Arturo Coloma Pérez, secretario general de CEACOP

La desconfianza y el desconocimiento no pueden ser los fundamentos que dicten las normas de contratación de obra pública.

Las reglas de licitación, adjudicación y ejecución contractual siguen siendo un asunto en tela de juicio de manera recurrente. Una y otra vez volvemos a poner malas soluciones para un viejo tema como es la relación entre la administración y las empresas constructoras.

Un aspecto clave es el papel del funcionario en el control del proceso. Su capacitación y experiencia resultan determinantes. La obra y la ingeniería son procesos complejos que precisan de mecanismos de solución de las vicisitudes que van apareciendo durante la ejecución. También se precisa de una amplia experiencia en la ingeniería y en los aspectos relacionados con las obras.

Debemos seguir recordando que, a pesar de todos los avances tecnológicos en cálculo y diseño tanto de métodos como de herramientas digitales, la realidad es que cada obra es un prototipo nuevo, único, con emplazamientos en el territorio diferentes en cuanto a suelos, orografía, clima, riesgos etc. Todo no puede ser previsto en el contrato, por lo que algunos problemas o necesidades no detectadas previamente surgen durante la ejecución de las obras y se precisan fórmulas para solucionarlos técnica y económicamente.

Precisamente por esta alta complejidad es importante la homologación de la capacitación de las empresas (clasificación), la intervención de los técnicos cualificados adecuados al tipo de obra y el buen conocimiento del proyecto en sí. Es importante poder valorar y analizar que el contratista es conocedor de la complejidad y realidad de la obra concreta. Y esto lo deben evaluar técnicos competentes, lo que viene a llamarse la valoración técnica de las ofertas y que hoy en día se denomina muy desafortunadamente como criterios de valoración subjetiva pareciendo que fuese un tema valorable sin un soporte de razonamiento técnico.

Por otro lado, la administración conoce el precio de las cosas, y el precio por tanto ofertado por un lado no debería diferir en mucho del presupuestado y por otro lado la amplia competencia existente permite sospechar de las empresas que ofrecen un precio muy por debajo de la media de las empresas. El establecimiento pues de un criterio de temeridad es necesario y debería ser un criterio de eliminación de la oferta automático y sin posibilidad de justificación. Este punto es relevante. Si la oferta es temeraria, pues debería serlo sin más. El aceptar la justificación invita a explicaciones imaginativas al respecto y somete al funcionario evaluador a la alta responsabilidad y quizá discrecionalidad de aceptar unas justificaciones y no otras. Y esto genera además inseguridad jurídica ante los posibles recursos sobre las ofertas finalmente admitidas y las no admitidas. Esto se traduce en procesos muy prolongados en las adjudicaciones si se producen recursos.

La eficiencia de la inversión está más en el buen diseño, en la concepción acertada y en el adecuado estudio de la obra. El precio después debe ser el adecuado y no el más ajustado imaginable ya que la experiencia nos demuestra que finalmente ofertas anormalmente bajas no se van a poder cumplir lo que se traduce en un sinfín de problemas que afectan o impiden que se ejecute lo proyectado finalmente.
Por tanto, para la elección de las empresas se requiere un equilibrio entre la valoración técnica del estudio y conocimiento del proyecto. La oferta económica debe ser lógica y estar dentro del estudio realizado por la administración.

La pretensión de evitar la valoración de los técnicos y sustituirla por criterios absolutamente objetivos y automáticos conduce tan solo a que finalmente no se adjudique el contrato a la oferta más adecuada para la administración, sino más bien a su fracaso e inejecución. La moderación de las ofertas económicas y el buen conocimiento del proyecto y de su realización han demostrado sobradamente que son el mejor mecanismo para realizar las inversiones del estado en calidad, precios y plazo. Y podemos asegurar que las muy contrastadas fórmulas de adjudicación que ponderan entorno al 50% la oferta técnica y un 50% la oferta económica está siendo un mecanismo muy acertado para adjudicar y realizar las infraestructuras hoy en día.

Si se quiere avanzar en la seguridad y confianza en el proceso adjudicador, siempre se podrán incrementar las medidas de transparencia, de independencia de los valoradores e incluso mecanismos de dobles valoraciones, pero el sistema debería de descansar en todo caso sobre la base de la confianza en la profesionalidad de los funcionarios y técnicos que intervienen.