- La Agencia de la Competencia reforzará en 2027 la detección de prácticas colusorias porque pueden suponer hasta un 60% de sobrecoste para las arcas públicas
La Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía se ha fijado para 2027, entre otros objetivos, reforzar la detección de prácticas colusorias en las licitaciones públicas. Según recoge la memoria presupuestaria de este organismo para el próximo año, se pretende «avanzar hacia un enfoque más preventivo, analítico y coordinado, que permita identificar con mayor antelación indicios de colusión y mejorar la eficacia de la respuesta institucional».
No se trata de una práctica sencilla pese estar muy extendida en los procesos de licitación pública de todas las administraciones. La propia Agencia reconoce que «afectan muy significativamente» a los contratos que ofrecen las administraciones y que acaban generando un incremento de precios y reducción de calidad.
Uno de los casos recientes más conocidos fue el conocido como «cártel del fuego», una supuesta trama de concertación de precios y reparto de licitaciones públicas entre empresas de extinción de incendios forestales activa entre 1999 y 2018 y que tuvo presencia, entre otros lugares de España, en Andalucía.
En el próximo ejercicio presupuestario, la Agencia de la Competencia se centrará en la prevención de cárteles de licitación y de acuerdos restrictivos entre operadores para «asegurar que los fondos públicos se asignen en condiciones de competencia efectiva, transparencia y máxima eficiencia».
En este sentido, se plantea la mejora de los mecanismos de coordinación con los órganos de contratación, mesas de contratación y órganos consultivos competentes, con el objetivo de facilitar la detección temprana de indicios de conductas anticompetitivas, homogeneizar criterios de actuación y reducir los tiempos de respuesta cuando se aprecien riesgos para la competencia en procedimientos de contratación.
El muestreo es una de las prácticas más habituales por lo que se recurrirá «al uso de herramientas de análisis económico, tratamiento de información y cribado de licitaciones públicas, orientadas a detectar patrones de comportamiento potencialmente colusorios».
Según datos de la propia Agencia, los acuerdos entre competidores –la denominada colusión en las licitaciones públicas– tienen un altísimo coste para la eficiencia del gasto público. En concreto, se estima que los procedimientos viciados por conductas anticompetitivas soportan un sobrecoste de hasta un 60 % respecto de aquellos desarrollados en condiciones de competencia efectiva.
El segundo dato que refuerza la trascendencia de este tipo de prácticas es que última memoria anual de la institución apunta que prácticamente la mitad de los asuntos recibidos se refieren a presuntas prácticas colusorias en la contratación pública.
El mencionado documento también aporta datos relevantes que ayudan a contextualizar la magnitud del problema. «Con relación a 2024, el número de informes solicitados por los distintos órganos de contratación del sector público andaluz fue de 11, habiéndose confirmado, por parte del Departamento de Investigación de esta ACREA, el carácter fundado de los indicios en 5 de las licitaciones afectadas».
Abundando en este asunto, señala que «el número de empresas a que se refieren los indicios de manipulación de las licitaciones ascendió a 12 y el valor estimado de los contratos afectados (IVA incluido) se ha elevado a 108.763.139,33 euros».
Pese a ello, solo se abrieron cuatro expedientes sancionadores . en el año 2024, último del que hay datos públicos: dos de ellos a presuntas prácticas anticompetitivas realizadas por operadores del transporte de personas (taxis), uno a presuntos acuerdos entre competidores con el objeto de falsear licitaciones públicas y, por último, uno motivado por la negativa de un operador a someterse a una inspección ordenada por el director del Departamento de Investigación y que ha derivado en la incoación de un expediente por obstrucción.
Junto a la lucha contra las prácticas colusorias, hay otro reto pendiente en el que la Agencia pondrá «especial atención», como son las restricciones al acceso y ejercicio de actividades económicas, las trabas administrativas desproporcionadas, los requisitos no justificados, las barreras derivadas de intervenciones locales, los efectos de determinadas ayudas públicas o subvenciones sobre la neutralidad competitiva y las regulaciones sectoriales con incidencia relevante sobre el funcionamiento de los mercados.
En este sentido, el vicepresidente segundo Manuel Gavira, ya anunció un plan de desregulación en el que se analizarán 461 normas y casi 1.000 procedimientos para disminuir la burocracia.
- La Razón
