- El dinero aportado supera con mucho los 14 millones en los que están valoradas las siete obras propuestas por Málaga y Rincón de la Victoria para mejorar la movilidad en la zona.
Casi el mismo día en que cientos de conductores quedaban atrapados en la ratonera de la A-7, en el tramo que se extiende entre Vélez y Málaga capital, el Gobierno central acordaba la inyección de 42,6 millones de euros a la empresa concesionaria de la autopista de la Costa del Sol, una de las más caras de España.
Dinero público destinado a la modernización de 20 túneles de una carretera que hasta el año 2046, en el caso del tramo Málaga-Estepona, y 2054, desde Estepona a Guadiaro, tiene la consideración de explotación privada.
El aporte de estos fondos se produce sin que exista contraprestación alguna por parte de la concesionaria privada. Ni rebaja en las tarifas que pagan los usuarios ni una reducción en los plazos de la concesión.
Al menos no queda recogido en el Real Decreto que sienta las bases de esta operación, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En el mismo se reconoce que la concesionaria (AUSOL) solo asume los costes de la redacción de los proyectos y después el mantenimiento de los sistemas.
El grueso de la inversión, 39 millones en el momento de la recepción de las obras, cifra ahora actualizada a los 42,6 millones, lo paga íntegramente Transportes, con fondos públicos y con la justificación de adaptar la vía a los estándares europeos de seguridad y eficiencia energética.
Eso sí. El Gobierno se garantiza que la concesionaria, según se precisa en el documento oficial, renuncia “a las reclamaciones ya efectuadas y a efectuar reclamación alguna frente a la Administración General del Estado” encaminada a obtener la compensación a que en su caso hubiere lugar para mantener el equilibrio económico-financiero de las concesiones, si resultase afectado, como consecuencia de la ejecución de las actuaciones”.
El caso de la autopista del Guadalmedina
Aunque con matices, el procedimiento ahora conocido guarda cierta relación con lo ocurrido a principios de 2019, cuando el Gobierno autorizó la modificación de determinados términos de la concesión de la autopista del Guadalmedina, la AP-46 a cambio de que el socio privado ejecutase obras por valor de 24,3 millones.
En concreto, la construcción de dos nuevos enlaces en la carretera de pago. Uno de ellos, con la carretera MA-3404, en Casabermeja; el otro, con la MA-20 en Málaga (este último incluye también la integración en la concesión de la explotación de un tramo de la autovía A-7).
A cambio de asumir las inversiones necesarias, con la consiguiente alteración del equilibrio económico financiero de la concesión, se fijó como medida de compensación un aumento extraordinario de tarifas (los precios de temporada alta pasaron de 139 días a 250), así como la consideración de la totalidad de los ingresos que se generen con la puesta en servicio del nuevo enlace de Casabermeja.
La noticia sobre el proceder en la autopista de la Costa del Sol llega en un contexto de graves críticas de empresarios, partidos de la oposición y asociaciones de usuarios, que exigen un plan de inversiones públicas en la red viaria de Málaga.
Sirva como ejemplo que los 42,6 millones abonados superan con creces los 14 millones en los que los ayuntamientos de Rincón de la Victoria y Málaga han tasado el desarrollo de hasta siete obras de mejora de la circulación en la A-7.
Detalle de las obras
De acuerdo con los detalles conocidos, las obras de modernización en los 20 túneles de la autopista de la Costa del Sol (AP-7) abarcan aproximadamente 12 kilómetros distribuidos entre los tramos Málaga-Estepona y Estepona-Guadiaro.
Las mejoras incluyen la construcción de nuevas galerías de emergencia, sistemas de separación de líquidos tóxicos, renovación de la ventilación e iluminación con tecnología LED, modernización de instalaciones contra incendios y actualización integral de los sistemas de comunicaciones y gestión del tráfico.
Según el Ministerio de Transportes, los usuarios ya disfrutan de las nuevas condiciones en seguridad y eficiencia energética, y la sociedad concesionaria mantiene la explotación y el mantenimiento tras la finalización de las obras.
Hay que recordar que años atrás, el Ejecutivo central desarrolló una importante inversión, superior a los 33 millones de euros, en adecuar los túneles de la A-7, pública, a las condiciones de seguridad necesarias.
- El Español