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240 millones en obras sin ejecutar por licitaciones desiertas

  • Un estudio detalla que un 5% de las obras en Andalucía se quedaron sin adjudicar en 2022

Sobrecostes, subida de precios y materiales, falta de mano de obra cualificada y poca flexibilidad de las administraciones para adaptarse a la situación actual, ha generado que, habiendo dinero, se queden obras sin ejecutar porque ninguna empresa se ha hecho cargo de ellas y las licitaciones quedan desiertas. A esta situación ya conocida y que se arrastra desde hace más de un año, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) le ha puesto números: un 5% de las obras se quedaron sin adjudicar en 2022 en la región, lo que supone en términos económicos que se han dejado de invertir casi 240 millones de euros (un 182% más con respecto a 2021), siendo Cádiz la provincia más afectada, seguida de Sevilla y Málaga.

El presidente de CEACOP, Carlos López, advierte de que “la situación de las empresas sigue siendo complicada debido a que están teniendo que hacer frente a la enorme subida del precio de los materiales y son las que están aguantando el sobrecoste en las obras, una situación que se ha traducido en que muchas licitaciones se hayan declarado desiertas durante el pasado ejercicio”.




Coloquio Incertidumbres y certezas en la revisión de precios

CEACOP ha organizado, en colaboración con Sollertia Abogados (www.sollertia.es), el coloquio “Incertidumbres y certezas en la revisión de precios” para abordar la problemática del sector de la construcción, en riesgo por los “disparados” costes de la energía y los precios de las materias primas, y por la inseguridad jurídica ante la falta de acuerdo entre las administraciones sobre la normativa andaluza que regula la revisión de los precios de los contratos de obra pública.

El encuentro empresarial que ha contado con una amplia representación del sector y la participación como ponentes de la Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y el viceconsejero de la rama, acompañados de parte del equipo de la consejería.




CEACOP alerta que la falta de acuerdo entre las administraciones pone en riesgo a la obra pública

Hoy la gerente de CEACOP, Ana Estella, ha participado en el programa de Onda Cero Más de Uno Sevilla, para elevar la problemática del sector de la construcción, en riesgo por los “disparados” costes de la energía y los precios de las materias primas, y por la inseguridad jurídica ante la falta de acuerdo entre las administraciones sobre la normativa andaluza que regula la revisión de los precios de los contratos de obra pública.




Andalucía prepara su artillería legal para defender en el TC su decreto de revisión de precios

  • La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, da por hecho que el Gobierno recurrirá la norma andaluza
  • Los constructores pedirán la revisión de contratos de obra pública en Andalucía mientras esté en vigor el decreto autonómico
  • Como compensación, la Junta anuncia una revisión del banco de precios antes de 2023 y de los pliegos de contratos de obras públicas
  • Los sobrecostes dejan desiertas obras públicas en Andalucía por 140 millones

El Gobierno central ha anunciado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto autonómico de revisión de precios de obras públicas. La reacción del Ejecutivo presidido por Juanma Moreno no se ha hecho esperar y prepara ya con los servicios jurídicos de la Junta su artillería legal para hacer frente al Gobierno de Pedro Sánchez. «La situación es compleja y no pinta bien», ha admitido este miércoles la consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, ante casi un centenar de empresarios convocados por el Círculo de Compañías Andaluzas de la Construcción (Ceacop), a los que ha advertido de la batalla legal que se avecina. Aún así, la Junta asegura que «plantará una batalla fuerte si hay recurso ante el Constitucional» porque -ha declarado- los empresarios no tienen que asumir los sobrecostes por el alza de los materiales y de la energía.

«Vamos a defender al sector», ha dejado claro la política, quien ha asegurado que este asunto está en la agenda de Juanma Moreno y lo ha planteado en todas las cumbres de autonomías con Pedro Sánchez. Asimismo, ha subrayado que el presupuesto de licitaciones de obras públicas de la Junta aumentará en 2023 «porque el presidente sabe que es una herramienta para la recuperación económica, por lo que las obras públicas no se van a paralizar, a diferencia de lo que ocurrió en 2008».

«Primero se nos cuestionó que hubiéramos metido en el decreto los contratos de servicios que afectan a obras de conservación, pero después el Gobierno ya nos ha dicho que no tenemos competencia para aprobar el decreto porque la Ley de Contratos es estatal», ha anunciado esta consejera, que apoyada en los servicios jurídicos de la Junta y en la de los contratistas prepara un argumentario legal contra las posiciones de la Abogacía del Estado. Además, la Junta ha pedido una reunión urgente con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que su departamento fue el que aprobó el decreto nacional de revisión de obras públicas-

Carazo ha recordado Carazo, el decreto andaluz de revisión de precios se aprobó porque el Gobierno nacional aprobó uno que no se ajustaba a la realidad andaluza ni a la casuística de contratos de obra pública en la región. «No hemos sido los únicos que nos hemos quejado. También lo han hecho Extremadura, Aragón, Galicia o Comunidad de Madrid», ha recordado la consejera, quien admite que la primera reunión bilateral para resolver este litigio acabó sin acuerdo.

La norma andaluza permite acogerse al mismo a administraciones locales, incorpora las obras en ejecución en 2021 y de menos de cuatro meses de duración (en un principio el decreto nacional sólo contemplada las de un año), suprime la penalización por retrasos vinculados a la falta de material, permite sustituir materiales si no se altera la calidad y amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos.

Paralización de obras

Ahora la Junta espera una segunda reunión bilateral aunque el tiempo juega en su contra, ya que el 12 de enero acaba el plazo para que el Estado pueda recurrir el decreto andaluz de revisión de precios. «No pintan bien las cosas», reconoce la consejera, que subraya que sin revisión de precios se paralizarán muchas obras y seguirán quedando desiertas muchas licitaciones. En este sentido, ha recordado que el Estado ya tiene paralizadas todas sus obras ferroviarias en Andalucía, entre ellas varios tramos del corredor mediterráneo.

Advierte Carazo que si el Gobierno central presenta un recurso ante el Constitucional, se suspenderá automáticamente la aplicación del decreto andaluz de revisión de precios. Ante esta situación, ha puntualizado que la Junta ha aumentado hasta 110 millones de euros su presupuesto para revisión de obras, y que ha encargado una nueva revisión del banco de precios antes de 2023 con el compromiso de volver a hacerlo de forma permanente. Asimismo, ha informado que la Junta revisará los pliegos de contratos de obras públicas para meter cláusulas que permitan modificaciones si cambian las condiciones.

Por su parte, el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, ha manifestado que «el empresario no tiene que afrontar los sobrecostes de hasta el 80% de la energía o del 60% de los materiales. Tendrán que ser las administraciones las que lo hagan y, si es necesario, se harán menos obras». «Aunque la Ley de Contratos del Estado es una norma básica, las comunidades autónomas tienen capacidad para desarrollarla porque sólo está pensada para las grandes obras del estado, dejando a un lado las diputaciones o ayuntamientos», ha puntualizado.

Subvenciones como alternativa

«El Estado quiere derogar los artículos 4,5 y 9 del decreto andaluz de revisión deprecios, que en la práctica supone derogar toda la normativa andaluza», denuncia Muñoz-Atanet, que asegura que la Junta «mantendrá el pulso hasta el final. Es mejor ir al Constitucional si hace falta». Sobre las alternativas que estudia la Junta en caso de que se presente el recurso por parte del Estado y se suspenda la norma andaluza, el viceconsejero no descarta la posibilidad de modificar el decreto que habilitar subvenciones a las adjudicatarias de obras públicas. «Si las obras se paran tendrán problemas las empresas y la Administración. Las constructoras no pueden pagar esta fiesta», ha añadido.

Por su parte, Ana Estella, gerente de Ceacop, ha lamentado que los constructores estén «soportando injustamente el sobrecoste de las obras» y ha recordado que «aún está vigente el decreto andaluz de revisión de precios de la obra pública», por lo que ha animado a los empresarios a que tramiten expediente para que en el caso hipotético de que el TC tumbe la norma autonómica no sea con carácter retroactivo.

Estella, que ha agradecido la honestidad de Carazo al no esconder el negro panorama que se cierne sobre el decreto andaluz, ha recordado a los constructores que existe además la posibilidad de pedir adelantos de pago a la Junta de Andalucía a cuenta de las obras públicas «antes de que suceda el peor de los casos». En ese caso, Ceacop cuenta ya con la revisión del banco de precios por parte de la Junta de Andalucía como medida de compensación.

Ceacop afirma que los sobrecostes están detrás de que en 2022 hayan quedado desiertas en Andalucía 300 licitaciones de obra pública. «En 2021 se adjudicaron 2.800 millones de euros y este año, que se han licitado 3.600 millones de euros, estamos aún a 1.500 millones de euros para cumplir el objetivo del pasado año».

Sobrecostes del 60%

Gonzalo Cerón, socio de Sollertia Abogados, que ha participado en el encuentro mantenido este miércoles entre la consejera y los socios de Ceacop, ha indicado que uno de las sombras que tiene el decreto andaluz es que deja abierta la posibilidad de que los ayuntamientos, diputaciones y universidades se adhieran o no a la revisión de precios. Muchas grandes corporaciones locales no lo han hecho, «por lo que no aplican la normativa andaluza y serán los tribunales los que decidirán, aunque en cualquier caso deben cumplir la norma estatal».

Este asesor jurídico ha planteado también las dudas existentes sobre qué hacer si hay silencio de la Administración ante una reclamación de una Administración, planteando la posibilidad de acudir a los tribunales tres meses después. Otras situaciones no están contempladas en los decretos nacional y andaluz de revisión de precios, que sólo contemplan asumir sobrecostes del 20%. En el caso de que el alza de precios soportada llegue al 60 o al 80% siempre queda la posibilidad de acogerse a que se está soportando un «riesgo imprevisible», según las mismas fuentes.




Constructores andaluces reclaman una revisión de precios de los contratos de obra pública

  • CEACOP advierte de que en el primer semestre del año casi 300 contratos quedaron desiertos en la comunidad autónoma

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) pide al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que alcancen un acuerdo satisfactorio para el sector de la construcción en la Mesa Bilateral sobre el problema de incremento de precio de las materias primas y su impacto sobre los precios de los contratos. Desde CEACOP señalan que el decreto autonómico 4/2022, de 12 de abril, es un desarrollo a la norma estatal, ya que las mejoras añadidas persiguen adecuarse al tipo de obras que se ejecutan en sus territorios, licitadas por la Junta y los entes locales, y dan mayor cobertura a las pequeñas y medianas empresas frente a los grandes contratos que adjudica el Estado y que ejecutan las firmas de mayor tamaño. De este modo, la coexistencia de ambos no es excluyente, sino necesaria.

Los decretos aprobados son una herramienta para mitigar el impacto del alza de precios en una coyuntura como la actual, de escasez de materiales y con los costes de la energía y otros productos disparados. Según datos publicados por el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el índice de costes de consumo de materiales del sector de la construcción se ha incrementado en el último año y medio en un porcentaje igual al acumulado en las dos últimas décadas. “Este dato es un reflejo del escenario al que tienen que hacer frente las constructoras. Es imposible planificar y ejecutar contratos”, denuncia la gerente de CEACOP, Ana Estella Pérez.

Esta situación está provocando que numerosas licitaciones estén quedando desiertas o que las empresas renuncien una vez adjudicados, ante la imposibilidad de afrontar el incremento. Según datos de CEACOP, en el primer semestre de 2022 casi 300 contratos quedaron desiertos en Andalucía. “Las empresas están en situación límite, no pueden trabajar a los precios actuales del mercado”, destaca la gerente. La organización apela a la responsabilidad de las administraciones para hacer frente a esta situación imprevisible y sobrevenida.

“Si existe una herramienta para la adecuación de los contratos a la realidad debe aplicarse con eficiencia y agilidad, sin trabas. El tejido empresarial andaluz no puede ser el único que esté afrontando el golpe, ya que se pone en peligro el equilibrio presupuestario de nuestras compañías, con todo lo que ello conlleva”, asegura Estella.

Para avanzar en esta hoja de ruta, CEACOP ha organizado una charla-coloquio el próximo día 19 de octubre para sus empresas asociadas con la cúpula de la Consejería del ramo, al objeto de conocer la situación actual y abordar las consultas que tengan antes de presentar sus expedientes a revisión de los contratos. Además, el Círculo de Empresas Andaluzas subraya que esta situación pone en riesgo los fondos Next Generation, que llegan con unos plazos muy marcados para su ejecución y que, de no poder llevarse a cabo, se perderán. CEACOP hace un llamamiento a las empresas para que presenten cuanto antes los expedientes que cumplen con los parámetros establecidos en las normas aprobadas tanto por el Gobierno central como el autonómico, para ser revisados, en un intento de salvar la viabilidad económica de los contratos y de las propias las compañías. El sector de la construcción es clave para la economía de la región, por su capacidad de creación de empleo, actividad y riqueza. “No se puede permitir que un sector tan importante para el desarrollo económico y productivo de Andalucía se paralice”, concluye la gerente de CEACOP.

https://www.larazon.es/andalucia/20221011/nm62d3pz25da5efqdm5gdjlwlu.html




Entrevista a la gerente de CEACOP en Canal Sur Radio

gerente CEACOP

La gerente de CEACOP, Ana Estella Pérez, ha valorado la situación del sector de la construcción tras la caída del consumo de cemento y el incremento de los precios de los materiales. Desde CEACOP se alerta de la ralentización de las obras si no se pone en marcha medidas que amortigüen el desequilibro que existe en los contratos de obra pública tras la subida de precios.

El programa completo: La Mañana de Andalucía




La Inversión crece sin que se reactiven las grandes obras

. En 2021 se adjudicaron proyectos por un valor de 2.800 millones, con un protagonismo muy destacado de los ayuntamientos. Iniciativas como la S-40 o el tren Litoral de la Costa del Sol se siguen retrasando




La Abogacía de la Junta de Andalucía cuestiona la revisión de contratos de obra pública

  • Señala que el decreto aprobado por el Gobierno andaluz, que debe ser convalidado este miércoles por el Parlamento autonómico, ‘no respeta’ la legislación estatal
  • Considera que las medidas aprobadas por la Junta pueden generar un trato muy distinto a los diferentes contratistas en función de las autonomías que les adjudiquen contratos
  • La Junta de Andalucía aprobó el Martes Santo un decreto para revisar los precios de los contratos públicos por la subida de materiales

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto sus «dudas» sobre la constitucionalidad del Decreto-ley 4/2022, aprobado en Consejo de Gobierno el 12 de abril y que debe convalidar el próximo miércoles el Pleno del Parlamento de Andalucía, que contempla medidas de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras. Ese decreto ampliaba las obras con derecho a revisión de sus precios con todo tipo de materiales empleados, además de los cuatro del decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre) y abría la puerta a la adhesión al decreto de las entidades locales y las universidades. El Ejecutivo autonómico estimó que el alza de los precios se moverá en una horquilla entre el 10% y el 20%, tope máximo que establece el Estado para la revisión de los precios.

El equipo jurídico que asesora al Gobierno andaluz pone de manifiesto en su informe al Decreto-ley 4/2022 que «albergamos dudas relativas a la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la hora de aprobar normas con rango de ley que puedan no respetar, o sobrepasar, la legislación básica del Estado en la materia que nos ocupa». La conclusión a la que llega el equipo jurídico autonómico es que «la incorporación de algunas de las medidas señaladas puede suscitar dudas sobre la constitucionalidad del borrador de decreto-ley».

Los juristas autonómicos esgrimen, en el texto al que ha accedido Europa Press, que «desde el punto de vista de la adecuación de la figura del decreto-ley a los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos, debería llevarse a cabo en el preámbulo del decreto-ley la justificación de la adecuación de las medidas en él previstas para hacer frente al aumento del precio de las materias primas».

El Gabinete Jurídico plantea que «si bien los principios básicos de la contratación pública están enderezados a la libre competencia de los posibles licitadores, las medidas que nos ocupan pueden generar un trato muy distinto a los diferentes contratistas en función de cuáles sean las comunidades autónomas que les hayan adjudicado los contratos».

«Se trata de una cuestión cuyo conocimiento privativo correspondería, en su caso, al Tribunal Constitucional», sostienen los juristas de la Junta de Andalucía en su razonamiento, para concluir que «lo cierto y verdad es que el Tribunal Constitucional no ha dictado sentencia alguna sobre la concreta materia de la revisión de precios que nos pueda arrojar luz suficiente para poder calibrar qué es básico y qué no lo es en esta materia».

El Gabinete Jurídico contextualiza su reflexión en el marco de un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias planteado por el Gobierno de Aragón sobre la Ley de Contratos del Sector Público, que reserva a órganos del Estado la facultad para revisar precios.

Ley de Contratos del Estado

El Tribunal Constitucional se pronunció, esgrimen los juristas de la Junta, a favor de considerar la Ley de Contratos del Sector Público como normativa básica, desechar la invasión de competencias y situar el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado como el órgano que «determinará aquellas actividades donde resulte conveniente contar con una fórmula tipo, elaborará las fórmulas y las remitirá para su aprobación al Consejo de Ministros».

El dictamen del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se pronuncia, en su evaluación de «la procedencia de la forma de decreto-ley», sobre aspectos como la extraordinaria y urgente necesidad del decreto-ley, la adecuación de las medidas adoptadas y la competencia autonómica y los límites materiales.

El Gabinete Jurídico plantea que «en la parte expositiva del texto sometido a nuestra consideración no se acredita, a nuestro juicio, la adecuación de las medidas adoptadas» por la Junta de Andalucía, de la que indica que «son esencialmente seis».

Entre las medidas previstas por la Junta alude ampliar las medidas del Estado a los contratos de servicios necesarios para la ejecución de obras; añadir los contratos en ejecución en 2021; aumentar los presupuestos fácticos para reconocer la revisión excepcional de precios; no imponer penalidades en los retrasos en la ejecución por falta de suministro; modificar los materiales en los contratos de obra; e incluir la revisión de precios en los pliegos de obras por procedimiento abierto. Los juristas autonómicos advierten de que «ninguna de estas medidas encuentra justificación, siquiera sea mínima, en el preámbulo del Decreto-Ley».

Impacto en los presupuestos andaluces

El Gobierno andaluz ha explicado que el sobrecoste se pagará en la certificación final de la obra y que su impacto en los presupuestos andaluces se reflejará en diferentes años, del que sólo ha calculado su repercusión en las cuentas de la Consejería de Fomento, estimada en 59 millones de euros, cantidad sujeta a una evaluación al alza. Igualmente queda pendiente cuantificar la repercusión de la medida en las obras de otros departamentos como Salud, Educación, Agricultura, Cultura y de Turismo.

La norma aprobada por la Junta desarrolla el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, del Estado, que prevé en su artículo 6.3 que «lo dispuesto en este Título será aplicable en el ámbito de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que así lo acuerden». En el caso de la competencia autonómica y los límites materiales, el Gabinete Jurídico traslada «en favor de la viabilidad jurídica» de las medidas que ha previsto la Junta de Andalucía el hecho de que el Estado haya contemplado «la necesidad -en cualquier ámbito- de que lo básico no excluya cualquier regulación por parte de la Comunidad Autónoma».

Aunque precisa que «el propio Tribunal Constitucional nunca ha abordado directamente la revisión de precios, debiendo empero presumirse que, si la norma con rango de ley es susceptible de varias interpretaciones, se debe llevar a cabo aquella que sea conforme a la Norma Fundamental».