En plena oleada de incidencias en la red de carreteras de España por los efectos de la climatología sobre los firmes que han puesto de relieve las carencias en el mantenimiento de las infraestructuras viarias, la subdirectora general de Conservación y Gestión Activos, Paula Pérez, ha presentado su dimisión, según informan a ‘elEconomista.es’ diversas fuentes conocedoras de la decisión. Su marcha se contextualiza en las discrepancias que hay en el seno del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre los cambios que se pretenden implantar en el pliego de contratación de servicios de conservación de carreteras para convertirlo, según el sector, en una suerte de subasta.

Las borrascas que han azotado a parte de España con fuerza están haciendo más visible si cabe en los últimos días lo que el sector privado lleva años denunciando: la falta de mantenimiento en las carreteras. Esta semana se han podido ver imágenes de decenas de vehículos apeados en los arcenes de grandes corredores debido a las incidencias sufridas por los baches y el mal estado de las vías. Especialmente notoria ha sido la situación en la Autovía del Sur (A-4) que conecta Madrid con Andalucía.

Los problemas en las carreteras se han agudizado estos días en las conexiones del sur de España, pero en realidad se extienden a toda la geografía nacional, según alertan desde las empresas de conservación. No en vano, estiman que en la actualidad hay cerca de medio centenar de carreteras con cortes por baches.

Esta situación está multiplicando las emergencias para resolver desperfectos urgentes y garantizar la operación y la seguridad de algunas vías -con el consecuente coste para las arcas públicas-. Resultan de las peticiones de las unidades de carreteras, dependientes de la Dirección General de Carreteras (DGC).

Andalucía suma los últimos incidentes en las carreteras al caos en las conexiones ferroviarias tras el fatídico accidente en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero que provocó el fallecimiento de 46 personas y avivado también por incidencias a raíz de la climatología. La normalización en las circulaciones de los trenes entre Madrid y las principales ciudades de Andalucía aún se hará esperar.

Desde el sector privado se hace hincapié en que el déficit de inversión para la conservación de las infraestructuras explica en gran parte los problemas acaecidos. En el caso de carreteras, la Asociación Española de la Carretera (AEC) estima que el déficit en toda la red ascendía en 2025 a 13.491 millones de euros. Aunque el Ministerio ha incrementado en los últimos ejercicios las partidas para mantenimiento, el agujero crece año a año. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las exigencias de gasto social y ahora también de defensa impiden mejoras relevantes. En ferrocarril, el ministro Óscar Puente ya ha aprobado una mejora del 40% de la inversión para mantenimiento hasta 2030.

Entretanto, a raíz del caso Cerdán por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos, la DGC, con su máximo responsable, Juan Pedro Fernández Palomino, a la cabeza, ha promovido cambios en los pliegos de los contratos. Por ahora se circunscriben a los servicios de conservación. La propuesta avanza en la Abogacía del Estado, por lo que podría materializarse próximamente. A juicio del sector privado, la reforma implica imponer en los contratos de mantenimiento la subasta con el precio como factor decisorio, lo que ahondaría en el deterioro de la red. Según fuentes conocedoras, Paula Pérez ha dimitido por su oposición a la estrategia implementada por la DGC. Su cese se hará oficial en próximas fechas. Podría relevarle su adjunto Christian de la Calle.