El Economista

• Del fondo de la UE, 6.800 millones de euros irán a la rehabilitación de vivienda
• El Gobierno prevé crear 188.000 puestos en construcción en tres años
• Los puestos apenas supondrán una leve mejoría: queda muy lejos 2008

El plan que ha presentado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para destinar 6.820 millones de euros a la rehabilitación ‘verde’ de viviendas con financiación procedente de los fondos europeos cuenta con varios objetivos a tres años vista, entre ellos la creación de 188.000 puestos de trabajo, casi un cuarto del total de empleos que el Gobierno prevé que se crearán con el Plan de Recuperación y Resiliencia pero que, sin embargo, representarán solo una leve mejoría en el sector de la construcción.

No es de extrañar el potencial que el Ejecutivo ve en la rehabilitación de viviendas (que estarán sujetas a deducciones de hasta el 60% en el IRPF) porque a ella ha dirigido la segunda partida más cuantiosa del plan después de los 13.200 millones que se destinarán a abordar una estrategia de movilidad sostenible.

Además, a los 6.820 millones de euros dedicados a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana hay que sumar más de 1.000 millones destinados la política de vivienda de alquiler social, por lo que el total dirigido al sector de la construcción ronda los 8.000 millones de euros.

Sin embargo, aunque la construcción será la más beneficiada, esta inversión no será el motor de la recuperación del empleo perdido en el sector desde los máximos históricos. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), a cierre de 2020 había empleados en construcción 1.280.000 personas frente a los máximos de casi 3.000.000 que había antes de la crisis financiera de 2008.

En cuanto al impacto total en la economía española de este plan, el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, detalló el martes que el Gobierno estima que el plan de reformas, con el que prevén realizar medio millón de rehabilitaciones hasta 2013 y 300.000 anuales hasta 2030, aportará 13.500 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB).

El Economista

• El sector ha invertido 750 millones en la región en 2020

Andalucía avanza en el reto de convertirse en la potencia nacional de las energías renovables. Tras crecer un 4,7% al incorporar 787 megavatios (MW) a su parque de generación eléctrica sostenible, la región se ha colocado en la segunda posición en el ranking nacional de potencia renovable encabezado por Castilla y León. Además, la Comunidad lidera la atracción de inversiones por parte de multinacionales que quieren desarrollar aquí sus proyectos en los próximos años.

Según los datos facilitados por Red Eléctrica de España, el incremento del parque de generación andaluz radica fundamentalmente en la entrada en servicio de nuevos MW de capacidad solar fotovoltaica y eólica. Destaca especialmente el aumento del 42,8 % en potencia instalada fotovoltaica alcanzando así los 2.547 MW en la región. A comienzos del 2021, más de la quinta parte de la capacidad solar fotovoltaica española estaba instalada en Andalucía, siendo así la segunda comunidad del país con más MW de solar fotovoltaica, solo por detrás de Extremadura.

“El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marca unos objetivos ambiciosos, pero también realistas y alcanzables, para mitigar el cambio climático transitando hacia un nuevo sistema en el que las energías renovables son la pieza fundamental. Y en esta senda, la de la transición energética, el sector eléctrico juega un papel clave por su potencial descarbonizador”, indica la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.

Una transición hacia un nuevo modelo de energías sostenibles que además se ha convertido en un potente tractor de inversiones en Andalucía, que prevén convertir a la región en la principal potencia de España y una de las más importantes de Europa en este sentido.

El sector de la energía renovable tiene en cartera más de 17.000 millones
Las condiciones geográficas y climatológicas de Andalucía han captado ya el interés de importantes compañías multinacionales que ya han comenzado a implantar sus proyectos. De hecho según los datos del Gobierno Andaluz, la región tiene en cartera más de 17.000 millones de euros de inversión privada en energías renovables. La Junta cuenta con un plan especifico para acelerar estos proyectos de la ya conocida como “revolución verde”. La mayoría de las nuevas infraestructuras proyectadas son plantas de energía sola fotovoltaicas, aunque también se levantarán algunas centrales eólicas, otras térmicas o incluso de biomasa.

Este mismo mes la Junta declaraba declara de interés estratégico para Andalucía dos proyectos de energía solar fotovoltaica impulsados por las empresas Repsol Renovables e Ignis Energía en las provincias de Cádiz y Sevilla, que suponen una inversión global de 261 millones y la generación de 1.210 empleos durante la construcción y desarrollo de diez plantas.

El proyecto Sigma, de Repsol Renovables, que supondrá una inversión estimada de 107,2 millones de euros, contempla la implantación de cinco plantas solares fotovoltaicas con una potencia total de 204 MW en Jerez de la Frontera (Cádiz). Esta infraestructura, que se instalará sobre una superficie de 362 hectáreas, se completará con la correspondiente infraestructura de evacuación, que atravesará, además de Jerez, los municipios gaditanos de Arcos de la Frontera y San José del Valle. El proyecto también incluye la construcción de una nueva subestación elevadora y la ampliación de otra ya existente.

El desarrollo de esta actuación conllevará la creación de 774 empleos durante la fase de construcción, que tendrá una duración de doce meses, y en la etapa de operación y mantenimiento, cuantificada en 40 años.

Por su parte, la actuación Kairós-Ignis, promovida por Ignis Energía, se ubicará en el municipio sevillano de Guillena y prevé la instalación de otras cinco plantas solares fotovoltaicas con un potencial total de 210,30 MW y un presupuesto estimado de 154 millones. Además de las plantas, que se proyectarán sobre una superficie de 360 hectáreas, la iniciativa recoge también la construcción de una línea de evacuación de nueve kilómetros y de una única subestación elevadora. El desarrollo de esta inversión empresarial conllevará la creación de 462 puestos de trabajo durante las fases de construcción (18 meses) y de operación (40 años).

En Málaga se están tramitando once proyectos de energía eólica y 58 proyectos de energía fotovoltaica que, de finalizarse, solo estos últimos supondrían una inversión de más de 1.000 millones de euros y generarían más de 5.600 empleos directos en su construcción. Estos proyectos aportarían un total de 1.719,62 megawatios al mix energético de la provincia, lo que supondría duplicar el total de megawatios que hasta ahora aportaban las energías renovables en Málaga, que a finales de 2020 supusieron 940,85 MW. Actualmente en Málaga, de toda la energía eléctrica que se genera, el 49,5 por ciento procede de energías renovables.

Esos proyectos dejarán inversiones en Andalucía en los próximos años, pero la región ya ha comenzado a registrar el impacto económico de esta revolución energética. EL sector de las energías renovables invirtió el año pasado 750 millones de euros en Andalucía, lo que generó la creación de 3.000 empleos solamente en la construcción de las nuevas infraestructuras.

Uno de los aspectos que valora la Junta de Andalucía a la hora de dar luz verde a estos proyectos es su contribución a la generación de riquezas, y es que la mayoría de las infraestructuras están ubicadas en zonas rurales, donde crean numerosos empleos y contribuyen por tanto a la cohesión territorial y a la lucha contra la despoblación.

El Economista

• La mitad de los 13.203 millones se dedicará a las redes de transporte
• Sánchez defiende en el Congreso el Plan de Transformación

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recoge unas inversiones de 13.203 millones de euros para el sector de la automoción. Esto supone un 32% más en comparación con los 10.000 millones que anunció la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en noviembre del año pasado. Ahora bien, más de la mitad de estas inversiones, concretamente el 50,5% del total, unos 6.667 millones de euros, irán a parar a las infraestructuras de transporte. El resto, unos 6.536 millones de euros, que suponen el 49,5% del total, estarán orientadas a impulsar la descarbonización de la movilidad urbana, la mejora de la calidad del aire y de la calidad de vida de las ciudades.

En el caso de las infraestructuras, aglutinadas en el epígrafe de Movilidad sostenible, segura y conectada, destacan las reformas de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, así como la Estrategia Indicativa Ferroviaria, que será “el principal instrumento sectorial de la planificación de la infraestructura ferroviaria”.

Entre las inversiones necesarias de los fondos de la Unión Europea destacan las de una red transeuropea de transporte, que se centrarán en la “construcción, modernización y mejora de las infraestructuras ferroviarias en el Corredor Atlántico y en el Corredor Mediterráneo, para alcanzar un Espacio Único Europeo del Transporte”. Además, el Ejecutivo invertirá de manera muy destacada al ferrocarril, con actuaciones encaminadas a dotarla de “mayor sostenibilidad y eficiencia energética”.

Otras actuaciones en las que el Gobierno quiere emplear los fondos europeos son en la mejora de la eficiencia del sistema de transporte y distribución de mercancías, mediante el fomento de la intermodalidad y la modernización y mejora de nuestros nodos de distribución. Por último, invertirá en un programa de apoyo para un transporte sostenible y digital.

Del lado del plan de las inversiones que irán a parar a la movilidad el objetivo es impulsar la descarbonización de la movilidad urbana, la mejora de la calidad del aire y de la calidad de vida de las ciudades españolas, tal y como recoge el plan.

Estos 6.536 millones de euros se destinarán a acelerar la implementación de zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes; a un plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga públicos y privados y para la adquisición de vehículos eléctricos, y a actualizaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de Cercanías. El propio Moves III, aprobado el martes con 400 millones, cuenta con fondos europeos.

El Economista

• La región hace balance: 20.000 empresas menos y más de un millón de parados

El balance del año de la pandemia deja cifras muy negativas en Andalucía. A las más de 9.200 víctimas mortales y casi 500.000 contagios, se suman las duras consecuencias económicas que ha sufrido la región y que la convierten en una de las más afectadas de España.

En cifras concretas, la región ha perdido en estos 12 meses 20.000 empresas, lo que supone el 5% del total de su tejido productivo. Además, en 2020 la economía andaluza se contrajo un 11%, por encima incluso de la anterior crisis económica (2008-2013) cuando la caída del PIB fue del 10%.

“Lo que caímos en cinco años hemos caído en uno, la preocupación de los empresarios es muy profunda. Encaramos los peores años de nuestra historia reciente”, comenta a elEconomista Andalucía el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.

Como en el resto de España, lo sectores no esenciales están siendo los grandes perjudicados de esta crisis. El turismo, uno de los motores de la economía andaluza, ha sufrido pérdidas millonarias en estos 12 meses. Las pernoctaciones se deslomaron casi un 80% en el conjunto del año y las agencias de viaje han perdido el 95% de su facturación, la mayoría de estas empresas continúa sin poder desarrollar su actividad.

“Debemos seguir apoyando a la industria turística, es un sector capital y creo que no se la ha ayudado como merece, sigue urgiendo un plan de rescate específico”, destaca el presidente de los empresarios andaluces.

La hostelería también acumula pérdidas importantes con una caída de la facturación del 60% y el cierre definitivo de casi el 25% de las empresas del sector. El comercio no esencial, el sector de la cultura y el espectáculo, el transporte de viajeros, el ocio nocturno e infantil o los centros deportivos y gimnasios son otros de los sector que no han podido desarrollar su actividad con normalidad y que se ven afectados cuando se activan restricciones horarias o cierres temporales en los momentos más complejos.

Un total de 195.340 andaluces han perdido su empleo durante el primer año de pandemia
“La lista es tremenda y corresponde a todo lo que no se estableció como esencial, que es un criterio más político que real. La realidad es que ha habido muchas empresas que no han podido tener la recuperación económica que si han tenido otros sectores que han podido funcionar con relativa normalidad y que además lo han hecho excelentemente bien y con enorme compromiso en su desarrollo, como el sector agroalimentario, las farmacias, la logística, el transporte o los servicios financieros, pero otros desgraciadamente no han podido”, comenta el representante de la patronal.

Junto al cierre de empresas, el paro está siendo otra de las graves consecuencias económicas de la pandemia. En febrero de 2020 Andalucía registraba 806.764 desempleados, marcando así su mejor dato desde 2008. Justo un año después, la región cuenta con 1.002.104 desempleados, un 24,21% más. En total, la pandemia se ha cobrado hasta ahora el empleo de 195.340 andaluces.

Crisis inmobiliaria
Unas cifras que han devuelto a la región a los peores momentos de la crisis inmobiliaria de 2008 situando la tasa de desempleo de nuevo por encima del 20%. La situación empeora si se tienen en cuenta a las personas afectadas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte), situación en la que se encuentran todavía más de 121.000 trabajadores.

El pasado mes de febrero el paro volvió a subir en todos los sectores menos en la construcción, que logró bajarlo en 1.020 personas, convirtiéndose en una especie de oasis en medio del caos. El sector servicios lideró la subida con 6.169 nuevos parados, seguido de la Agricultura, con 5.420 más, el colectivo sin empleo anterior que sumó 3.271 y la industria que se incrementó en 578 desempleados más.

Por sexos, las mujeres siguen sufriendo peores consecuencias y acaparan 585.317 del total, frente a los 419.787 hombres. “Son unas cifras muy duras, que necesitan que sigamos luchando por la recuperación, para eso necesitamos una estabilidad que todavía no hemos alcanzado La crisis es transversal, se ha presentado sin libro de instrucciones, no es una crisis del sistema en si, pero se puede convertir en una crisis estructural si no se adoptan las medidas necesarias”, ha advertido González de Lara.

Los expertos apuntaban al segundo semestre del 2021 como el inicio de la recuperación económica, pero el lento ritmo de la vacunación está lastrando las previsiones. “La mejor política económica es la vacunación, mientras no se universalice la vacunación va a ser difícil hacer previsiones y predicciones. Necesitamos que coja el ritmo que todos deseamos, la realidad es que estamos en un 4% de inmunización de la población, a ese ritmo no alcanzamos la recuperación económica este año. Hace unos meses se hablaba de la inmunidad de rebaño y a este ritmo no la conseguimos, vemos como Reino Unido o Israel van a velocidad de crucero y nosotros seguimos muy retrasados”, subraya el presidente.

Una vacunación que marcará también la temporada turística veraniega, por lo que los empresarios insisten en la necesidad de aumentar el ritmo. “Tenemos que seguir insistiendo a los poderes públicos, a las distintas administraciones en que tienen que hacer un enorme esfuerzo para que la UE nos tenga en cuenta, porque se nos puede escapar la temporada turística del verano.”, concluye el portavoz de la patronal insistiendo en la importancia de aumentar el ritmo.

El Economista

• La inversión pública en protección medioambiental es un 47% menor que en la UE
• Sólo el 32% de los municipios disponen sistemas adecuados de depuración

España ya supera a Grecia en infracciones por baja inversión en materia medioambiental, un 47% inferior a la media de la Unión Europea. Gran parte de estos incumplimientos giran en torno a la gestión y tratamiento de los recursos hídricos. Nuestro país requiere de una inversión superior a los 5.000 millones de euros para mejorar el cumplimiento de las directivas y recomendaciones europeas y evitar sanciones millonarias.

La inversión pública en protección de medio ambiente en España, ronda los 24 euros por habitante, un importe un 47% inferior a la media de la Unión Europea, lo que ha hecho que el país ya supere a Grecia en número de expedientes de infracción abiertos por este bajo nivel de inversión.

La asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras Seopan, con motivo de la celebración este lunes 22 de marzo del Día Mundial del Agua y coincidiendo con los objetivos de la ONU de reducir en un 50% las aguas residuales sin tratar para 2030, ha recordado el conflictivo escenario español en lo que respecta a los recursos hídricos.

Solo el 32% de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes disponen de sistemas de depuración terciarios, incumpliendo así por más de 30 años las directivas que marca la Comisión Europea e incurriendo en la imposición de multas.

Asimismo, España es el país europeo en el que más varían las tarifas dependiendo del territorio, pudiendo incrementarse hasta en cinco veces el precio por metro cúbico de agua dependiendo de dónde se viva, ya que algunas Comunidades Autónomas repercuten el 100% de los costes del ciclo integral del agua a los consumidores y otras no lo hacen, a pesar de que la directiva lo impone.

Según las estimaciones de Seopan, la solución a todos estos problemas requiere destinar 1.600 millones para la gestión integral de recursos hídricos, con nuevas presas de reutilización de aguas residuales o estanques de tormentas, y otros 3.500 millones en medidas estructurales, destinadas a más de 190 actuaciones en depuración.

Además de cumplir la normativa europea, estas actuaciones permitirían que más de 2,1 millones de personas, en torno a 900.000 viviendas, se beneficien de esta depuración del agua, proporcionando un beneficio social medido por la mejora de la calidad ambiental del agua de 52,5 millones de euros cada año.

Aun con todo, España seguiría requiriendo de otras actuaciones clave para mejorar su infraestructura de agua, como la reposición de redes de distribución (depósitos y estaciones de bombeo y potabilización), que se calcula en 2.900 millones, o para prevenir la desertificación, sequía o inundaciones por otros 5.109 millones hasta 2033.

El Economista

• ElEconomista adelantó el plan del Gobierno con la inyección de 11.000 millones
• “Debemos tener cuidado para que las ayudas lleguen a quien tienen que llegar”
• La ministra contempla recapitalización de empresas y conversión de créditos

Según fuentes de Moncloa y del ámbito financiero, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, está por apostar que los 11.000 millones de euros que se destinen en el mes de marzo a pymes y empresas afectadas por el coronavirus sean en su mayor medida ayudas directas.

De momento, fuentes del ministerio que dirige la titular de Economía señalan que el trabajo que se está haciendo hasta ahora camina con prudencia, analizando medidas que son muy complejas, valorando junto al Banco de España y la banca, aspecto éste que matiza Moncloa. Y es que desde el Palacio gubernamental se insiste en que Nadia Calviño no quiere que esta crisis devenga en la crisis financiera de 2008, por lo que prevalece la prudencia y sobre todo, que la mancha de aceite de la crisis no se extienda a otros sectores.

En cuanto a la financiación, partiendo de que cualquier ayuda acabará aumentando el déficit -se habla de 1 punto de PIB-, el Gobierno estima que los 10.000 millones de más que se presupuestaron para la emisión de la deuda de 2021, y que finalmente, o al menos hasta ahora, no se van a utilizar, pueden servir para cubrir el paquete de ayudas de 11.000 millones de euros, por lo que el impacto neto de la deuda sería menor.

Algunos instrumentos
La vicepresidenta económica Nadia Calviño admitió este lunes en TVE que su ministerio, junto al Banco de España, valora varios instrumentos para ayudar a las empresas afectadas por el coronavirus -en el nuevo paquete de medidas de 11.000 millones que serán aprobadas en marzo-. Entre ellas contempla la recapitalización de las empresas y la conversión de créditos en otros instrumentos de capital. Calviño precisó que “no se trata de dar más créditos”, sino de analizar ayudas directas.

Además, la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, cifró este lunes en más de un 2% del PIB las ayudas directas comprometidas en lo que va de año, tras el 5% del PIB destinado el año pasado.

Las CCAA
Calviño explicó que el Ejecutivo sigue analizando un conjunto de instrumentos distintos para reforzar la acción de las comunidades autónomas, tras la transferencia de 16.000 millones el año pasado y los 8.000 millones del ejercicio actual, y viendo qué otros instrumentos se pueden utilizar para reforzar los balances de las pequeñas y medianas empresas, en línea con el instrumento de la SEPI para reforzar el capital de las grandes empresas de sectores estratégicos.

En este sentido, detalló que se trabaja con las entidades financieras para reforzar la solvencia de las empresas más pequeñas y ha valorado el papel “muy importante” que han jugado los bancos en la crisis desde marzo de 2020.

Los bancos como apoyo
“Tienen que seguir siendo parte de la solución, si no actuamos de forma concertada y no utilizamos la experiencia y los conocimientos no lograremos el objetivo común”, remarcó la ministra, recordando que las entidades tienen una mejor capacidad para valorar la solvencia de las empresas y qué instrumentos son más eficaces.

De igual forma, señaló que el Ejecutivo y el gobernador del Banco de España están “absolutamente alineados” en sus análisis desde el inicio de la crisis, y mantuvo que se comenzó actuando con “mucha rapidez” para prevenir y anticiparse, por lo que ahora toca volver a poner en marcha los instrumentos necesarios “antes de que se desencadene un problema masivo de solvencia”.

“No se trata de dar más créditos, ya lo hicimos en noviembre ampliando el programa, ahora analizamos ayudas directas”, precisó Calviño, quien, no obstante, ha hecho hincapié en que ya se dan ayudas directas al asumir el Estado los salarios de los trabajadores o las cotizaciones de los autónomos, al tiempo que se han reducido costes empresariales al ampliar el plazo de carencia de los créditos del ICO.

En cualquier caso, insistió en que hay que evitar que en España suceda como en otros países en los que se ha dado dinero a las empresas y estas han acabado cerrando.

El Economista

• El año pasado se crearon 80.134 nuevas empresas, niveles de 2010
• Las extinciones sumaron un total 28.046, un 10,2% menos que en 2019

En 2020, la hostelería y la construcción han sido los sectores en que más ha caído la creación de empresas, frente al aumento de constitución en la agricultura y comercio. No obstante, ya son cinco años seguidos en los que construcción y servicios inmobiliarios mantienen el 20% del total de sociedades de nueva creación, aunque han sido dos de los sectores, junto con la hostelería, que mayores retrocesos han sufrido.

Así, se pone de relieve en el Anuario de la Estadística Mercantil, elaborado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, según el cual un 44,7% de las nuevas constituciones de empresas se reparten prácticamente por igual entre el comercio y otros servicios (no financieros, inmobiliarios o de comunicaciones), un 9,4% pertenecen a la hostelería, frente al 10,4% que representaba el año anterior, y casi el 21,6% (22,91% en 2019) se lo reparten la construcción y los servicios inmobiliarios.

Por el contrario, ha aumentado la proporción de constituciones en sectores como alimentación, comercio y transporte y almacenamiento. Destacan también el aumento de la agricultura, que pasa del 2,71% en 2019 a representar el 3,13% en 2020, así como el comercio, que aumenta su cuota en 1,5 puntos porcentuales en 2020 sobre el año anterior.

Una caída muy fuerte
El Colegio de Registradores confirma que la pandemia del Covid-19 ha afectado de forma significativa a la mayoría de las magnitudes analizadas. Así, la constitución de sociedades mercantiles en 2020 disminuyó el 15,5% sobre 2019 alcanzando las 80.134 nuevas empresas y retrocediendo hasta niveles de 2010, perdiendo el soporte alcanzado en 2014 en torno a las 94.000 constituciones, y muy por debajo de sus máximos históricos, situados alrededor de las casi 150.000 constituciones de 2006.

Por CC.AA., en términos de volumen de nuevas empresas constituidas, durante 2020 y respecto al año anterior, todas las CC.AA. muestran una evolución negativa, disminuyendo más en Ceuta y Melilla (-22,0%), La Rioja (-21,6%), Castilla y León (-20,9%), y Aragón (-19,0%).

La relación entre constituciones societarias y magnitudes macroeconómicas, como el PIB nacional, la formación bruta de capital fijo y, como subcomponente de ésta, la inversión en bienes de equipo, se puede observar en la tabla anterior.

La desaceleración de la actividad era clara desde 2017, y el efecto de la pandemia en 2020 ha sido manifiesto y claro provocando un fuerte descenso en la actividad económica.

La inversión en maquinaria y la formación bruta de capital fijo sufren un retroceso del 4,1% y del 9,7 respectivamente, acompañando a una disminución del 15,5% en el número total de sociedades constituidas, reflejando el menor interés por iniciar nuevos proyectos empresariales. El PIB, que ya venía ralentizando su crecimiento en los dos últimos años, disminuye el 8,5% en los resultados provisionales de 2020.

Formas societarias
En 2020 las Sociedades Limitadas mantienen, un año más, su predominio absoluto, llegando al 98,7% del total, mientras que las sociedades anónimas mantienen el 0,4% del total de constituciones, porcentaje similar al año anterior.

Con relación a las nuevas formas societarias definidas en la Ley 14/2013, de Emprendedores, se han inscrito durante 2020 en los registros mercantiles 13 emprendedores de responsabilidad limitada (10 en 2019), y 107 sociedades limitadas de formación sucesiva (126 en 2019), por lo que se mantiene la escasísima repercusión en la actividad empresarial de estas tipologías empresariales.

Plazos de tramitación
El plazo medio de tramitación para constituir sociedades de forma presencial, entendiendo dicho plazo desde la solicitud de admisión del nombre previsto en el Registro Mercantil Central, pasando por la escritura de constitución ante notario, hasta la inscripción en el registro mercantil, fue en total de 62 días, de los cuales 7,4 días (7,6 en 2019) corresponden al período que transcurre entre la presentación y la inscripción en el registro mercantil correspondiente.

La tramitación telemática, considerando los mismos pasos anteriores, supuso 41 días y solo 5 días (4,9 en 2019) entre la presentación y la inscripción en el registro mercantil provincial correspondiente.

Extinciones y concursos
Las extinciones inscritas en 2020 fueron 28.046, un 10,2% menos que en 2019, llegando a suponer un 35% la proporción de extinciones sobre constituciones durante el año pasado.

Por CCAA, si comparamos 2020 con los mismos datos del año anterior, las extinciones descienden en todas las regiones, a excepción de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Los mayores caídas se producen en Castilla–La Mancha (-50,5%), La Rioja (-26,0%) y Asturias (-22,3%).

Los concursos de acreedores habían repuntado ligeramente desde 2018 (3,7% en 2018 y 0,5% en 2019), después de varios años con descensos en torno al 20%, ralentizados hasta el 9% en 2017. En 2020 se alcanzan las 3.428 operaciones, un 5,6% menos que el año anterior, afectado por la llamada “moratoria concursal” del RDL 16/2020, que permitía entre otras consideraciones, que las sociedades en dificultades pudieran retrasar el deber de solicitar el concurso hasta el 31 de Diciembre de 2020.

No obstante, se mantiene, desde hace cinco años, un suelo estable en el número de concursos, alrededor de los 3.500 anuales, muy lejos por tanto de los más de 8.000 del máximo histórico producido en 2013. La situación financiera real de las empresas en 2021 deberá reflejarse con más claridad en el número de concursos una vez vayan finalizando las medidas económicas excepcionales motivadas por la pandemia.

Los Acuerdos Extrajudiciales de Pagos sobre sociedades mercantiles tramitados a través de los RR.MM., según lo previsto en la ley 14/2013 y el Real Decreto-ley 1/2015, han registrado 337 expedientes en 2020 (285 en 2019), estando a la cabeza Madrid con 62, seguido de Cataluña con 58 y Andalucía con 32.

Depósitos de cuentas
La campaña de presentación de cuentas de 2020, correspondiente a cuentas anuales del ejercicio 2019, vuelve a estar marcada por la evolución de la pandemia, que ha supuesto la ampliación del plazo de presentación de las cuentas anuales hasta el 30 de noviembre, lo que ha provocado una dilatación en el plazo de presentación hasta el mes de octubre, y una disminución del número total de depósitos presentados durante el año.

En cuanto a volumen de depósitos, y respecto al mismo periodo del año anterior, se observan de nuevo caídas en todos los territorios, siendo más importantes en Cantabria (-34,0%) y Cataluña (-20,9%).

El Economista

• De aplicar esta medida todas las empresas, el gasto oscilaría entre 20.000 y 27.000 millones
• El golpe procedería de condonar toda la deuda a las firmas viables pero con problemas de solvencia

La banca es rotunda en su rechazo -cada vez más público- a que el Gobierno decida aplicar quitas a los créditos avalados por el ICO para aliviar la deuda de empresas, pymes y autónomos. El sector financiero español afrontaría unas pérdidas de hasta 5.500 millones de euros si el Ejecutivo decidiera condonar el cien por cien de la deuda a las compañías viables pero con problemas de solvencia.

En esta situación, y según fuentes financieras, el 20% de los solicitantes de los préstamos ICO pasan en la actualidad por problemas de solvencia. Así, de los 115.000 millones de euros que se han dado para otorgar liquidez a la compañía, la banca ha asumido más de 27.800 millones. El temor del sector es que Moncloa decida aplicar quitas de hasta el cien por cien de la deuda a estos clientes, lo que le dejaría un agujero de más de 5.500 millones en sus balances que tendrían que cubrir con sus propios recursos.

A pesar de la millonaria cifra, el golpe sería asumible para el sector, según fuentes de toda solvencia. Cabe recordar que tan solo los seis bancos que están en el Ibex han realizado provisiones a lo largo de 2020 para cubrir los futuros impagos que les entren por la pandemia por un total de 8.350 millones de euros, cuantía suficiente para amortiguar el golpe de las quitas a los ICO. Sin embargo, la banca no solo afronta los impagos que les lleguen a través de estos avales, también todos los procedentes del resto de préstamos que tienen en cartera, en un escenario en el que las familias afrontan situaciones de ERTEs y desempleo y la mayoría de las compañías han visto rebajada su facturación por la menor movilidad y la caída del consumo.

A pesar de la negativa de la banca a la condonación de deuda, desde el sector financiero reconocen a eE que poco pueden hacer al respecto porque más allá de los intentos de negociación con el Ejecutivo, será este quien tenga la última palabra en la decisión. El presidente del Sabadell, Josep Oliu, mostró este miércoles su preocupación respecto a las quitas afirmando que provocaría un incentivo de cara al resto de los clientes para dejar de pagar las deudas, una postura que ya habían advertido días atrás otras voces del sector financiero.

Entretanto, a falta de que el Gobierno mida cuál es el porcentaje de ICOS que no se pagan, y determine el riesgo total de las quiebras en las empresas, expertos consultados estiman que el paquete de ayudas adicionales de 11.000 millones de euros anunciado este miércoles por Pedro Sánchez es una cantidad insuficiente, un parche a costa de la banca, porque solo si se tuvieran que aplicar el 100% de las quitas, la cifra necesaria oscilaría entre 20.000 y 27.000 millones de euros, teniendo en cuenta, que el aval de las entidades financieras es del 20 al 30%.

¿Cuándo se pagan los avales?
Desde el sector financiero se hace hincapié en cómo ha de ser el criterio de quitas -si se diera-, para evitando en todo momento cometer arbitrariedades e injusticias. ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, pone el foco en este aspecto lanzando una pregunta: ¿quién fija cuando una empresa es viable y cuando no, y quién puede adivinar si, pasada la pandemia, la empresa o pyme que ha sido desestimada de las ayudas del ICO, no se puede volver a recuperar?

Otra de las cuestiones importantes que se formula desde la banca es cómo se plantea el Gobierno que las entidades asuman un riesgo que no está recogido en las reglas del juego consensuadas en el acuerdo de los avales ICO. La preocupación por tanto es cuándo se ejecutan los avales por parte del Estado, partiendo de la base de que ese aval cubre el riesgo del préstamo, pero no los intereses ni el decalaje temporal.

En opinión de los expertos, la decisión de aplicar quitas a través de los avales del ICO -en el marco de las ayudas de Estado- genera falta de competitividad, lo que es “perseguible por parte de las empresas que se pueden preguntar hasta qué punto se puede perjudicar a una empresa o pyme, y a otras no”. La prioridad, advierten, es mantener a flote las empresas, sorteando que una crisis prolongada, más allá del verano, haría que el 20% de las empresas fueran insolventes.

¿Lo pagará Europa?
La diputada del Partido Popular Elvira Rodríguez justificó que esos 11.000 millones de ayudas se dan gracias a la cláusula de salvaguarda de la UE. En su opinión, el Gobierno está diseñando estas ayudas para que al final lo pague Bruselas vía los fondos de Recuperación. Rodríguez defiende las ayudas directas y ve perjudicial para la economía española la política de quitas.

Por su parte, el secretario de Economía del PP, Daniel Lacalle, subrayó que “Sánchez se ha inventado un plan de ayudas inexistente para disfrazar el hachazo fiscal a autónomos y el abandono a las empresas”.

El Economista

La crisis sanitaria producida por el COVID-19 está siendo muy cruel y difícil de combatir por parte de las autoridades, el sector sanitario y la sociedad en general.

La estamos sufriendo en muchos aspectos, pero quiero poner de relieve nuestro sector, el de la construcción. Debemos ser uno de los motores de la recuperación económica de nuestro país. Y debemos serlo desde ya; mientras luchamos contra la pandemia.

Hemos sido respetuosos con las decisiones impuestas, acatándolas aun cuando no se nos ha consultado. No las hemos discutido en el fondo, aunque si hemos manifestado nuestro desacuerdo en la forma. Sobre todo, por la falta de información. Por la precipitación en la comunicación de las decisiones. Por la imposición de parar la actividad totalmente un domingo a las 10 de la noche, y la autorización de volver parcialmente, de nuevo a falta de muy pocas horas de empezar la jornada.

Un sector que en condiciones de normalidad supone un 10 % del PIB del país, se merece más respeto. Nuestros trabajadores y nuestras empresas, que serán protagonistas en la reactivación de la economía, debían haber estado más presentes en la toma de decisiones, o al menos en la forma de ejecutarlas.

Para volver a ser productivos necesitamos que las administraciones nos tengan en cuenta, y que si no nos apoyan como deberían, al menos dejen de ponernos trabas en el acceso al material de seguridad para nuestros trabajadores, en el acceso a la financiación que tanto anuncian pero que no llega y en torno a toda la maraña legal que se está generando, que a menudo dificulta más que ayuda al desarrollo de nuestra actividad: el diseño y la construcción de infraestructuras.

No necesitamos recibir subvenciones, necesitamos que nos permitan trabajar. Pero en estos momentos, la financiación es clave. Las empresas necesitamos soporte financiero para hacer frente a nuestros gastos, en un escenario donde la ejecución de obra se ha visto ralentizada, y por tanto disminuida la producción, sin que ello haya implicado una reducción de nuestros costes. Necesitamos medidas extraordinarias de apoyo y las necesitamos ya.

Es necesario reactivar la licitación pública con carácter inmediato. Más de un mes sin tramitar licitaciones van a traer una nueva paralización en la conservación y construcción de infraestructuras que tendrán consecuencias a lo largo de todo el año. Iniciemos ya el camino de la recuperación.

El Economista

Hace tres años se hizo cargo de esta organización cuando las licitaciones públicas apenas existían. Ahora lucha por dignificar un sector que ha salido de la crisis más pequeño pero fortalecido y con la lección aprendida.

¿Qué tal se ha comportado el sector en 2019? ¿Han crecido las licitaciones públicas?

Aún no están cerrados los datos definitivos, pero en comparación con el año anterior va a haber un cierto crecimiento en el volumen de adjudicación sobre los 1.800 millones del año anterior. Se han producido algunas adjudicaciones de infraestructuras de gran tamaño, y eso desvirtúa la estadística, en el sentido de que son pocas actuaciones, al ser pocas empresas las que van a ejecutar, aunque en volumen de inversión aumenta mucho.

En cualquier caso, la cifra seguirá muy alejada de los 2.500 euros que Ceacop considera el mínimo de inversión anual en Andalucía… Hay que darse cuenta de que en Andalucía ya tenemos un parque de infraestructuras grande, y ahora el presupuesto que hay que destinar para mantener esas infraestructuras absorbe mucha cantidad de recursos. Entonces, a eso hay que sumarle siempre un poquito más para seguir avanzando y acabar de desarrollar determinados sistemas de comunicación en áreas metropolitanas. Estimamos por eso que entre 2.500 y 2.800 millones es la cifra óptima para mantener la inversión. Además, con eso se conseguiría mantener una población estable trabajando en el sector, porque nuestra tasa de paro sigue estando muy por encima de la española.

¿Qué administraciones han licitado más?

Este año ha vuelto a recuperar el impulso la Administración central desde las grandes infraestructuras de comunicación. Luego, están los ayuntamientos, y la menor inversora ha sido la Junta. El orden lógico sería Estado, Junta de Andalucía, ayuntamientos y diputaciones. Durante los últimos tres años, los ayuntamientos son los que han tirado del gran volumen de inversión en Andalucía, pero ya, por fin, los ministerios han vuelto a coger el mando.

En una década pasamos en Andalucía de 7.000 millones en inversión en el año 2006 a sólo 700 millones en 2016, año que tocaron fondo. ¿Cree que desde entonces la evolución es satisfactoria? Es francamente mejorable. Hemos estado arrastrándonos por el fondo varios años y ahora intentamos salir. Nos alarman en cierta medida varios asuntos. Primero, en el caso del sector privado, la recuperación o reactivación del sector de viviendas privadas llevaba ya dos años moviéndose a buen ritmo, pero desde verano se ha parado. No se han anulado proyectos, pero ya no se tiene tanta prisa por sacarlos. Hay una cierta ralentización, que no paralización. Y en el caso de las administraciones, necesitamos una mayor inversión y apuesta por infraestructuras y equipamientos públicos.

Hay nuevo Gobierno PSOE-Podemos. ¿Qué expectativas tiene?

El nuevo Ministerio nos crea cierta intranquilidad, porque ha perdido hasta su nombre. Ya no es Obras Públicas o Fomento. Es Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ni Vivienda aparece en el nombre. Esto da idea que este Gobierno, al igual que el de la Junta, sin hacer distinciones entre partidos políticos, pone su máxima prioridad de inversión en Sanidad, Educación y en Políticas Sociales, y eso es bueno. Pero olvidan que las infraestructuras que hacemos cubren esas tres patas. Cualquier colegio necesita el continente o edificio y el sistema urbano que va alrededor del mismo. Igual pasa con los hospitales o la asistencia social, que se desarrolla en un territorio.

Se cumple un año del nuevo Gobierno andaluz. ¿Se ha notado algo?

Mucho nos tememos que el problema es que no hay el suficiente presupuesto que realmente necesita la sociedad andaluza. Hay un cambio de planteamiento con este nuevo gobierno y hay cosas que han cambiado. Hay algunas gestiones que se han mejorado y otras muchas que siguen igual y son muy mejorables. Nosotros siempre tenemos, por ejemplo, una gran cruzada con el Canon del Agua. ¿Por qué? Pues porque es dinero que se recauda todos los meses y es dinero que está ahí disponible para que nosotros podamos trabajar, que es lo que queremos. Y además, sirve para favorecer el medio ambiente, para evitar que nos multen en Europa, y para crear empleo. ¡Pero es que el dinero está ahí y no se usa!

El actual Gobierno andaluz dice que había un desfase del ejecutivo anterior. Pero ¿por qué no está ejecutando esos planes ya? La explicación que nos han dado en la Consejería, en la Dirección General del Agua, es que lo primero que han hecho cuando han llegado es ver qué había realmente. Qué necesidades hay -son 300 actuaciones las declaradas de Interés General- y en cuáles hace falta actuar y cuáles son las más urgentes. Es que esto también es un maremágnum. Se construye desde la Junta de Andalucía, pero después se entrega y se explota en los ayuntamientos, y luego estos son los que tienen que facilitar los terrenos. Por lo tanto, el entendimiento entre administraciones siempre es complicado. Y esto, a la hora de gestionar una infraestructura, ocasiona dificultades y retrasos. Entonces, la gestión es francamente mejorable. La idea es darles un voto de confianza a los actuales gestores para ver si desbloquean la situación. Estos tienen muy buena intención, pero la situación es la que es y no acaban de hacerlo a la velocidad que nosotros necesitamos.

Ustedes consideraron el anterior Plan de Infraestructuras, el PISTA, como una “tomadura de pelo”. Ahora el nuevo Gobierno ha presentado el PITMA 2021-2027. ¿Qué opinión les merece?

Hemos pedido varias veces a la consejera poder participar en la redacción de este plan. O al menos aportar nuestra óptica. Y nos han dicho que lo van a hacer ellos con sus medios y que luego, cuando lo aprueben, nos lo harán llegar para que nosotros podamos opinar e interpretar. ¿Qué pedimos nosotros de ese plan? Pues lo que pediría cualquier ciudadano responsable como tal y como empresario: que la planificación se haga con lógica. Que sea desde el punto de vista técnico y no por ocurrencias políticas. Porque luego se cambia de equipo de gobierno o de partido y no se termina lo que ya hay sobre la mesa, sino que se inventa otra cosa totalmente distinta. Vamos a tener claro qué es necesario para Andalucía y vamos a ejecutarlo, sin interferencia política. Hay un ejemplo que a mí me saca de mis casillas y es la conexión ferroviaria de Sevilla con Granada y Málaga, en media distancia. En octubre de 2018 hubo unas lluvias torrenciales y las consecuencias fueron, entre otras, que el temporal se llevó por delante un puente ferroviario en El Rubio (Sevilla). Se ha construido ya ese tramo con una obra que está lista y que tiene el visto bueno de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. y no se pone en marcha por la falta de acuerdo político entre el Gobierno y la Junta… Y los miles de usuarios teniendo que bajarse del tren para coger autobuses… ¡Seamos responsables, por favor!

Hablemos de prioridades técnicas. ¿Tiene Ceacop una lista de obras básicas que no se acometen en Andalucía?

Claro. Antes le hablaba del Plan de Depuración y Saneamiento con cargo al Canon del Agua. Por otra parte, a día de hoy, en pleno siglo XXI, hay niños que siguen acudiendo a colegios con aulas prefabricadas o caracolas. Esto da un poco de repelús. Construyamos colegios. También hay edificios de las administraciones, en nuestra tierra, que están en desuso. Vamos a darles un lavado de cara y actualicémoslos. Hay hospitales que también se deben mejorar. O ese hospital que hay en Huelva y que no se pone en uso porque le faltan dos rotondas, desde hace dos años. En todas las provincias hay algo que acometer. Y además hablamos en muchas ocasiones de inversiones mínimas.

¿Y en cuanto a grandes proyectos? ¿Cuáles son prioritarios?

Sobre todo, para Sevilla y su área metropolitana, aunque para el resto de Andalucía influye menos, y que mejoraría sus comunicaciones con Huelva, Cádiz y el resto de España, la SE-40. Con túnel o con puente, pero lo que sea ya. Lo que no puede ser es que haya una obra adjudicada desde hace diez años y que aún hoy no sepamos si vamos a ir por arriba o por debajo del río. Es como el Metro de Sevilla, ¿metro por arriba o por abajo? Por donde quepa y lo que el dinero nos permita. Pero hacer estas infraestructuras ya.

¿Veremos algún día la conexión ferroviaria del Puerto de Algeciras con Europa por el Corredor Mediterráneo?

El corredor del Mediterráneo es un proyecto europeo, uno de los ejes ferroviarios de transportes de mercancías más importantes de toda la UE. Conectará el sur de España con Centro Europa. Un corredor que ahora muere en Almería. Moría en Murcia hace cuatro años, y ahora se ha prorrogado a Almería. Pero de Almería a Bobadilla aún queda mucho. En Andalucía se ha desarrollado una línea de Alta Velocidad que puede utilizarse en parte para mercancías en el corredor del Mediterráneo. Pero las necesidades de las líneas de pasajeros y de mercancías, a veces no son compatibles al 100%. Y desde luego lo que no tiene razón de ser es que la conexión entre Algeciras y Bobadilla no se haya modificado desde el siglo XIX. Siguen siendo trenes diésel.

Los empresarios del Levante se han movilizado mucho para conseguir ese Corredor hasta Murcia. ¿Nos falta más presión a los andaluces? Mi impresión es que sí. Envidio la plataforma valenciana del Corredor del Mediterráneo, porque han conseguido en poco tiempo que allí sea una realidad. Es cierto que ellos tienen una posición más privilegiada y nosotros somos más perifería pero precisamente por eso deberíamos como empresarios tomar ejemplo y copiar el modelo.

Una infraestructura polémica: la carretera que iría junto a Doñana, para unir Cádiz y Huelva. ¿Qué opina Ceacop? Técnicamente es posible. ¿Compensa económica y socialmente? Desde mi opinión no. Si la SE-40 estuviera terminada, la conexión hasta Huelva y Cádiz por ella supondría 15 o 20 minutos más de trayecto, que una conexión directa a la altura que la pongas. Y, además, debes cruzar el Guadalquivir, antes o después del Parque. Al final, tendrás más o menos dificultades con el mundo animal y vegetal. Por lo tanto, no merece la pena esa inversión.

Ahora que hemos tenido la Cumbre del Clima, ¿se ha aparcado ya la idea de las constructoras enfrentadas al medioambiente? Yo creo que las constructoras siempre hemos sido más ecologistas que los que esgrimen la bandera del ecologismo. Muchísimo más. Lo que pasa es que la sociedad siempre nos ha visto como el malo que destruye el medio ambiente. Pero luego el ciudadano es el primero que utiliza lo que nosotros construimos. Nosotros siempre hemos sido bastante cuidadosos en la ejecución de nuestras obras. Siempre es mejorable todo, claro. En todos los proyectos hay algo que se llama restauración paisajística, es decir, dejar el entorno tal y como te lo has encontrado, sin basuras o desperdicios. Esa etiqueta pues que nos ha puesto la sociedad de que somos los malos, es falsa.

¿Cuántas empresas y empleo tiene el sector en Andalucía? Estamos entre los 100.000 y los 130.000 puestos de trabajo que genera directamente. Nosotros tenemos en nuestra asociación 250 empresas. Ha habido muchas empresas que han cerrado con la crisis, pero otras empresas pequeñas, que consiguieron cobrar deudas pendientes con la Administración gracias al Plan de pagos a proveedores, han conseguido mantenerse. El problema es que si se para ahora el sector privado y el público no tira lo suficiente, las empresas no tenemos ya nada que cobrar. Llevamos diez años con una actividad mínima.

El año que viene hay elecciones en Ceacop. ¿se presentará de nuevo? Todavía es pronto. Yo no soy empresaria, soy la voz de ellos. Yo siempre estaré a lo que ellos quieran. Si no lo estiman oportuno, yo daré un paso atrás y volveré a la gerencia y se volverá a tener a un empresario al frente.