En la respuesta facilitada a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, el Gobierno detalla que los criterios de valoración de los bienes y derechos afectados se basan en las características agronómicas y urbanísticas afectadas por el proyecto.
Rige la legislación específica de valoración en materia de expropiación forzosa, compuesta por la ley de 16 de diciembre de 1954, el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y el Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre por el que se aprueba su reglamento de valoraciones.
Además, desde el Gobierno señalan en respuesta al PP que “tanto los criterios de valoración como los precios a aplicar en esta expropiación fueron sometidos a autorización” del consejo de administración de Acuaes en su reunión de 30 de noviembre de 2023.
El órgano de esta sociedad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “acordó por unanimidad aprobar los precios unitarios máximos propuestos a aplicar en el procedimiento expropiatorio asociado a la ejecución de estas obras”.
Las administraciones piden más apoyo institucional
Una respuesta por parte del Gobierno que llega después de distintas administraciones, como el Ayuntamiento de Salobreña, la Mancomunidad de Municipios de la Costa y la propia Diputación de Granada, aprobasen en sus respectivos plenos solicitar al Ejecutivo nacional el apoyo a los agricultores afectados por las expropiaciones en las conducciones de la presa de Rules, después de que estos mostrasen en múltiples ocasiones su descontento y malestar al considerar que no se había ofrecido un precio justo por las tierras, además de sufrir daños colaterales derivados de las obras en sus fincas.
Las administraciones instaban al Ministerio de Transición Ecológica a negociar con la empresa Acuaes y las consultoras responsables del proyecto, para garantizar una compensación justa a los propietarios de las tierras expropiadas, algo que desde el Gobierno señalan que “no está previsto llevar a cabo una revisión de precios” en el marco del proceso abierto.
Además, aseguran que los propietarios particulares de las parcelas expropiadas “recibirán hasta un 80 por ciento más” por ellas “que hace diez años cuando se construyó la autovía”, por lo que preguntaba por los criterios que se habían “tomado para determinar las valoraciones”, aduciendo falta de información por parte de las administraciones a los afectados.
En cuanto a la información a los propietarios afectados, en primer lugar, resaltan que, “en ningún momento ha existido falta de información” a ellos dado que “en los levantamientos de actas” se les ha suministrado de forma “particularizada para cada uno de ellos”.
Desde las administraciones, como el Ayuntamiento de Salobreña, exponen que el 65% de las parcelas expropiadas por el Gobierno son propiedad de particulares, es decir, cerca de 260 fincas se ven comprometidas por la ejecución de la infraestructura. A final de 2023 se tramitaron las expropiaciones, pero los dueños no estaban de acuerdo y solicitaban al Ministerio de Transición Ecológica, así como a las empresas y consultoras asociadas al proyecto, un precio justo para sus tierras. Desde el Consistorio indicaron que dichas expropiaciones han ocasionado a la mayoría de los propietarios daños en riegos, pérdidas en árboles, terrenos explotados que quedan inútiles, lindes de las parcelas destruidas, muros de protección destrozados, inundaciones en cortijos y un sinfín de contratiempos que hacen que una obra histórica que esperaba el litoral desde hace veinte años, para estos agricultores se torne amarga.
Además, inciden en que los agricultores no se oponen a la realización de esta infraestructura, pero si lamentan el perjuicio que están soportando en su patrimonio, recibiendo hasta un 80% menos por sus parcelas que cuando se expropiaron terrenos para construir la A-7. En aquel momento, las personas que vieron sus fincas afectadas percibieron hasta 60 euros por metro cuadrado; sin embargo, ahora reciben unos 12 de media, algo que se reduce hasta 4 euros en el caso de la expropiación forzosa por servidumbre, motivo por el que “exigen una revisión de los precios”. Los afectados presentan alegaciones al considerar que están muy lejos de los precios de mercado.
