Arturo Coloma Pérez. Secretario General

En los últimos años, el recurso por parte de las administraciones públicas españolas al sistema de encargo a medios propios ha crecido de forma exponencial, provocando una distorsión significativa en el mercado de la contratación pública. Esta práctica, concebida originalmente como una excepción para casos de urgencia extrema o situaciones críticas para la seguridad, está alcanzando unos importes cada vez más relevantes y crecientes, hurtando al sector privado oportunidades esenciales de desarrollo y crecimiento.

El modelo de medio propio permite a una administración encargar directamente a una empresa pública determinados trabajos sin pasar por un proceso de licitación, eludiendo así la libre concurrencia de las empresas. Esta situación puede ser legal si se ajusta a los casos y condicionantes previstos por la ley, pero cuestionable desde el punto de vista de la competencia y de la eficiencia económica. Empresas como Ineco y Tragsa, entre otras, se benefician de esta posición privilegiada, actuando como extensiones técnicas y administrativas de los ministerios, sin estar sometidas a las mismas exigencias que el resto del mercado y en muchas ocasiones sin contar con los medios para la realización de los trabajos encomendados.

El crecimiento de la facturación de estos medios propios evidencia la magnitud del fenómeno. En el caso de Ineco, su facturación ha pasado de 182 millones de euros en 2015 a 478 millones en 2024, un crecimiento de más del 160% en apenas una década. Tragsa, por su parte, ha experimentado un aumento aún más acusado: de 891 millones de euros en 2015 a más de 2.000 millones en 2024. Este crecimiento no se debe a una mayor competitividad o innovación empresarial, sino a su condición de receptor directo de encargos públicos crecientes año tras año y sin necesidad de competir con el resto del mercado.

Este abuso del modelo tiene consecuencias directas y perjudiciales. En primer lugar, las empresas privadas pierden el acceso a contratos de gran volumen que podrían aportar experiencia, capacidad de crecimiento y de referencias para su actividad internacional.

En segundo lugar, los medios propios operan con costes superiores a los del sector privado. Al no estar sometidos a las exigencias de eficiencia propias del mercado competitivo, sus estructuras de costes son mayores, lo que se traduce en una gestión más cara de los recursos públicos. Una de las cuestiones previas que no se realiza es la de justificar la mayor eficiencia del medio propio en cada encargo. En este sentido vemos en ocasiones cómo el encargo directo puede llegar hasta duplicar el valor de mercado de la actuación.

También se recurre al encargo directo como alternativa a la resolución de situaciones sobrevenidas durante la ejecución del contrato con la empresa privada. En lugar de tramitar un expediente modificado o proceder a una nueva licitación, se produce la resolución del contrato con la empresa y se acude al encargo directo por importe muy superior a la solución valorada por la empresa privada.

Además, esta situación provoca una peligrosa fuga de talento. Las empresas públicas, con presupuestos garantizados y menores exigencias de productividad, pueden ofrecer condiciones salariales más estables y atractivas que muchas firmas privadas, especialmente para perfiles técnicos cualificados. Este trasvase de profesionales destruye el capital humano de la empresa, mina su competitividad y reduce su capacidad de asumir nuevos retos.

Desde un punto de vista estructural, el uso masivo del sistema de encargos como herramienta habitual de ejecución de inversiones debilita la libre concurrencia y la competitividad. Se reduce el acceso y la información de las actuaciones a las empresas, se limita por tanto el acceso al mercado y se puede consolidar una red de contratistas públicos semipermanente.

No se trata de eliminar los medios propios, que pueden cumplir una función útil en contextos puntuales. Se trata de limitar su uso al ámbito que justifica su existencia, y devolver al mercado privado el protagonismo en la ejecución de los servicios y obras que por otra parte financia con sus impuestos.

Podría parecer que fuera necesaria una reforma legal al respecto, pero lo que realmente se necesita es un estricto cumplimiento del uso previsto en la ley dentro del espíritu con el que fue redactada. Si se considerara oportuno un cambio normativo, éste debería acometerse tras una profunda y amplia reflexión, contando con la participación de las empresas de ingeniería y construcción privadas y con las organizaciones empresariales del sector.

 Es imperativo garantizar que el sector público no actúe como competidor desleal, sino como catalizador de desarrollo para las empresas privadas, que son, en definitiva, quienes generan empleo, innovación y riqueza.