La comunidad afronta esta difícil temporada de borrascas, agravada en los últimos años por la consecuencia evidente del cambio climático, con serias deficiencias en sus infraestructuras hidráulicas dependientes del Estado. Una amarga crítica reiterada por el sector y denunciada por la Junta, que cifra en 92 los proyectos que requieren la actuación del Gobierno, alguna de forma urgente. La crisis de la pasada década frenó en seco las inversiones y, en estos últimos ocho años, el Ejecutivo de Pedro Sánchez apenas ha destinado partidas presupuestarias no ya para arrancar nuevas obras, sino para mantener, conservar, proteger y modernizar las ya existentes.

El listado de la administración andaluza incluye presas, pero también desaladoras, depuradoras y conducciones de abastecimientos. Por su parte, los ingenieros reclaman acelerar las actuaciones y mejorar el mantenimiento de las infraestructuras ante las sequías y los episodios de lluvias extremas. Insisten en que es más barato gastar ahora que arreglar los desperfectos con posterioridad, pues la factura se puede multiplicar por diez. Son 110 millones de euros los daños cuantificados en este último ‘arreón’. Además, hay presas dirigidas por personal no cualificado, como biólogos o informáticos, apuntan. «No se está cumpliendo el RPT. Los directores de explotación de presas tienen que ser ingenieros de Caminos cualificados. Es nuestra obligación moral denunciarlo pues esta situación supone un riesgo que no puede asumir la sociedad», concreta Alberto Marina, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía.

Los tres proyectos donde se pone mayor énfasis por su relevancia y la necesidad son las presas de Alcolea, en primer término, y las de Gibralmedina y San Calixto. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido al Miteco actualizar precios y dar permiso para que sea la propia Junta quien se encargue de la finalización de las obras. «Existe un convenio de financiación, una planificación e incluso una adjudicación para terminar la obra, además de una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Solo falta voluntad política», apunta el titular de este departamento.

De interés general del Estado, el Grupo Azvi ha presentado una propuesta de colaboración público-privada, que incluye el Canal de Trigueros y las instalaciones de tratamiento de agua y otras infraestructuras asociadas. El Ministerio sólo tiene que dar luz verde, y el dinero que debe invertir en esta competencia reservarlo para otras infraestructuras. Es clave para garantizar el agua a los andaluces en tiempos de sequía y laminar (retener y almacenar) ante las posibles avenidas del Río Odiel para así proteger municipios como Gibraleón o la propia capital.

La presa de San Calixto es necesaria para regular el caudal del Genil y que así no se inunden las poblaciones de Écija y Palma del Río. La de Gibralmedina (Cádiz) necesita de una inversión de casi 800 millones. El tren de borrascas de principios de este año provocó desbordes de ríos y arroyos y la evacuación de poblaciones como Grazalema y numerosas zonas de distintos municipios de la comunidad. El cambio climático alterna periodos largos de sequía con lluvias torrenciales que dificultan al extremo el control de los caudales. Por ello se demandan estas intervenciones, como también en Almería con la necesidad de laminar las avenidas y regular el río Antas, el encauzamiento del Almanzora o las actuaciones en el bajo Guadalhorce, para reducir el riesgo de inundaciones.

Informes internos de la Dirección General del Agua apuntan que el 50% de las presas de titularidad estatal necesita actuaciones urgentes. Pero no sólo hay que invertir para construir nuevos embalses y reparar los actuales.

Muchas de estas infraestructuras son necesarias para la regulación y el aprovechamiento de los recursos hídricos, especialmente ante los episodios de sequía. Alberto Marina incide en que «esa agua que tenemos en las presas es utilizada y depurada. El agua resultante de la depuración se puede reutilizar tanto para regadío como para otros usos. Incluso se podría reutilizar para consumo, pero hay que reutilizarla». Para esta actividad son necesarias las EDAR de San Roque y La Línea de la Concepción, además de la infraestructura existente en Málaga. También mejorar las conexiones entre cuencas próximas para garantizar el suministro, y resalta la de Málaga-Costa del Sol.

Para la depuración de aguas, las exigencias de la Junta se centran en las actuaciones en La Janda y Barbate, El Rocío, Hinojos, y la requerida ampliación de la EDAR de Almonte-Rociana, en Huelva. Los especialistas denuncian que hay estaciones de depuración de aguas en municipios de más de 1.000 habitantes que todavía no cuentan con tratamiento adecuado.

La lluvia de estos dos últimos cursos ha funcionado como una cortina de agua sobre el principal problema de esta tierra: la escasez. El propio presidente de la Junta denunció un déficit hídrico estructural, de ahí la necesidad no sólo de acumular y de evitar filtraciones, sino de encontrar otras alternativas. Como la desalación. «Andalucía no puede tener sed porque tenemos muchos kilómetros de costa», apunta Marina. Es una solución porque con ella se garantiza que las reservas de agua se mantengan durante más tiempo, usando este elemento en principio para el regadío.

La comunidad se encuentra a la vanguardia en este apartado pero la falta de financiación ha ido mermando su capacidad. La Junta reclama la reparación de la desaladora de Carboneras I y la segunda prometida en ese lugar, además de la ampliación del Campo de Dalías I (también en Almería) . Las construcciones de la desaladora del Bajo Almanzora II y de la Costa del Sol Oriental y Occidental.

Es una solución más cara, pero a la vez representa una garantía para afrontar situaciones límite. La ósmosis inversa ha supuesto un avance enorme en cuanto al ahorro de costes y los medios actuales son mucho más adecuados desde el punto de vista medioambiental, asegura el ingeniero. Por último, queda pendiente para este curso la renovación de redes de abastecimiento y conducciones, como la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera (Córdoba), la conducción Alcolea-Piedras (Huelva) y las líneas para suministrar a la Sierra Norte de Sevilla y la zona gaditana.

El tren de borrascas del invierno de 2026 dejó más de 11.000 personas desalojadas en Andalucía, daños en carreteras y caminos rurales y desperfectos en presas, canales, conducciones y cauces. La recuperación ha movilizado recursos de todas las administraciones: la Junta anunció cerca de 294 millones de euros para reparar caminos e infraestructuras del agua, mientras que el Gobierno central había destinado 619 millones a actuaciones de reconstrucción de cauces e infraestructuras hídricas, según los datos difundidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en julio.

Casi un año después, la comunidad afronta esta época sin la preparación adecuada y con sus infraestructuras sólidas y robustas, pero llenas de cicatrices ante las últimas embestidas. Sin la disposición necesaria para aguantar los temporales ni los (previsibles) largos años de sequía.