; y la EX-107, de Badajoz a Olivenza.

A la espera de concretar el alcance y las condiciones del previsible plan en Extremadura, la intención oficializada de apostar por las concesiones de infraestructuras ya representa un cambio de paradigma respecto a posiciones pasadas en la región y presentes en muchas otras Administraciones Públicas, incluida la estatal.

El precedente más cercano y que ha sido un éxito, al menos hasta el momento, es el de Aragón. El Ejecutivo de Jorge Azcón dio a luz hace unos meses el Plan Extraordinario de Carreteras (cocinado previamente por el Gobierno del PSOE de Javier Lambán). Recoge la construcción de 11 itinerarios de carreteras de alta capacidad en la región con una inversión en obras de 630 millones de euros y un valor total de 2.652 millones durante los 25 años de concesión -a través de pagos por disponibilidad-.

La concurrencia fue limitada, dadas las acotadas rentabilidades, pero todas las licitaciones lograron completarse con grupos como Acciona, FCC, la portuguesa Ascendi (propiedad del fondo galo Ardian), Papsa, Sarrión, Cyopsa, Alvac, el fondo francés Meridiam o Aceinsa.

Son ya varios los proyectos que han logrado el cierre financiero con el respaldo de entidades de la talla de Santander, BBVA, Sabadell, la suiza Swiss Life, o el gestor alemán de activos de Munich Re, MEAG, entre otros.

La Junta de Andalucía, por su parte, lleva años tratando de impulsar iniciativas de colaboración público-privada y en los últimos meses ha concretado los primeros proyectos. Lo ha hecho, además, gracias al desarrollo de iniciativas privadas, una figura muy extendida en América.

El proyecto más avanzado es la Ciudad de la Justicia de Jaén, cuya licitación se espera para antes de final de año. Acciona y Vialterra (Pigasol) elaboraron el estudio de viabilidad de un infraestructura que contempla una inversión en obra de unos 80 millones y un coste de 270 millones.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha contratado a KPMG para diseñar un pliego que podría servir de base para otras concesiones en marcha, como los nuevos juzgados de Cádiz y de Huelva. Iridium (ACS), y Martín Castillas han presentado una iniciativa para el primer caso, con una inversión de unos 70 millones y un coste de 175 millones por el canon. Mientras, Cointer (Azvi) ha hecho lo propio para la capital onubense, con al menos 75 millones de inversión.

En la mesa de la Junta de Andalucía también están sendas iniciativas privadas de ACS y Azvi y de Acciona para mejorar la A-376 y la A-362 entre Sevilla y Utrera y la A-357 entre Málaga, Campillos y Ronda, con inversiones estimadas de más de 600 millones. Moreno y su equipo igualmente miran opciones para un nuevo hospital en Málaga.

Mientras, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), dependiente de la Comunidad de Madrid, promueve la concesión de obra del Nuevo Centro de Operaciones de La Elipa para autobuses eléctricos y estudia un proyecto similar en Las Tablas. El uso del modelo concesional llega después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fracasara en su intento por aplicarlo en la Ciudad de la Justicia de Madrid, que tuvo finalmente que licitarse con un contrato de obra.

Dentro de la Comunidad de Madrid, en todo caso, también se han licitado otros importantes proyectos en régimen de concesión. Fue el año pasado cuando la Mancomunidad de municipios del Noroeste para la Gestión y Tratamiento de Residuos Urbanos sacó adelante la concesión de obras del complejo ambiental de Colmenar Viejo por 1.091,2 millones de euros.

Este proyecto, el Plan de Carreteras de Aragón y otros contratos de servicios llevaron en 2023 a superar los 6.000 millones de euros en contratos bajo régimen de concesión, una cifra que no se veía desde los primeros años del presente siglo.