- El nuevo plan estatal prevé para la comunidad autónoma 1.139 millones de euros pero fija como condición que la Consejería aporte 455 millones de euros, un 40% del total
El nuevo plan estatal de vivienda va a marcar las posibilidades de inversión pública en construcción y rehabilitación durante los próximos cinco años. Las cifras y las líneas concretas aún no están cerradas pero el pasado lunes por la tarde el Ministerio citó a todas las comunidades para exponer las bases de este nuevo documento marco en el que participan tanto el Ministerio como las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, durante los próximos cinco años, el Ministerio proyecta que se pueda alcanzar una inversión total de 1.139 millones de euros, lo que supone multiplicar por cuatro el anterior plan correspondiente al periodo 2022-2025 que sumó 320 millones de euros.
Sin embargo, hay una condición para que se llegue a esa cifra. El Ministerio de Vivienda ha trasladado a todas las comunidades, incluida Andalucía, su disposición a triplicar su inversión en el nuevo plan estatal (2026-2030) en aquellos territorios en los que los gobiernos autonómicos aumenten la aportación con recursos propios hasta llegar a un equilibrio de 60% de financiación estatal y 40% de financiación propia.
En el caso de Andalucía esta propuesta base supone una inversión total de 1.139 millones de euros de los cuales el Gobierno de España aportaría 684 millones de euros y la Junta de Andalucía 455,8 millones de euros durante los próximos cinco años. Esta sería la fórmula para alcanzar el equilibrio exigido de financiación, según han detallado a este periódico fuentes del Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, estas cifras distan mucho del reparto del actual plan de vivienda, del periodo 2022-2025 con cuatro años de ejecución (uno menos que el nuevo modelo). En este periodo el plan estatal de vivienda se desarrolló con una financiación de 320 millones de euros de los cuales 246 millones (un 76,9%) fueron de aportación estatal y 74 millones de euros fue el presupuesto asumido con recursos propios de la comunidad autónoma.
“El nuevo acuerdo mantiene los actuales criterios de reparto de los fondos pero triplicando la inversión estatal y con una mayor corresponsabilidad de la comunidad autónoma”, apuntan fuentes del Ministerio de Vivienda. Así, el Ministerio triplicaría su aportación, pero en el caso de la Junta la tendría que multiplicar por seis los recursos económicos propios que incorpora al plan de construcción de vivienda. La Junta de Andalucía, de momento, aún no ha trasladado una respuesta oficial al Ministerio ya que está a la espera tanto de la definición concreta de las cuantías como de las líneas definitivas de desarrollo del plan estatal.
Además de esta condición, el Ministerio de Vivienda ha reiterado públicamente que fijará como condición para financiar una promoción de VPO que permanezca blindada y que no pueda desclasificarse para salir al mercado libre, un planteamiento que inicialmente chocaba frontalmente con el Gobierno autonómico. Con el paso de los meses la posición andaluza en este aspecto se ha ido rebajando hasta el punto de modificar su anteproyecto de ley para retirar la posibilidad de que todas las promociones se puedan vender en diez años y de defender en el Parlamento que cualquier VPO que tenga financiación pública no se pueda desclasificar en un periodo de entre 20 y 50 años.
El Plan estatal, fundamental para las políticas de vivienda en Andalucía
En cualquier caso, para la Junta de Andalucía, como ha expresado la Consejería de Vivienda este plan estatal es clave para el desarrollo de las políticas de vivienda en los próximos años. Así se recoge, por ejemplo, en el anteproyecto de ley tramitado en el Parlamento andaluz: “En consecuencia se ha contemplado en la definición de los objetivos y financiación del Plan Vive 2020-2030 en el periodo 2025-2029 la futura redacción del próximo plan estatal de vivienda estimándose para la comunidad autónoma una previsión de financiación, al menos, similar en importe a la aprobada en el periodo 2020-2024″.
En la memoria económica de este anteproyecto se prevé, de hecho, que el 80% de la financiación de todas las medidas que se implementen debe proceder de fondos estatales o europeos, mientras que los recursos propios de la Junta de Andalucía sólo suponen el 20% restante.
- El Correo de Andalucía
