Las ingenierías privadas redoblan su ofensiva legal contra los contratos a dedo a la pública Ineco. CÍES, la Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el encargo de la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa) a Ineco -ambas dependientes del Ministerio de Transportes- para desarrollar el servicio de asistencia técnica para determinados trabajos relativos al túnel ferroviario del Estrecho de Gibraltar que conectará España y Marruecos a lo largo del umbral del fondo marino entre Tánger, en Marruecos y Punta Paloma. Este proyecto, aún en una fase muy inicial, requerirá una inversión de al menos 8.500 millones de euros.

El recurso, al que ha tenido acceso elEconomista.es, fue presentado por CÍES el pasado miércoles, 7 de enero, ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid, que lo ha admitido a trámite de manera inmediata. La organización que preside Ignacio Sánchez de Mora trasladará ahora una demanda en la que solicitará la suspensión cautelar del contrato a Ineco y, de este modo, su paralización. Su objetivo último es que Secegsa anule la contratación e impulse una licitación abierta en la que puedan participar las empresas privadas, máxime cuando hay especialistas españoles en obras subterráneas con gran reconocimiento internacional.

El contrato impugnado, por un importe de 961.939 euros, implica una asistencia técnica especializada para una nueva actualización del anteproyecto de la obra. Los trabajos que engloba el encargo a Ineco abarcan una Fase B con el estudio previo de la galería de reconocimiento y una Fase C con trabajos de adaptación de los resultados obtenidos para su integración en la actualización del nuevo anteproyecto. Las tareas recogidas son continuidad de las realizadas en el encargo de Secegsa a Ineco en 2021 y están financiadas por los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

CÍES quiere anular esta contratación en la línea de la defensa del sector privado contra la competencia desleal que, a su juicio, representan los encargos a Ineco sin las justificaciones que recoge la ley (urgencia, emergencia o seguridad pública). La organización pone en cuestión la eficiencia y la solvencia de la ingeniería pública para desarrollar estos trabajos y pone el foco en el abuso de la subcontratación por parte de la empresa que preside Sergio Vázquez.

Con su recurso, CÍES busca que Secegsa abra este y los futuros contratos de ingeniería y consultoría del proyecto del túnel del Estrecho de Gibraltar a la competencia.

Las ingenierías privadas abren así un nuevo frente judicial por los encargos a Ineco. De hecho, el miércoles CÍES y Ceacop presentaron el texto de la demanda, ya admitida a trámite, ante el Tribunal Supremo contra el encargo a Ineco del puente sobre el río Guadalquivir de la SE-40 de Sevilla. Ahora la Dirección General de Carreteras (DGC) tendrá que realizar su escrito de contestación.

Las ingenierías ya consiguieron tumbar el primer encargo a Ineco al no incluir la ejecución de los trabajos con la metodología BIM. Sin embargo, la DGC la incluyó en un nuevo encargo a la empresa pública valorado en más de 13 millones de euros que es ahora, de nuevo objeto de impugnación. La demanda se centra en la eficiencia y en el porcentaje de subcontratación. Ineco ha subcontratado, por ejemplo, el cálculo de la estructura central del puente a Tylin Spain, multinacional estadounidense que adquirió la consultora española Ideam, y MC2 Estudio de Ingeniería por 3,1 millones.

CÍES prevé que el Supremo emita el fallo sobre esta demanda este año y confía en que sea favorable y siente jurisprudencia para anular el encargo del túnel del Estrecho de Gibraltar.

En paralelo, CÍES, Aseci y Catenara ultiman la interposición de una denuncia ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea por la utilización de los encargos a empresas públicas. Su objetivo es que determine si se asimilan a ayudas de Estado y lo considere una cuestión trasnacional.

• Fuente: El Economista