El Economista

• Hay países oportunidades más atractivas que el 2,3% de España
• Moncloa no responde al sector y persiste en limitar la rentabilidad

El plan estrella del Gobierno en materia de concesiones, focalizado en el desarrollo de carreteras, corre el riesgo de fracasar antes incluso de adjudicar los proyectos debido al límite a la rentabilidad que impone la normativa vigente y que el Ejecutivo se enroca en mantener pese a las reiteradas peticiones de las empresas.

“No vamos a ir al PIC (el Plan Extraordinario de Carreteras) y hay muchas posibilidades de que los concursos queden desiertos”. Con estas palabras resume el sentir general del sector de la construcción el presidente de una de las grandes compañías, que observan oportunidades mucho más atractivas en otros mercados de Europa, Latinoamérica y Norteamérica.

El plan lleva cuatro años entrando y saliendo de los cajones del Ministerio de Transportes y las organizaciones que representan a las constructoras han reclamado a los sucesivos gobiernos una modificación reglamentaria que permita esquivar la limitación que fija la Ley de Desindexación de la economía española. Esta norma marca una rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos. Con la última subasta el nivel se sitúa en el 2,35%, antes de impuestos, muy lejos de los rendimientos que ofrecen proyectos en países como Estados Unidos y Colombia.

Con esa rentabilidad, los fondos de inversión ya se han descartado para participar en la financiación de los proyectos del plan de carreteras, mientras que a los bancos también les resulta prácticamente inviable. Sin ellos, las constructoras tendrían que disponer de recursos propios para unos contratos con retornos exiguos y que, además, contienen riesgos a largo plazo -los contratos contemplan un periodo de 25 años- al establecer un indicador de demanda sobre el canon total y al no estar ligados a la inflación, como obliga la Ley de Contratos del Sector Público.

Ahora bien, existe una vía para atraer a las constructoras, al menos a algunas: elevar la rentabilidad en el contrato de obra con unos presupuestos menos ajustados de lo que suele ser habitual en las licitaciones públicas. Esto podría propiciar que haya empresas con necesidades específicas, como la de incrementar su cartera o por cuestiones comerciales -Transportes, a través de sus empresas públicas y áreas, es el principal contratista de España-, que decidan concurrir. Pero, en todo caso, la expectativa del sector es que de haberla, la participación sería muy reducida.

Hasta que el Gobierno publique los pliegos de contratación la decisión por parte de las constructoras puede cambiar, pero la mayoría de compañías consultadas asegura que en este momento ni siquiera están mirando los primeros proyectos que están próximos a ser licitados. Altos cargos del ministerio que acaba de asumir Raquel Sánchez -en sustitución de José Luis Ábalos- confirman a este diario que la posibilidad de modificar la limitación a que obliga la Ley de desindexación ha sido rechazada por el Ministerio de Hacienda, cuidadoso con comprometer inversiones que se conviertan en deuda a futuro. De hecho, las mismas fuentes indican que si, llegado el caso, los proyectos no reciben el respaldo del mercado, podrían instrumentarse en el futuro a través de contratos de obra por la vía presupuestaria.

La tasa de los fondos de la UE
Seopan, la organización que engloba a las grandes constructoras, y Anci, patronal de las no cotizadas, han visto cómo sus alegaciones al primer proyecto -el Gobierno ha aprobado ya el estudio de viabilidad de la concesión de la A-7 Crevillente-Murcia- han caído en saco roto. Más de tres meses después de presentarlas -lo hicieron a comienzos de abril- Transportes ha dado la callada por respuesta, si bien desde el Ministerio aseguran que la darán próximamente. Las dos principales demandas se centraban precisamente en la mejora de la rentabilidad -una petición que se extiende a otros ámbitos susceptibles de desarrollarse con concesiones como el agua y los hospitales- para situarla en niveles de entre el 4% y el 6,5% y en la vinculación de los contratos a la inflación. “Estamos esperando la respuesta del Ministerio”, señala Concha Santos, presidenta de Anci, pero “el sentir general es que no salen los números”.

Recientemente, en una entrevista con elEconomista, el consejero delegado de OHLA -la nueva OHL-, José Antonio Fernández Gallar, ya expresó que la compañía que dirige no participará en los primeros proyectos del PIC. Ejecutivos de otras grandes constructoras, y también de las medianas, admiten en privado que no prevén ofertar.

Desde el sector recuerdan que el Real Decreto Ley 36/2020 sí ha abierto la puerta a que en los proyectos concesionales ligados a los fondos Next Generation la rentabilidad mejore hasta acercarse al 4% -bono del Tesoro a 30 años, que se situó en el 0,98% en la última subasta, más 300 puntos básicos-. Esta tasa sí abriría la puerta a una mayor competencia. Existen, por tanto, alternativas. No en vano, a diferencia del PIC, las constructoras sí ven con mayor interés el plan de carreteras en régimen de concesión de Aragón. Una distinción que se debe, según explican en el mercado, a que este programa “actualiza año a año el canon anual”, lo que limita drásticamente los riesgos que sí tiene el plan nacional.

El Economista

• Solo el 9% de los trabajadores de la construcción tiene menos de 30 años
• La construcción industrializada, la mejor vía para seducir al 40% de paro juvenil

Los gustos, aficiones, pasiones o intereses de las nuevas generaciones se encuentran muy alejados de la construcción, un sector sin apenas relevo generacional y con mano de obra envejecida, donde la mayoría de sus trabajadores supera los 40 años (con media de 46) y otros muchos están a las puertas de la jubilación. Los jóvenes prefieren apostar por otro tipo de profesiones, como por ejemplo los relacionados con los servicios, y huyen de la construcción, donde solo el 9% de sus empleados son menores de 30 años.

El punto de partida comenzó en la crisis económica de 2008, donde la construcción fue uno de los sectores más afectados. Llegó a perder casi dos tercios de sus afiliados a la Seguridad Social, pasando de 2,8 millones a 700.000. Esta sangría provocó un sentimiento de rechazo entre los jóvenes, que decidieron apostar por otro tipo de formación académica. Buena prueba de ello se encuentra en que en la última década, el número de alumnos que cursan estudios de FP, de la rama de Construcción u Obra Civil, ha caído un 50%.

El sector alerta de que falta mano de obra cualificada relacionada con los estudios adaptados a las tecnologías actuales. Se necesita mejorar la imagen del sector y atraer el talento joven para que la construcción vuelva a ser una opción laboral para muchos de ellos. “Los jóvenes prefieren trabajar en el sector servicios antes que ir al de la construcción, con jornadas duras, con poco descanso y peor remunerados”, indica Fernández Alén, presidente de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción), durante una entrevista en la cadena COPE.

Ahora mismo, la construcción emplea a 1,2 millones, pero con la llegada de los fondos europeos se necesitarán 2 millones de trabajadores. Sin duda un problema, ya que ahora mismo no se sabe de dónde van a sacar esas 800.000 personas. Muchos llegarán, o están llegando ya, de sectores, como turismo, hostelería, restauración o transporte, que decidieron prescindir de sus empleados debido a la crisis del coronavirus. Pero con los jóvenes es otra cosa, y es que ni siquiera el 40% actual del paro juvenil provoca un mínimo de interés en la construcción.

Desde el sector hacen un llamamiento para encontrar trabajadores de este perfil. “Buscamos a nuevos profesionales adaptados a las nuevas formas de construir, como por ejemplo los relacionados con la energía eólica, fotovoltaica, aplicaciones de realidad virtual 3D o tecnología BIM, que hace que tiendan la mano al desempleo juvenil”, señala Fernández Alén. “La construcción no solo es arena, carretilla, sino modernidad, sostenibilidad, maquinaria y tecnología. Ofrece una carrera estable a largo plazo y un sueldo bien remunerado, muy por encima del SMI”, apunta.

Construcción industrializada
Una alternativa que pueda llamar la atención de los jóvenes está en la construcción industrializada. Se presenta como una opción a la construcción tradicional, utiliza procesos y técnicas innovadores y sobre todo se caracteriza por la producción en taller de componentes que se transportan a su ubicación final para su ensamblaje. Se trata de un concepto diferente al de la construcción tradicional en el que prácticamente se produce todo en el sitio. Es lo que se conoce como construcción offsite.

La construcción industrializada es un sistema seguro, rentable y rápido de instalar además de sostenible desde el punto de vista medioambiental. No depende de la climatología ya que los elementos a ensamblar se fabrican en taller y no al aire libre, y la siniestralidad laboral es mucho menor ya que las condiciones en el entorno de trabajo son mucho más seguras. De momento no está muy desarrollada en nuestro país, puesto que los edificios de nueva construcción apenas llegan al 1%, mientras que en Europa rozan ya el 50%.

El Economista

• Nuestro país recibirá en julio los primeros 9.000 millones por adelantado
• Declan Costello se muestra confiado en que el Gobierno cumpla sus compromisos

España tendrá que llevar a cabo la reforma laboral antes de que finalice este año. Este es el compromiso al que ha llegado el Gobierno con Europa para recibir las primeras ayudas de 19.000 millones del plan de resiliencia y transformación, de los cuales 9.000 millones se esperan para finales de este mes de julio. El subdirector general de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Declan Costello, así lo asegurado en las I Jornadas Next Generation organizadas por elEconomista.

Costello se ha mostrado confiado en que nuestro país logre sacar adelante los cambios comprometidos en el marco laboral para que puedan ser entregadas todas los fondos del programa, tal y como ya ha acordado con la reforma de las pensiones. “Vamos a monitorizar que todos los hitos se cumplen que España avance en su recuperación”, ha indicado el mandatario europeo, quien ha matizado que será Bruselas flexible en su vigilancia y permitirá retrasos en los compromisos adquiridos.

El subdirector de Asuntos Económicos ha explicado que el próximo 13 de julio los ministros de Finanzas de la UE se sentarán para los proyectos presentados por los países, entre ellos el español, con el fin de que a finales de mes se hagan las primeras entregas por adelantado. España, por tanto, percibirá 9.000 millones. Otros 10.000 millones llegarán en diciembre. Será entonces cuando Bruselas examine las reformas llevadas a cabo por nuestro Gobierno. En la primera mitad de 2022, enviará la CE realizará otra transferencia de recursos por 12.000 millones.

El programa español contempla ayudas directas de 69.500 millones, tal y como ha recordado Costello, para implementar proyectos digitales y sostenibles, siendo la cantidad más elevada de todas las transferencias a los estados miembros. El mandatorio ha confiado en la ejecución del mismo, pero ha advertido que hará “el primer chequeo a finales de año” y que estará vigilante en que los objetivos e hitos se cumplen. “La reforma de las pensiones es un avance positivo porque además se garantiza su sostenibilidad por el acuerdo alcanzado con los interlocutores sociales”, ha destacado. “Nos da confianza para finales de año”, ha añadido.

Costello ha subrayado que el paquete de medidas español es “muy ambicioso” y ha dejado claro que Bruselas será flexible a la hora de aprobar los desembolsos. La intención, según ha explicado, es que ningún país pierda las ayudas. “Si no se cumplen los hitos y reforma, se pueden retrasar o puede haber envíos parciales”, ha señalado.

Con el fin de que los programas se materialicen, la UE ha puesto a disposición de los estados miembro su ayuda. “Haremos todo lo posible para que los planes se ejecuten”, ha indicado Costello en las jornadas.

El Economista

Grandes empresas de infraestructuras y turismo han reclamado al Gobierno que incentive la participación de la inversión privada en el desarrollo de los Fondos Next Generation con el objetivo de multiplicar su alcance.

Una demanda que acompañan de la de una legislación adecuada que permita a España aprovechar los fondos europeos y acelerar de este modo la recuperación económica tras la crisis generada por el Covid-19. Así se han expresado los responsables de compañías como Deloitte, Oracle, Ferrovial, Sacyr y AC by Marriott durante la tercera mesa de debate del ciclo de conferencias Next Generation organizado por elEconomista.

Ignacio Madridejos, consejero delegado de Ferrovial, ha destacado que los fondos europeos “llevan a crecimiento y empleo”, en un contexto en el que “a corto plazo tenemos que intentar crecer lo más rápidamente posible”. Máxime cuando la caída del Producto Interior Bruto (PIB) de Europa fue el doble que en Estados Unidos, mientras que en China incluso se registraron incrementos. Asimismo, ha aplaudido que estos fondos “apoyen la transición digital y ecológica”.

Madridejos ha apostado por “incentivar la iniciativa privada y el desarrollo de nuevas tecnologías”, dos cuestiones que, a su juicio, ayudarán a que “Europa pueda jugar un papel fundamental”.

“Los fondos son muy importantes, pero la capacidad de desarrollarlos lo es aún más”

Manuel Manrique, presidente de Sacyr, ha incidido en que “los fondos son muy importantes, pero la capacidad de desarrollarlos lo es aún más”. En este sentido, ha subrayado que “si en España se aprovecha la figura de colaboración público privada, se pueden multiplicar por cuatro o por cinco” los recursos que contemplan los fondos Next Generation, que suman unos 70.000 millones de euros de ayudas directas y 70.000 millones más de financiación.

Héctor Flórez, próximo presidente de Deloitte, ha señalado que los fondos europeos emergen como “una gran oportunidad para España, no solo para conseguir una rápida recuperación sino para impulsar la transformación digital del país, que es muy necesaria porque después de dos crisis hemos perdido mucha convergencia con Europa en renta per capital”.

Para Flórez, la crisis derivada de la pandemia “es mucho más disruptiva y transformadora” y, en su opinión, de ella “hay que salir transformando los modelos de negocio” para adaptarse “a un entorno que va a ser muy distinto”. Así, sostiene que “el intenso crecimiento que va a haber en estos meses por la demanda embalsada y la recuperación de la movilidad no nos debe nublar la gran necesidad de transformación que tenemos”.

Antonio Catalán, presidente de AC by Marriott, ha defendido la capacidad de generar empleo del sector del turismo, el cual, a su parecer, “tiene una oportunidad histórica” con los fondos europeos. Como los primeros espadas de Ferrovial y Sacyr, Catalán también reclama una mayor colaboración público-privada en la implementación de los fondos. De igual modo, ha incidido en la necesidad de impulsar un touroperador español. “Es imposible seguir manteniendo el modelo” actual, en el que “estamos en manos de TUI”.

El empresario hotelero ha insistido en que España debe trabajar en un turismo de más calidad. “Competir con Turquía no tiene ningún sentido. Mantener precios de low cost es de países en desarrollo”, ha subrayado. “Somos de los pocos sectores de mano de obra que podemos crecer en cuanto a calidad y ser un país clarísimo líder europeo”, ha abundado.

Albert Triola, CEO de Oracle, ha remarcado que “el Next Gen nos tiene que ayudar a ser más competitivos en un mercado que es global, donde hay estadounidenses y chinos”. “Desde el punto de vista de España me siento super optimista, porque es el país que más dinero va a recibir”, ha indicado. Para el directivo, será clave “cómo hacer que ese dinero de verdad nos ayude a transformar las compañías, pero no las grandes que ya están en ello, sino las pymes que tienen un papel muy importante en este país, y la tecnología les puede ayudar mucho”. Triola ha sostenido que “no hace falta que las compañías se pongan a desarrollar sus tecnologías”, sino que aboga por que “adopten lo que ya existe”.

El Economista

• El sector de la construcción recibirá cerca de 8.000 millones de Europa
• El Gobierno invertirá 1.000 millones en vivienda a precio asequible

El sector inmobiliario se reúne este martes y mañana miércoles en la gran jornada ‘El sector inmobiliario como motor económico de España’, organizada por elEconomista con el patrocinio de Aedas Homes, Almagro Capital, Almar Consulting, Caleido, Carmila, Culmia, Habitat Inmobiliaria, Inmobiliaria Espacio, Lar España Real Estate, Grupo Lar, Madrid Nuevo Norte, Metrovacesa, Neinor Homes, Sonae Sierra, Tinsa y Vía Célere.

El encargado inaugura el encuentro ha sido Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, quien ha destacado la resistencia que el sector de la construcción ha mostrado durante la pandemia del coronavirus. Además, Saura está convencido de que el sector será punta de lanza de la recuperación, en parte, gracias a los cerca de 8.000 millones de euros que recibirá de los fondos Next Generation-UE que permitirá crear 188.000 empleos de calidad.

“El sector de la construcción es motor de la recuperación y un sector estratégico para los objetivos sociales y de política medioambiental y económica del Gobierno. Va a ser un elemento transformador para conseguir nuestros objetivos”.

De los cerca de 8.000 millones de euros que el sector de la construcción recibirá de las ayudas europeas, 1.000 millones se destinarán a viviendas de precio asequible. “Hay que desarrollar dos nichos de mercado que en España están poco desarrollados: la rehabilitación de viviendas y edificios; y la construcción de vivienda en alquiler a precio asequible”.

Con la vista puesta en esos dos objetivos, el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España ha explicado que pretenden potenciar el modelo llave en mano, lo que permitiría elevar a 300.000 el número de viviendas rehabilitadas al año.

“Se podría pasar de 30.000 viviendas rehabilitadas energéticamente en nuestro país a 150.000 al año, y llegar a las 300.000 anuales en 2030”, explicaba Saura, quien estima que las ayudas a la rehabilitación de vivienda podrán llegar al 100%. “Estamos contribuyendo a afrontar el reto de la pobreza energética y a renovar y reformar barrios”, decía.

Saura también ha respondido a las críticas que aseguran que solo las grandes empresas se beneficiarán de las ayudas europeas. El responsable de Transportes ha dejado claro que el salvavidas europeo beneficiará a todo el tejido empresarial, también a las pymes.

“He oído críticas de que el Gobierno ha asignado muchos recursos a la agenda urbana y la vivienda y que eso no genera valor añadido ni empleo de calidad, nosotros pensamos que no. Pretendemos que las ayudas lleguen a toda la economía, que se filtren a todas las empresas, a las grandes y pequeñas”, subrayaba.

El Economista

• China empieza a reducir sus reservas de materias primas para aliviar la presión
• Pekín: “Necesitamos mantener los precios estables y vigilar las materias primas”
• Cada vez son más los que dudan de la capacidad de China para influir en los precios

China está intentando actuar como una suerte de banco central global a través del control que ejerce (o que cree ejercer) sobre las materias primas. El ‘gigante asiático’ fue acusado de acaparar materias primas durante la fase más dura del covid-19, ayudando a generar un rally alcista que ha sido denominado por muchos como un nuevo superciclo de las materias primas. Pues esa política, junto a la recuperación global de la economía y otros factores, ha disparado el precio de metales, petróleo, alimentos… generando una oleada de inflación que Pekín busca desinflar sacando al mercado parte de sus reservas.

China está comenzando a vender grandes cantidades de metales industriales que formaban parte de sus reservas estatales, en un esfuerzo por sofocar el fuerte aumento de los precios en las fábricas, que han alcanzado un máximo de 13 años y están avivando los temores de la inflación mundial, según informan desde The Wall Street Journal. No obstante, son muchos los factores que están imprimiendo velocidad al auge de los precios, como el incremento de los fletes o la propia transición energética, que está encareciendo sobremanera el precio de la energía.

Pekín es el mayor comprador mundial de una larga variedad de productos industriales y, por ende, es una parte importante de la demanda mundial. Ahora, China está utilizando su peso en el mercado para tratar de sofocar el fuerte aumento de los precios mundiales de los metales durante los últimos 12 meses, incluido el incremento del 65% en el cobre, un indicador de la salud macroeconómica. Las medidas de estímulo económico y la fuerte recuperación la actividad económica mundial desde los mínimos de la pandemia han provocado una ola de compras en China y en otros lugares.

La última medida de China apunta al cobre, aluminio y zinc, entre otros metales, y describe un programa de subastas públicas para procesadores y fabricantes de metales nacionales, según explicó el pasado miércoles la Administración Nacional de Alimentos y Reservas Estratégicas. Aún así, la medida de Pekín se produce cuando algunos precios de los metales, incluido el cobre, ya habían comenzado a caer en las últimas semanas, ante un cambio en el sentimiento del mercado, creen que los precios no se justificaban con la realidad que viven esos metales.

Un éxito no garantizado
El enorme poder de Pekín sobre los metales no garantiza necesariamente su capacidad para controlar los precios mundiales. Aún así, la decisión es firma y pretende contribuir de una forma u otra a calmar una inflación que ha alcanzado el 5% en EEUU o el 2% en Europa. No obstante, es en los mercados emergentes donde el alza de precios resulta más peligroso, puesto que al incremento de las materias primas se suma unas divisas que son más volátiles y unas estructuras económicas y demográficas más propensas a sufrir inflación. Turquía, Rusia, Brasil, India, Argentina o Ucrania son algunos de estos países que pueden tener problemas con una inflación demasiado alta.

Una inflación muy alta puede ser perjudicial para la economía global, algo que no conviene a China. La mayor ‘fábrica’ del mundo debe velar también por la salud de sus clientes si quiere mantener o incrementar sus ventas al exterior.

En un breve comunicado, la Administración Nacional de Alimentos y Reservas Estratégicas -departamento de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, principal órgano de planificación económica del país- apuntó que llevará a cabo estos planes “en el futuro cercano”, sin especificar fechas concretas.

La medida se toma con las compañías de procesado de metales no ferruginosos y de manufactura en mente, y está en línea con los planes del Consejo de Estado -el Ejecutivo chino-, añade el comunicado. Los materiales serán entregados a las empresas de los mencionados sectores tras un procedimiento de subasta pública.

China busca soluciones
En las últimas semanas, los reguladores del país asiático han convocado a las compañías suministradoras de materias primas para evaluar la subida de los precios, que las autoridades también atribuyen a la especulación en los mercados.

A finales de mayo, el Consejo de Estado anunció medidas a este respecto, apuntando que habrá “tolerancia cero” ante actividades ilegales relativas a los precios de las materias primas.

Warren Patterson y Wenyu Yao de ING Bank, explican que “un factor importante es el mensaje que las autoridades chinas están enviando al mercado, con sus esfuerzos por frenar el aumento de los precios de las materias primas”. Hubo momentos en los que se temió por el suministro de cobre a nivel global.

Los altos funcionarios chinos buscan vías para frenar los aumentos de precios de las materias primas. El Consejo de Estado sentenció el mes pasado que tomaría medidas para garantizar un suministro adecuado y precios estables para las materias primas.

“Necesitamos mantener los precios básicamente estables y prestar especial atención a las tendencias de los precios de las materias primas”, aseguraba el viceprimer ministro chino, Liu He, después de que el índice de precios al productor de China subiera un 6,8% interanual en abril. No obstante, ese indicador se aceleró al 9% en mayo, superando las previsiones de consenso de los economistas y alcanzando el ritmo más rápido desde septiembre de 2008. El aumento se produce cuando la inflación para los consumidores y los productores aumenta de forma drástica en EEUU y en medio mundo.

“No podemos descartar la posibilidad de que se introduzcan más políticas de control de precios”, asegura un estrategia de materias primas de Huatai Futures en un informe. El mercado está mirando hacia Pekín con cautela a la espera de nuevas medidas o nuevos anuncios.

Las compras masivas de China han afectado a los mercados de otras materias primas a nivel mundial. La fuerte subida del gas natural el invierno pasado, provocada por las enormes compras chinas, puso a varias zonas de Japón al borde de los apagones.

El metal rojo, considerado en gran medida como un referente debido a su versatilidad en aplicaciones industriales, ya ha caído un 9% desde que registró su máximo histórico a principios de mayo. El vertiginoso repunte del metal puede haber excedido sus fundamentos de oferta y demanda, incluso antes del anuncio de Pekín el pasado miércoles miércoles, dicen algunos analistas.

¿Será suficiente?
Los analistas, que van desde ING hasta Goldman Sachs, dudan sobre la capacidad de China para influir en el mercado de una forma notable. “No está claro si las ventas de metales afectarán suficientemente al aumento de la inflación de los precios al productor de China”, aseguran los expertos. La oficina de estadísticas de China ha atribuido el aumento también a materias primas no incluidas en estas últimas subastas de metales, como el petróleo crudo y el hierro, unas materias primas que China consume con intensidad, pero cuyo poder de influencia en el mercado es inferior.

“La presión de la inflación industrial probablemente se mantendrá y representará riesgos adicionales para el crecimiento económico”, aseguran los economistas de Citigroup en una nota a principios de este mes, añadiendo que no hay una solución rápida, ni fácil para esta ronda de inflación impulsada por las materias primas.

El Economista

• La CNC recurre licitaciones por imponer un precio máximo, contrario a la ley
• Buscan que Adif y la DGC cambien los pliegos para negociar los modificados

Las constructoras han iniciado una batalla contra el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por las licitaciones de contratos en las que está incluyendo unas cláusulas que imponen una base de precios máxima que no se puede rebasar ni aun en el caso de que haya un modificado del proyecto.

Esto, a juicio de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), es contrario a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Así, la organización ya ha recurrido varias licitaciones tanto de la Dirección General de Carreteras (DGC) como de Adif, ambas dependientes del departamento que dirige José Luis Ábalos, lo que ha provocado la suspensión de los procesos, con el consecuente retraso en la adjudicación y ejecución de los trabajos.

Estas instituciones públicas han introducido estas cláusulas en algunos de los contratos que han sacado a licitación recientemente, lo que ha llevado a la CNC a presentar recursos especiales en materia de contratación contra los procedimientos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Este órgano ya ha procedido a suspender los primeros procesos. De estimar la solicitud de la patronal de la construcción, la licitación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deberán ser cambiados.

Las modificaciones contractuales “siempre deben realizarse tramitando el correspondiente expediente” y con audiencia previa para el contratista
Las constructoras denuncian que “la introducción y fijación de nuevos precios en un expediente de modificación del contrato de obras del sector público sin contradicción ni audiencia previa del contratista vulnera lo previsto en la LCSP. En concreto, los pliegos de los contratos recurridos señalan que “el contratista acepta que no está facultado para ejecutar trabajos adicionales distintos de los pactados, salvo que estén amparados por un expediente de modificación” e, igualmente, acepta que los precios nuevos finales a pagar por la Administración, que se generen en el modificado, “serán como máximo los recogidos en la base de precios”. Para la CNC, estas cláusulas infringen lo previsto en el artículo 191 y en los apartados segundo y cuarto del artículo 242 de la LCSP, al tiempo que vulneran el RD 1098/2001 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La organización que preside Pedro Fernández Alén recuerda que las modificaciones contractuales “siempre deben realizarse tramitando el correspondiente expediente, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, donde se indica, entre otros trámites, la necesidad de dar audiencia al contratista”. Aunque efectivamente el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar los contratos administrativos por razones de interés público, advierte la CNC de que “cuando se introducen nuevos precios en un contrato de obra resulta imprescindible recabar y obtener el acuerdo del contratista con dichos precios”. Es decir, en las licitaciones denunciadas los entes públicos se dotan de una posición privilegiada en detrimento de la negociación a la hora de aprobar los modificados, una figura que desde hace años enfrenta a constructoras y Adif con reclamaciones vivas por más de 800 millones de euros.

Obras recurridas
Entre las licitaciones recurridas en las últimas semanas sobresalen, por parte la Dirección General de Carreteras, la mejora del Desfiladero de la Hermida (N-621 León-Santander por Potes), presupuestado en más de 95 millones de euros y, por parte de Adif, la urbanización de la estación de Feve de León. Ambos procedimientos ya han sido suspendidos por el TACRC, que tiene dos meses desde la denuncia para pronunciarse en firme.

El Economista

• Las empresas reclaman un mecanismo de reequilibrio económico de los contratos
• El sector aboga por restablecer la revisión de precios y derogar la ley de desindexación

La fuerte subida de los precios de la mayoría de las materias primas está teniendo un intenso impacto en la economía y ha provocado grandes problemas de desabastecimiento en multitud de empresas, sobre todo en aquellas que gozaban de un nivel de inventarios mucho más reducido.

El sector de la construcción no es ajeno a esta situación, hasta el punto de que distintas organizaciones empresariales advierten de los riesgos para la continuidad de determinados contratos y de los efectos sobre la recuperación de la economía de España.

“La viabilidad de muchos contratos se ponga en cuestión porque el sobrecoste que sufren las empresas constructoras no puede mantenerse en el tiempo”
El precio del petróleo se ha disparado en torno a un 35% en los primeros meses del año, lo que ha afectado de manera negativa en los balances del tejido empresarial. No solo por un encarecimiento de los costes del transporte sino también porque ha elevado el precio de multitud de productos que dependen de esta fuente energética y que provienen de la misma, lo que ha perjudicado a numerosos distribuidores de materiales de construcción y cerámica. Al del crudo, se añade el avance de los precios de materias primas ligadas a la actividad industrial como el cobre, el acero inoxidable, el latón… Como ejemplo, el precio del cobre se ha disparado más de un 30% en 2021 y en 12 meses casi se ha duplicado lo que ha hecho que alcance el precio más alto de toda su historia. Una situación sin precedentes en un escenario en el que las compañías comienzan a levantar el vuelo tras el impacto de la reciente crisis económica.

La patronal de la reforma, Andimac, constata la preocupación del sector, que deriva no solo del avance de los precios de las materias primas sino también de los problemas de desabastecimiento que se están produciendo en multitud de empresas de la industria de las reformas. Una situación que comparten otras grandes industrias a nivel mundial, como la tecnológica o la de fabricantes de automóviles con la escasez de chips que, debido a que son componentes básicos, obligan a paralizar temporalmente su actividad.

Desde los almacenes de distribución asociados a Andimac reconocen esta realidad al destacar que hay un problema generalizado en todas las materias que provoca desabastecimiento en muchos fabricantes y los que tenían stock previo lo están sorteando, pero los que no están teniendo problemas de suministro porque no tienen capacidad para comprar.

Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) señala que “la subida del coste de los materiales para el sector de la construcción, especialmente en el acero o el betún asfáltico, está siendo desproporcionada en los últimos meses. Este incremento ya en Estados Unidos hacía ver que podría tener un reflejo claro en Europa y hemos comenzado a sufrirlo”.

“En ocasiones es preferible abandonar una obra o un proyecto que asumir un incremento desproporcionado de costes”

Fernández Alén advierte, asimismo, de que “el hecho de que la ley de desindexación haya bloqueado la revisión de precios, y que el sistema de revisión de precios contenido en la Ley de Contratos se aplique en muy contadas ocasiones, hace que la viabilidad de muchos contratos se ponga en cuestión porque el sobrecoste que sufren las empresas constructoras no puede mantenerse en el tiempo”. Así, añade, “en ocasiones es preferible abandonar una obra o un proyecto que asumir un incremento desproporcionado de costes que, en muchos casos, está llegando a más del doble”

Por ello, desde la patronal de la construcción “creemos que es necesario poner en marcha algún mecanismo para reequilibrar económicamente los contratos para que sean viables: por una parte, la derogación de la Ley Reguladora de la Desindexación en Materia de Contratación Pública; y, por otra, el restablecimiento del sistema de cláusulas de revisión de precios en los contratos públicos”, reclama Fernández Alén. De igual modo, “en la obra privada sería deseable establecer un sistema automático de reequilibrio que tenga presente el sobrecoste al que tiene que hacer frente la empresa por el incremento desproporcionado de precios en las últimas semanas/meses y que no se corresponde con los precios de la oferta cuando se presentó”.

Actividad a medio gas
El incremento de los precios ha llegado en un momento poco propicio para el sector, según advierten desde Andimac, toda vez que no se ha visto respaldado por una mejora significativa de la actividad económica al operar la mayoría de las empresas todavía a medio gas por la pandemia. En este escenario, las opciones que tienen los proveedores son, fundamentalmente, dos: subidas de tarifas, que después se trasladan a los clientes, o recortes en el descuento que realizan a los clientes. Las empresas más grandes soportan mejor la subida de precios y las principales damnificadas son las que tienen un menor tamaño debido a sus distintos márgenes.

Las firmas de distribución esgrimen que aún hay margen de negociación, aunque depende del proveedor
Las firmas de distribución esgrimen que aún hay margen de negociación, aunque depende del proveedor. Aún así, la escalada de precios no cesa de momento y Andimac estima que durante este trimestre en todos los sectores va a haber subidas, que se trasladan al cliente final y que irán del 2% al 14%, en el caso de impermeabilizaciones. Una subida generalizada de precios que también es patente en cementos, pegamentos, perfilería de cartón yeso y en casi todos los materiales. Esta situación está generando una inflación “bestial”, como catalogan la mayoría de compañías dedicadas a las reformas, que recalcan que se están produciendo situaciones no vistas en décadas ya que hay cupos, casi racionamientos, de determinados componentes que hacen que los retrasos o paralizaciones de ciertas reformas estén a la orden del día.

Este escenario provoca multitud de tensiones y dificulta la labor diaria de los distribuidores con sus clientes. Piedras en el camino para un sector que juega un papel importante en la reconstrucción económica de España. De hecho, Andimac defiende que si la construcción aporta en torno al 10% del PIB, la mayoría de las actuaciones se corresponde con las que se realizan en viviendas y edificios ya habitados, y no tanto con las de los nuevos desarrollos urbanísticos. Es decir, que “las actividades de reforma y la rehabilitación son cruciales para el conjunto de los actores que intervienen en la cadena industrial de materiales de construcción, una cadena que incrementa más de dos puntos el peso de la construcción en el PIB”.

Las perspectivas no son nada halagüeñas. Los principales distribuidores ven cómo, mes tras mes, los precios de las materias primas prosiguen al alza, pese a que la esperanza del sector era que este año la tendencia no fuese la misma que el curso anterior. La mayoría de bancos de inversión tampoco ha arrojado luz para el sector, ya que prevén que los avances continúen, aunque de manera menos significativa. No obstante, será la evolución macroeconómica de China la que marque el devenir de los precios, aunque el gigante asiático es uno de los que mejor se ha recuperado y ha disparado la demanda de este tipo de metales, lo que presiona los precios al alza.

Además, hay que sumar nuevas tendencias como la descarbonización de las economías o el auge de las energías renovables que también ejercerán presión en metales como el litio, el níquel o el cobre, muy utilizados en el proceso de fabricación de vehículos eléctricos o en proyectos de infraestructuras verdes.

50% de subida del petróleo
El barril de Brent se ha encarecido cerca del 50% este año. El viernes superó los 73 dólares por primera vez desde mayo de 2019. Al cierre de 2020 cotizaba en 51 dólares.

26,8% de subida del cobre
El precio del cobre ha pasado de 7.754 dólares el pasado 31 de diciembre a 9.834 dólares el viernes, lo que supone un alza del 27% en lo que va de año.

El Economista

• PROYECCIONES/ El supervisor coincide con el Gobierno en que a finales de 2022 se alcanzarán los niveles previos a la pandemia y en 2023 se retomará la senda de crecimiento. Sin embargo, empeora la previsión de déficit para 2021 por el mayor gasto público.

La recuperación está en marcha y la salida del túnel de la crisis, un poco más cerca. Y no, el mensaje no proviene esta vez de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha reiterado esta idea prácticamente en cada una de sus últimas comparecencias públicas (ayer volvió a hacerlo desde un acto en Canarias). En esta ocasión, ha sido el Banco de España el que ha constatado que el rebote económico es una realidad en la que los indicadores apuntan a “un aumento significativo del dinamismo de la economía” desde finales de marzo gracias al avance de la vacunación y al alivio de las restricciones, dando lugar a una espiral virtuosa de mejora de la confianza, incremento del gasto de los hogares y salida del letargo de la demanda mundial, lo que se está dejando notar ya en las exportaciones españolas. En este contexto, el Banco de España revisó ayer al alza sus proyecciones macroeconómicas para este año y los siguientes, empezando por este segundo trimestre, en el que prevé un alza del PIB de entre el 1,4% en el peor escenario y del 2,7% en el más favorable. Su escenario central es de un crecimiento del 2,2% entre abril y junio, tras una contracción del 0,5% en el primer trimestre, una previsión más optimista que la de organismos como la AIReF, que con los indicadores disponibles de abril y mayo anticipa un avance trimestral del 1,3%.

Tras este esprint de la actividad, el Banco de España ha elevado su previsión de crecimiento para el conjunto del año hasta el 6,2% en su escenario base, dos décimas más que en las estimaciones de marzo, pero todavía tres décimas inferior al objetivo del Gobierno (+6,5%); al 5,8% en 2022, cinco décimas por encima del pronóstico anterior gracias, esencialmente, a un “mayor impacto” positivo de los fondos europeos, y al 1,8% en 2023, frente al 1,7% anterior. En concreto, la institución estima que el efecto balsámico de las ayudas europeas rondará el punto porcentual este año, ascenderá a 2,4 puntos en 2022 y catalizará el crecimiento de 2023, con la aportación de 1,8 puntos.

Todo ello en un contexto en el que el supervisor sigue mostrándose escéptico sobre la capacidad de las Administraciones Públicas de absorber esa ingente cantidad de fondos. “Se mantiene todavía un grado considerable de incertidumbre con respecto al ritmo al que puedan ser absorbidos estos fondos”, señala el informe. En este escenario, el supervisor espera que a finales de 2022 se alcancen los niveles previos a la pandemia, reanudando en 2023 la senda de crecimiento que truncó el Covid, un diagnóstico que converge con el del Ejecutivo, cuya vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anticipó el 9 de junio, durante la clausura del II Foro Económico Internacional EXPANSIÓN, que “nuestro horizonte pasa por recuperar a finales de 2022 el nivel de PIB previo a la pandemia y en 2023 la senda de crecimiento en la que estábamos antes” de la crisis sanitaria.

Furgón de cola europeo

Pero no es oro todo lo que reluce en el horizonte económico. Pese al fuerte rebote de este año y el que viene, España seguirá en el furgón de cola de la recuperación internacional. De hecho, si se cumplen los vaticinios del Banco de España y del propio Ejecutivo, la economía española será la última de la eurozona en retornar a los niveles prepandemia. La mayoría de países del euro lo logrará entre el primer y el tercer trimestre de 2022, mientras que algunos, como Alemania, lo conseguirán ya a finales de este mismo año, según las recientes previsiones de la OCDE. Además, pese a la mejoría de expectativas, el Banco de España advierte de que no se debe bajar la guardia, ya que el grado de incertidumbre “continúa siendo alto”. De hecho, advierte del potencial efecto nocivo de la aparición de nuevas variantes del virus que pudieran ser “resistentes a las vacunas”, lo que podría traducirse en nuevas restricciones a los viajes turísticos. Precisamente, la gran sombra que se cierne sobre España sigue siendo la reactivación del turismo, una “actividad crucial” para el PIB, en un contexto en el que países como Reino Unido, principal emisor de turistas a España, mantienen a nuestro país en el lista de riesgo por Covid. El Banco de España cree que, en el mejor de los casos, las exportaciones turísticas rondarán el 50% de las cifras alcanzadas en 2019, antes de la irrupción del Covid.

Pero los brotes verdes del presente no deberían ocultar el espeso bosque de deuda y déficit que ha generado la crisis y que puede hipotecar el futuro económico durante mucho tiempo. De hecho, el Banco de España empeoró ayer su previsión de déficit para 2021, con un desfase del 8,2% en contraste con el 7,7% que vaticinaba en marzo, fruto del efecto combinado de un mayor aumento del gasto público, entre otras causas por las prórrogas de los ERTE, y de menor recaudación, debido en parte a la revisión “ligeramente a la baja la estimación de los ingresos derivados de los nuevos impuestos introducidos a comienzos de este año”, como las llamadas tasas Google y Tobin. El supervisor considera que el déficit adelgazará en 2022 y 2023, hasta situarse en el 4,3% ese último año, cotas que, sin embargo, cree “todavía muy elevadas” y urge al diseño de un plan de consolidación fiscal.

Por su parte, la deuda será una pesada losa, con tasas superiores al 120% del PIB este año, porcentaje que, pese al crecimiento previsto para estos años, seguirá en torno al 118% en 2023; es decir, un recorte de apenas dos puntos en el horizonte de proyección.

El Economista

• El sector quiere liderar la reactivación económica con el plan de rehabilitación

El sector de la construcción quiere liderar la reactivación económica del país tras la crisis y se presenta como un importante generador de empleo y como “principal protagonista dentro de la asignación de los fondos europeos”. Así lo explicó ayer Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de la Fundación Laboral de la Construcción, durante su intervención en un evento en el que participaron también los sindicatos CCOO y UGT.

Fernández destacó la resiliencia del sector durante la reciente crisis sanitaria, asegurando que incluso ha salido “fortalecido”, siendo el sector que ha logrado un mayor incremento de la afiliación en el último año, con un repunte del 18,4%. “Somos los que más nos hemos ido recuperando en términos de empleo, ya que tras la caída del 11,9% en marzo-abril 2020, en mayo ya presentábamos cifras positivas, y en noviembre retomamos el ritmo de crecimiento que teníamos antes del parón que provocó el Covid”, concretó.

Según el presidente de la CNC el sector “cuenta con una flexibilidad que nos permite adaptarnos a las necesidades de la economía y en este momento podemos dar respuesta y empleo a los miles de parados de otros sectores como la hostelería, el turismo o la agricultura”.

n este sentido, el secretario de UGT FICA y vicepresidente de la entidad paritaria, Pedro Hojas, apuntó que son “parte fundamental de la solución al desempleo de este país” y además “necesitamos mano de obra cualificada”, aseguró Hojas, que recordó que “el sector está muy envejecido, ya que el 52% tiene más de 45 años” y ahora puede ofrecer carreras con recorrido, ya que “a diferencia de años atrás, el sector es moderno, profesionalizado y atractivo”.

Las estimaciones apuntan que el sector generará cerca de 188.000 empleos solo para cumplir con la estrategia de rehabilitación y regeneración urbana que se va a llevar a cabo con la inyección de los fondos europeos y, además, desde la Fundación apuntan que tienen capacidad para formar a unos 200.000 trabajadores al año.

Estas cifras de empleo podrían ser mayores, ya que tal y como lo explicó Fernández, el sector de la construcción no estará presente únicamente en el plan de rehabilitación, “también seremos protagonistas y tendremos presencia en el plan de movilidad sostenible, el de la digitalización de las pymes, en la economía circular, residuos, reciclaje, en la política de aguas, en el sector turístico y en el de las energías renovables”.

El presidente de la Fundación recalcó también que el Gobierno debe tener presente el efecto arrastre del sector, ya que “por cada millón de euros invertido, unos 570.000 euros vuelven a las arcas públicas” y solicitó también al Ejecutivo que respete el Convenio Colectivo Estatal del sector, ya que “ofrece flexibilidad tanto al trabajador como a las empresas” y se trata de un sector que “paga bien a sus empleados, con una remuneración mínima bruta anual por encima del salario mínimo y que recoge un incremento salarial del 2,5% para este año en el convenio”.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Construcción y Servicios y miembro de la Comisión Ejecutiva de la entidad paritaria, Daniel Barragán Burgui, aprovechó para poner sobre la mesa la necesidad de “un sistema de contratación pública responsable, que no solo tenga en cuenta el precio”. “Una parte importante de los fondos europeos acabará en el sector de la construcción y tenemos que poder mejorar el sistema de contratación pública, ya que hasta la fecha se han dejado muchos millones de euros por el camino y no podemos dejar los presupuestos sin invertir en un momento de retos como el actual”, destacó Barragán.

“Únicamente el 0,9% del PIB se invierte en infraestructuras, cuando en 2008 era mayor al 2%. Mientras tanto, países como Finlandia y Dinamarca destinan más de un 3% de su PIB”, explicó Fernández, que cree que debe intensificarse la inversión y recordó que es necesario que se ejecuten todas las inversiones previstas, ya que el año pasado, “los dos principales ministerios solo llevaron a cabo el 70% de la inversión prevista”.