El Gobierno, dentro de su plan de choque para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, ha ampliado sus medidas de revisión de los precios de los contratos de las obras públicas. Ante el encarecimiento de los materiales, una escalada de costes que comenzó tras el covid y que previsiblemente siga incrementándose debido a la huelga del transporte, el Gobierno se ve obligado a incrementar los pagos a las constructoras para que los proyectos de inversión pública sigan siendo rentables para las empresas que concurren a los concursos. Así, dentro del plan hecho público ayer en el BOE, se abre la puerta a incluir más materiales afectados por el encarecimiento generalizado de las materias primas. Además, se dará mayor flexibilidad en los plazos que entran dentro del perímetro de las revisiones.
De esta forma, se amplía el ámbito de aplicación de los contratos a los que se reconoce revisión excepcional de precios, incluyendo los que se encuentren en fase de contratación y también a aquellos cuya licitación se produzca en un plazo de un año desde ahora, salvo para el caso de las entidades del sector público que operen en sectores regulados cuyo régimen de inversiones se hubiera cerrado en los últimos nueve meses.
También se establece un periodo máximo de dos años para realizar el cálculo del reconocimiento del impacto del incremento de coste de los materiales y se establece la posibilidad de que se puedan determinar otros materiales adicionales a los ya establecidos inicialmente, cuyo incremento de coste deba tenerse también en cuenta en este cálculo.
Por otra parte, se adaptan los criterios de cálculo a las circunstancias de los nuevos contratos incluidos en el ámbito de aplicación, de modo que se aplicará la revisión excepcional de precios desde el 1 de enero de 2021 o desde la primera certificación, si esta fuera posterior.
- La Nueva España
