Todo para aparentar la activación de una obra que lleva cuatro años de retraso y que sirve para dotar de una mayor zona de estacionamiento a los trenes de alta velocidad. Y es que el proyecto original para esta actuación en Santa Justa fue adjudicado en 2020 a la constructora JOCA, pero una sucesión de imprevistos y de falta de capacidad para ejecutarlo derivaron en la resolución del contrato por mutuo acuerdo en abril de 2022.

Desde entonces no se había producido ningún movimiento más en este proyecto de ampliación de las vías hasta que en el presente año el Ejecutivo se lo ha encargado a Ineco, obviando volver a licitar públicamente la nueva redacción del proyecto en el mercado libre de la ingeniería civil, algo que molesta sobremanera a las empresas del sector, que califican como competencia desleal estos encargos del Gobierno. Ineco ha elaborado un plan para crear un nuevo trazado de vías que no servirá para ampliar la capacidad operativa de la estación en cuanto al número de viajeros. Asimismo, se ha encargado de la certificación de interoperabilidad, el cálculo de seguridad y estructura y el estudio de impacto ambiental y acústico, reordenando actuaciones pendientes para sacar ahora la obra a concurso público de construcción. Para ello, Ineco rehízo la documentación para reordenar las actuaciones pendientes y permitir que Adif pudiera sacar ahora, esta vez sí, la obra a concurso público de construcción.

Este modus operandi del Ministerio de Óscar Puente se asemeja al llevado a cabo en 2024 con el puente de la SE-40 sobre el río Guadalquivir, cuando no sacó a concurso público la redacción del proyecto, sino que encargó directamente ese trabajo a la empresa pública Ineco. Esa decisión afectaba a la redacción de los proyectos del tramo entre Dos Hermanas y Coria del Río, una actuación estratégica para cerrar definitivamente la SE-40. Una decisión que las organizaciones representativas de las empresas de ingeniería recurrieron, por lo que el conflicto acabó en los tribunales, llegando incluso al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional. La justificación del Ministerio fue la de acelerar una obra que, por el contrario, lo único que ha sufrido es más retrasos en un proyecto que acumula décadas de demora.