- La Administración asegura que los expedientes han sido estudiados de forma individual y que ninguno de los afectados ha sido declarado vulnerable
La situación de las viviendas del poblado del Guadalmena continúa pendiente de resolución judicial después de que las cinco familias que las ocupan desde hace décadas recurrieran los procedimientos de desalojo iniciados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Mientras los afectados mantienen su batalla en los tribunales, la Confederación defiende a Jaén Hoy que la recuperación de estos inmuebles responde a una obligación legal y asegura que algunos de los expedientes ya han concluido y otros permanecen judicializados.
“De los fundamentos anteriores se desprende que la iniciación y resolución de los procedimientos de desalojo constituye una obligación legal para la Confederación, y no una decisión discrecional de la Administración”, señala la CHG en respuesta a las preguntas planteadas por este periódico.
La Confederación explica que, por protección de datos, no puede facilitar información concreta sobre cada uno de los procedimientos ni precisar el número de viviendas afectadas en cada población. No obstante, señala que existen “algunos procedimientos que ya han concluido, mientras que otros están judicializados tras la interposición de recurso contencioso administrativo por los actuales ocupantes”.
En estos últimos casos, la CHG asegura que las solicitudes de suspensión cautelar planteadas por los ocupantes “han sido desestimadas en su totalidad”. Ahora, según explica, está a la espera de que exista una resolución judicial firme, que será ejecutada “en los términos que las respectivas sentencias ordenen”.
El origen de los procedimientos en Guadalmena
Respecto al caso concreto del poblado del Guadalmena, la Confederación sitúa el origen de los procedimientos en una denuncia de la Guardia Civil relacionada con una instalación eléctrica. Según explica, esta instalación “discurre sobre árboles cercanos, en lugar de postes”, lo que supone, a su juicio, “riesgo de incendio”.
A esta circunstancia se suma, según la Administración, la obligación de proteger y defender los bienes que forman parte de su patrimonio. La CHG cita para ello la Ley 33/2003, que establece las facultades de las administraciones para investigar, deslindar y recuperar la posesión de sus bienes, así como para desalojar a quienes ocupen inmuebles de dominio público una vez extinguido el título que amparaba su tenencia. La normativa contempla además que, cuando se trate de bienes demaniales, la potestad de recuperación pueda ejercerse “en cualquier tiempo”.
La CHG asegura que ha estudiado los casos de forma individual
La Confederación asegura que los expedientes han sido analizados de manera individual y que, tras ese estudio, “no existen personas que hayan sido calificadas como vulnerables por las Administraciones competentes”.
Asimismo, sostiene que las viviendas afectadas “en ningún caso constituyen la vivienda habitual de los interesados sino que se trata de segundas residencias”. La CHG afirma que esta conclusión se alcanzó después de comprobar “diversos datos y pruebas” incorporados a cada expediente administrativo.
La Administración también aclara que ninguno de los actuales ocupantes mantiene relación laboral con la Confederación. En cambio, sostiene que la ocupación de estos inmuebles está afectando a trabajadores de la propia CHG que necesitan disponer de las viviendas para desempeñar sus puestos.
Según explica, hay empleados en activo, “que precisando utilizar la vivienda para el desempeño de su puesto de trabajo, no pueda hacerlo”, por lo que “se están viendo obligados a desplazarse desde otras localidades”.
Los vecinos mantienen su recurso
Mientras la CHG defiende la recuperación de sus inmuebles, las cinco familias del poblado del Guadalmena mantienen la vía judicial para evitar el desalojo. Los afectados llevan décadas vinculados a estas viviendas, construidas originalmente para trabajadores del embalse, y sostienen que han residido en ellas durante más de cuarenta años.
El procedimiento fue recurrido por los vecinos, lo que mantiene algunos de los expedientes en los tribunales. La Fundación Savia también se ha implicado en el caso y ha reclamado que se abra una vía de diálogo con las familias antes de ejecutar los desalojos.
La situación del Guadalmena se suma además a otros procedimientos relacionados con viviendas vinculadas a infraestructuras hidráulicas de la provincia, como el poblado de Santo Tomé, sobre el que la CHG señala igualmente que existen expedientes en distintas fases de tramitación.
- Jaén Hoy
