- La energía se ha encarecido un 47% y los materiales bituminosos un 52% en los primeros cuatro meses de 2026
- El sector reclama al Gobierno reactivar el mecanismo excepcional de revisión de precios para salvar los contratos
La tensión geopolítica en Oriente Medio y sus efectos sobre los mercados energéticos vuelven a poner en jaque a las empresas constructoras. El fuerte incremento registrado en 2026 en los precios de la energía y de los materiales derivados del petróleo está elevando de forma significativa los costes de ejecución de las obras públicas, en un escenario que el sector compara con la crisis provocada por la pandemia y la posterior guerra de Ucrania.
Los Índices del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), que sirven de estimación adelantada de los Índices de Precios de Materiales de Construcción del INE que intervienen en fórmulas de revisión de precios, reflejan, entre enero y abril de 2026 (último dato publicado), incrementos del orden del 50% en materiales bituminosos y energía.
Según los últimos indicadores disponibles, recogidos por Anci, entre enero y abril de 2026 el precio de la energía ha aumentado un 47%, mientras que los materiales bituminosos acumulan una subida del 52%. A ello se suma el incremento del 15% registrado por el acero corrugado, uno de los productos básicos de la construcción, según los índices de la Cámara de Comercio de España.
La combinación de estos factores está provocando importantes desviaciones económicas en los contratos en ejecución, con una creciente amenaza de paralización de proyectos. Las obras de carreteras figuran entre las más afectadas, con un sobrecoste medio estimado del 15%. Sin embargo, el impacto es especialmente severo en las actuaciones de rehabilitación de firmes, donde los incrementos alcanzan entre el 25% y el 30% debido al peso que tienen los productos asfálticos en este tipo de trabajos.
Las infraestructuras aeroportuarias también están acusando la subida de costes. Mientras el incremento medio en este segmento ronda el 9%, las obras de pistas de vuelo registran sobrecostes de entre el 15% y el 16%. En el ámbito portuario, las desviaciones alcanzan el 8% en promedio y se elevan al 17% en explanadas, rellenos y muelles de gravedad.
Las obras ferroviarias presentan un comportamiento más moderado, con un aumento medio del 4%, aunque determinadas actividades como el montaje de vía y la construcción de plataformas ferroviarias registran incrementos del 11% y del 9%, respectivamente.
Riesgo sin revisión de precios
La situación resulta especialmente delicada en las obras de menor duración, como muchas actuaciones de conservación y rehabilitación de carreteras, que no disponen de mecanismos ordinarios de revisión de precios. En estos casos, los contratistas deben asumir íntegramente el incremento de los costes, lo que amenaza el equilibrio económico de contratos adjudicados antes del actual repunte inflacionista, según advierte Anci.
El problema es aún mayor en determinados proyectos de larga duración adjudicados antes de 2021. Para estas obras, los sobrecostes derivados de la actual crisis se suman a los incrementos acumulados durante los años posteriores a la pandemia y a la invasión de Ucrania. En algunos contratos, el aumento total de costes se sitúa ya entre el 27% y el 55% del precio de adjudicación.
Aunque el mecanismo extraordinario de revisión de precios aprobado durante la anterior crisis permitió compensar parcialmente estos incrementos, la limitación del ajuste al 20% del importe del contrato continúa obligando a muchas empresas a absorber una parte significativa de los sobrecostes.
Anci incide en que el contexto actual “requiere plantear medidas, de carácter urgente y excepcional, que aseguren la viabilidad de los contratos públicos en ejecución, en la línea de las implementadas en la crisis de precios de 2022 con el procedimiento de revisión de precios excepcional del RD-ley 3/2022. Se propone reactivar el citado mecanismo -aún en vigor para ciertos contratos en ejecución- incorporando una serie de modificaciones que permitan su uso en la actual coyuntura inflacionista global”.
El objetivo es disponer de sistemas más ágiles y automáticos que permitan trasladar a los contratos las variaciones extraordinarias de los costes de producción y evitar que situaciones geopolíticas ajenas a las empresas comprometan la viabilidad económica de las obras.
La experiencia acumulada desde 2020 demuestra que las perturbaciones internacionales pueden alterar de forma rápida y profunda los mercados energéticos y de materias primas. Para el sector de la construcción, la actual crisis supone un nuevo recordatorio de que la estabilidad financiera de las infraestructuras públicas depende cada vez más de la capacidad de los contratos para adaptarse a escenarios económicos imprevisibles.
- El Economista
