Ceacop confirma que en todas las provincias andaluzas hay obras públicas paradas por el precio de las materias y por la falta de suministro tras el paro de transportistas

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) ha dado la voz de alarma ante la realidad que vive el sector con la paralización o ralentización de numerosas obras públicas en la comunidad autónoma por la falta de suministros que ha provocado el paro de los transportistas y el alza de precios de los materiales. Ana Chocano, presidente de CEACOP, que agrupa a las pymes andaluzas que representan a constructoras e ingenierías, reclama a las administraciones que se revisen los precios de los contratos firmados para hacer centros de salud, depuradoras, colegios o carreteras.

<<Los problemas comenzaron para nosotros con el incremento de precios de las materias primas a principios de 2021, cuando se reactivó la economía tras el Covid. La situación ha empeorado con la guerra de Ucrania. Las materias primas no sólo están caras, sino que hay dificultades para encontrarlas>>, dice Chocano, quien dice que el remate ha sido el paro de los transportistas.

<< Unas obras públicas están paradas, otras ralentizadas en todas las provincias andaluzas. En esos casos estamos comunicando al propietario de la obra lo que ocurre para que se tengan en cuenta a la hora de ver el plazo de ejecución estipulado y evitar la penalización por retrasos>> añade la presidenta de CEACOP.

<<La falta de suministros en las obras afecta al 75% u 80% de las obras>> lamenta Chocano, quien asegura que << ante esta situación peligra la viabilidad de las empresas si no se revisan los precios de los contratos y se rebaja el coste de la energía. Estamos ante una disyuntiva: o hacemos la obra perdiendo dinero o no se ejecuta la obra, lo que supone despidos y paralizaciones de obras. Muchas empresas podrían ir a la quiebra si no se revisan los precios de los contratos>>.

CEACOP ha enviado una carta a la Junta de Andalucía para que no acepte el mecanismo aprobado por el Gobierno central para la revisión de contratos públicos, << ya que el 90% de las obras que se están haciendo ahora en Andalucía no se pueden acoger al mismo por las limitaciones temporales impuestas y porque se aplican para cuatro materiales>>.

La situación es insostenible para el sector, dice Ana Chocano, que pone como ejemplo el que el 1 de abril suba entre 120 y 150 euros la tonelada de betún debido a la guerra de Ucrania y el incremento del precio del petróleo. << Se podría pensar que ante esa previsión podríamos hacer acopio de betún pero este que se trata de una materia que tiene que estar a una temperatura alta, lo que su pone un enorme gasto energético>>.

• La obra del puente del Centenario de Sevilla es una de las afectadas por la subida de precios
• La patronal de la construcción de Andalucía señala que la solución que propone el Gobierno no resuelve el problema “grave” para las pequeñas y medianas empresas 
• Denuncia que el borrador no incluye en la compensación el aumento del precio de la energía

La patronal de la construcción en Andalucía, CEACOP, que preside Ana Chocano ha manifestado “su preocupación y descontento” tras conocer el contenido del borrador del Real Decreto Ley que prepara el Gobierno para restablecer las condiciones de equilibrio económico en los contratos firmados tras la escalada de precios de las materias primas en el sector. Entre las obras públicas que esperan esta medida destaca la del puente del Centenario de Sevilla, que se está ejecutando para la ampliación de carriles y sustitución de tirantes

INSTA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A SEGUIR SU PROPIO CAMINO PONIENDO EN MARCHA SU PROPIO MECANISMO DE REEQUILIBRIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

En opinión de la asociación, la solución que propone el Gobierno no resuelve el problema, especialmente grave para las pequeñas y medianas empresas. Desde CEACOP denuncian que la norma que el Gobierno de España tiene previsto aprobar en los próximos días excluye a la mayoría de las actuaciones “es un sistema diseñado para las grandes obras de ferrocarriles”.

El documento establece un máximo en la compensación del 20% del precio de adjudicación del contrato y siempre que el incremento de los precios, considerando solo el aluminio, cobre, materiales siderúrgicos y bituminosos, superen el umbral del 8%. El borrador no considera en la compensación el aumento del precio de la energía. Solo se revisan las obras que estén en ejecución en 2022 y a partir del 1 de enero de 2021 o de la firma del contrato, si es posterior, por lo que las infraestructuras ejecutadas en 2020, afectadas también por los efectos de la Covid-19, así como las terminadas en 2021 no pueden acogerse a este mecanismo. Además, cualquier retraso en el plazo de ejecución conlleva la pérdida de derecho a aplicar esta compensación.

CEACOP manifiesta también que le preocupa “el limbo” en el que quedan los contratos firmados con los ayuntamientos y diputaciones, ya que el documento no aclara su situación.

La patronal andaluza pide al Gobierno que reconsidere los términos del documento e incluya también la energía por su gran impacto en la fabricación de materiales.

Asimismo, insta a la Junta de Andalucía a seguir su propio camino, como ya lo hicieran otros gobiernos autonómicos como el gallego o extremeño, poniendo en marcha su propio mecanismo de reequilibrio de los contratos de obra.

Para CEACOP, el documento llega tarde y no refleja la realidad. “Las empresas empiezan a estar en situación límite. Muchos concursos se quedan desierto, no porque las empresas no quieran trabajar sino porque no pueden hacerlo a esos precios”, destaca la presidenta de CEACOP, Ana Chocano Román, y añade que si no se pone pronto una solución real, “las obras en ejecución se van a paralizar, lo cual va a acarrear problemas. Por un lado, la sociedad no podrá disponer de las infraestructuras necesarias y demandadas, y por otro, si las obras se paran muchos trabajadores pueden perder sus empleos”.

“Y esto en un sector tractor de la economía de la región. La construcción es sinónimo de creación de empleo y de actividad, que incluso durante la pandemia mantuvo su actividad”, concluye la presidenta de CEACOP.

Antonio R. Vega

• Uno de cada cuatro proyectos licitados se queda desierto, denuncia Ceacop

El encarecimiento de los materiales de construcción proyecta negros nubarrones sobre un sector que tenía puestas todas sus esperanzas en la llegada de los fondos europeos para resarcirse del parón que padeció durante el confinamiento. El acero, que se emplea para construir puentes, torres de alta tensión o estructuras de viviendas, cuesta ahora casi un 100% más que en abril de 2020; el aluminio de las ventanas, un 84%; el cobre, utilizado en las instalaciones de agua, electricidad y climatización, ha subido un 81%, y el petróleo, del que se saca el betún para asfaltar carreteras, se ha disparado un 235%. Eso sin contar con el precio de la electricidad, que encadena máximos históricos desde junio.

Con estas subidas, a constructores y promotores no les salen las cuentas para seguir ejecutando

los proyectos de obra civil que ahora se están ejecutando y que salieron a licitación entre el último trimestre de 2020 hasta la mitad de 2021. El coste de las materias primas que se tomó como referencia se han quedado desfasados por el desabastecimiento o el aumento del coste de los materiales a nivel mundial por el aumento de la demanda generado al calor de los estímulos económicos tras la pandemia.

En el sector han encendido las alarmas porque la recuperación económica, que iba a llegar de la mano de los fondos europeos para la rehabilitación energética de edificios, puede quedar comprometida si las administraciones públicas no establecen un sistema automático de reequilibrio que les permita hacer frente a estos sobrecostes en las obras que ya están en marcha.

«Lo que no podemos hacer es trabajar, pagar los materiales, el transporte y los sueldos y que encima nos cueste el dinero», advierte Ana Chocano, presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, la Consultoría y la Obra Pública (Ceacop). Asegura que uno de cada cuatro proyectos que se licitan se quedan desiertos en Andalucía porque no interesa presentar ofertas cuando el precio está por debajo del coste real. A final de año, estima que el número de contratos desiertos llegará al 30% si las administraciones no mueven ficha con rapidez. «Igual que se paralizó la producción con el Covid y se establecieron los ERTE, pedimos una actualización de los precios para adecuarlos al mercado», demanda Chocano.

La burbuja de las materias primas están impactando muy negativamente sobre toda el sector y muy especialmente sobre aquellas empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas, con menos margen para aguantar. Desde Ceacop distinguen entre las infraestructuras de gran envergadura, con largos plazos de ejecución que permiten revisar los precios a los dos años, y las obras que deben realizarse en menos tiempo, que «no se pueden reequilibrar con este mecanismo».

Cuestan un 22% más

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) reveló a mediados de octubre que el encarecimiento de las materias primas ha provocado que cuatro de cada diez empresas (39,5%) se hayan visto obligadas a cancelar o paralizar sus obras, según un estudio realizado con 300 compañías del sector. Estima que el coste total de las obras ha subido, de media, un 22%. Otro informe de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) analiza el incremento medio por tipo de obra: carreteras (65%), ferroviaria (29%), aeroportuaria (35%), edificación (24%) e hidráulica (22%).

María del Carmen Ruiz Cobo, delegada de Vialterra Infraestructura en Andalucía occidental, constata que «tenemos problemas de desabastecimiento y subida bestial de precios, aparte de la falta de mano de obra, en todas las obras que tenemos en marcha ahora en Málaga, Córdoba y Sevilla». El principal escollo es que «presentamos ofertas en base a precios antiguos de materiales y ahora debemos ejecutarlas con los precios actuales».

«Esta carga está recayendo sobre las constructoras. Es un palo de tal calibre que no podemos soportarlo nosotros solos por mucho tiempo si no hay una colaboración bilateral de las administraciones y organismos privados para revisar los precios de las obras en marcha», lamenta esta empresaria, que vislumbra un ‘efecto dominó’ evidente si no se arbitra pronto una solución. «Si hay que parar obras porque no podemos soportar esta subida del precios, al final es mano de obra que dejamos de utilizar y que se va al paro».

Es la pescadilla que se muerde la cola. El retraso que se está produciendo en el abastecimiento de los materiales también juega en contra de las constructoras. «Sin material no podemos avanzar en una obra y si no cumplimos los plazos de las obras, pueden aplicar penalizaciones», apunta Chocano.

En el Gobierno central llevan meses estudiando fórmulas para mitigar su impacto. El sector se impacienta. Ceacop envió una carta al Ministerio de Transportes en mayo para pedirle una reunión, pero aún espera una cita. La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, avanzó el pasado día 16 que estaba «trabajando activamente» con el Ministerio de Hacienda para calcular el sobrecoste. «Más complicado de articular» es la revisión de los precios con carácter retroactivo en la obra pública, que precisa una reforma de la ley de contratos del Estado.

La Junta revisa precios

Más receptividad ha encontrado hasta ahora en la Junta de Andalucía. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, en el margen de sus competencias, negocia con las empresas acciones dirigidas a mitigar «la preocupante situación que vive el sector por el incesante incremento del coste de los materiales».

La revisión de los precios de los contratos que están en ejecución es competencia del Ejecutivo central, advierte. En lo que atañe a la Junta, se están actualizando los principales precios de construcción de la obra civil para la redacción de los nuevos proyectos y, además, se está trabajando con la patronal de la edificación para revisar los precios de referencia. Los pliegos de las nuevas contrataciones se han modificado e introducen una fórmula de revisión conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.