Las noticias son frecuentes y un informe reciente ha venido a poner números a algo que no sorprende a ninguno de los actores implicados: en Córdoba en el último año se han paralizado 28,2 millones de euros de las arcas públicas por culpa de las licitaciones que han quedado desiertas. Entre 2021 y 2023 fueron 32 por valor de 12,5 millones, en un período que todavía estuvo marcado por las restricciones de la pandemia.

Un informe de la firma tecnológica de soluciones analíticas Intescia-Doubletrade dice que se registraron en toda España 9.819 licitaciones fallidas, lo que supone la paralización de 4.011 millones de euros. En Andalucía fueron 458 con Córdoba en quinto lugar, muy por detrás de los 168,3 millones de euros de Málaga, los 89,9 millones de Cádiz, los 71,2 de Sevilla y los 38,7 de Jaén. ¿Qué sucede?

El secretario general de Construcor, la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba, Pedro Repiso, habla de muchos factores en contra y casi nunca son nuevos. Para empezar, en Córdoba falta mano de obra cualificada, y es algo en lo que se ha insistido mucho en los últimos años, y sobre todo hay un problema con el incremento de los precios.

No es sólo que los que se especifican en el contrato no se ajusten al mercado, sino que no son receptivas con el incremento de los precios que puede producirse durante el desarrollo de los trabajos.

No hay que olvidar que muchas obras pueden prolongarse más de un año o dos y en ese tiempo el coste de los materiales y de la energía no deja de subir, y repercute en lo que la empresa tiene que pagar.

Porque algo en lo que insiste Pedro Repiso es en que esta diferencia entre el precio de la licitación y el precio de mercado desaconseja acudir para no perder dinero. «La gente piensa que las empresas no lo hacen porque quieren ganar más dinero, pero aquí ya se trata de no perder», advierte.

Algo fundamental para entender el proceso es que el pliego de condiciones para concurrir a una licitación tiene un presupuesto que está coordinado con el banco de precios, «y si se hace uno nuevo, ya sale el pliego desfasado». Porque además hay que tener en cuenta que los plazos de la Administración son siempre más lentos por un proceso que tienen que ser garantistas.

Pueden durar entre 6 y 8 meses y los precios de los materiales de la construcción son muy volátiles. «El acero, el betún o el hormigón pueden variar casi de un día para otro. Cuando las promotoras y las constructoras se enfrentan a este tipo de pliegos, se encuentran que loas precios ya están desfasados», dice. No siempre son condiciones realistas.

¿No sería la solución entonces revisar los precios a medida que avance el proceso de construcción, para que la Administración que encarga el trabajo compense la subida de los costes para la empresa que lo ejecuta? El director comercial de Doubletrade en España, Salvador Alarcón, distingue entre factores estructurales y otros coyunturales a la hora de hablar del problema de las licitaciones desiertas y una de ellas tiene que ver precisamente con ese problema: «No hay cláusulas de revisión de precios». Pueden existir, pero no suelen figurar, y eso es algo en lo que coincide también con el secretario general de Construcor.

Salvador Alarcón explica que ante la subida del coste de energía o de la mano de obra, los precios podrían actualizarse y esto haría que el contrato fuese más atractivo para las empresas, «que no tendrían que asumir tanto riesgo». En ocasiones sí que aparecen, pero son las menos, y eso hace que «la Administración defina condiciones poco realistas, que hacen poco atractivo el participar».

Pedro Repiso, el secretario general de la asociación de empresas de la construcción de Córdoba, ilustra con ejemplos que muestran cómo el incremento de los precios y de los suministros en el transcurso de las obras ha creado problemas. Sucedió con la Junta de Andalucía, que se negó a asumir una revisión de precios.

Por eso insiste en que la Administración tiene que «más receptiva, para no ofrecer contratos que por estar tan cerrados es seguro que van a quedar desiertos». Sobre todo porque ya se encuentran muy ajustados desde el comienzo y cuando empiezan a subir los precios, la empresa se encuentra un problema.

En la firma Doubletrade, Salvador Alarcón también ve como un inconveniente que el procedimiento deja fuera a las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes). «Para participar se necesita tanta documentación, desde certificaciones y determinadas condiciones, que al final quedan fuera y sólo pueden participar las grandes, porque las demás no lo pueden asumir», afirma.

«Y es una pena, porque la Ley de Contratos del Sector Público, la de 2017, se hizo precisamente para que pudieran participar las pymes», insiste. Lo mismo sucede con una serie de garantías y del histórico de trabajos hechos. Por eso sugieren la división en lotes, que se contempla precisamente en la ley, y que aunque ha conseguido que esa forma de trabajar se incremente, todavía no lo suficiente.

Algo de responsabilidad tienen también las Administraciones. A todos los niveles: local, provincial, autonómica y del Estado. En los Ayuntamientos más pequeños falta personal con la suficiente cualificación como para afrontar unos procesos que necesitan estar actualizados. Como recuerda, «en la tecnología se piden cosas que están desfasadas ya en el tiempo».

Para que un contrato se adecúe a lo que precisa una empresa, es decir, para que esté de acuerdo con los precios de mercado, se necesita «consultar precisamente a las empresas y prospectar». Construcor, lo dice su secretario general, está al habla de forma permanente con las Administraciones para que los precios se actualicen y no queden desiertos. «Cualquier empresa lo que quiere es mantener los puestos de trabajo y no perder dinero», afirma.

Junto a ello, están las condiciones coyunturales que varían de forma continúa y ahora mismo sucede con la situación en el estrecho de Ormuz, que está haciendo el precio del petróleo. Todo esto trae malas consecuencias en dos sentidos: la economía se ralentiza con un dinero que no se mueve y que por lo tanto no crea empleo ni riqueza, y también con el hecho de que el equipamiento público que se necesita, y que a su vez tiene también efectos positivos en la sociedad y en la economía, no llegue o llegue mucho más tarde de lo previsto, sea un hospital, un centro de salud o una mejora en la cultura.