Andalucía Información

• Ceacop advierte que la subida de precio de las materias primas podría paralizar obras y disparar el coste final de las infraestructuras entre un 20 y un 35%
• La patronal reclama herramientas para compensar contratos firmados y revisar costes en las licitaciones en curso

El máximo responsable de la patronal de la construcción en la provincia de Cádiz, Jorge Fernández-Portillo, lo adelantó en las páginas de INFORMACIÓN hace dos semanas, durante la celebración de Expoconstruye, en Jerez, y ahora b, presidenta de la asociación que representa a las pymes andaluzas del sector, Ceacop, confirma que la subida de precios de las materias primas puede provocar paralización y abandonos de obras, el encarecimiento de la vivienda y, en cualquier caso, concreta que causará un aumento del coste final de las infraestructuras de entre un 20 y un 35%.

“Nos enfrentamos a un problema extraordinario, continuado en el tiempo e incontrolable”, lamenta en conversación telefónica. Entre los factores que han provocado este fenómeno apunta al aumento de la demanda mundial de todo tipo de bienes tras la irrupción del Covid y la puesta en marcha de planes de recuperación de varios países simultáneamente para reactivar la economía (como el Plan de Recuperación y Resiliencia en España, los Fondos Next Generation de la Unión Europea o el objetivo de EEUU de lograr que la riqueza repunte un 6,4% en el primer trimestre de este año). En tercer lugar, señala la acaparación de materias primas por parte de mercados en países emergentes, con China a la cabeza, en plena crisis económica por la alerta sanitaria y anota otras tres causas: se ha disparado el coste de la energía y el petróleo, así como el de transporte marítimo, hasta el punto de que un flete ha triplicado su coste.

“Queda fuera de nuestro alcance poder revocar esta tendencia”, insiste, pero plantea posibles iniciativas, que ha remitido a las administraciones públicas, para mitigar las consecuencias.

Con respecto a los proyectos en ejecución, y dado que con la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 la revisión de precios ha desaparecido, propone que “se introduzca alguna herramienta que permita restablecer las condiciones de equilibro de los contratos firmados”. Chocano considera que esta solución sería similar a la de los expedientes temporales de regulación de empleo, “una medida acorde a una situación extraordinaria”, y recuerda que ya se hizo “en la década de los 2000 con los precios del betún”.

En cuanto a las licitaciones en curso y la redacción de nuevos pliegos, la presidenta de Ceacop reclama la actualizacion de la base de precios de la Junta, que es de 2017 y está obsoleta, tanto por el tiempo transcurrido desde entonces, como por la crisis sanitaria, que ha transformado la forma de fabricar, distribuir y hacer acopio de materiales; e introducir fórmulas de revisión de precios. “Muchas empresas se presentaron a las ofertas en unas condiciones distintas a las de hoy en día; a veces, se retrasa meses e incluso años el inicio de las actuaciones y nos encontramos con que el precio en el mercado no es el mismo que cuando se suscriben los contratos”, explica. Adjudicada la obra, las firmas se ven obligadas a renunciar porque no salen las cuentas.

Chocano teme que, si no se toman cartas en el asunto, se resienta la actividad. “La construcción ha creado empleo cuando el resto de sectores lo destruían”, remarca. “En estas condiciones, se bloquea una de las principales palancas de la recuperación tras la pandemia”, agrega. Lo ilustra con un ejemplo: la Junta solo ha recibido dos ofertas para construir el Hospital de Roquetas. “Lo normal habría sido contar con una veintena”, sostiene, pero la coyuntura espanta a las empresas.

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• Sustitución de desvíos en bifurcación Almería y bifurcación Granada para la estación de Moreda (líneas Granada-Moreda y Linares-Almería)

Adif ha licitado por casi 5 millones de euros el contrato de suministro y transporte de aparatos de vía para diversas obras de inversión programadas para la mejora de la red ferroviaria de ancho convencional en Andalucía, una actuación que abarca las provincias de Granada, Cádiz, Málaga y Huelva.

Este contrato tiene un presupuesto de licitación global de 4,95 millones de euros, que se desarrolla a su vez en tres lotes que incluye el suministro y transporte de aparatos de vía para la ampliación de los apartaderos de Campillos y Setenil en el tramo Bobadilla-Ronda (línea de ancho convencional Bobadilla-Algeciras), y sustitución de desvíos en bifurcación Almería y bifurcación Granada para la estación de Moreda (líneas Granada-Moreda y Linares-Almería).

También el suministro y transporte de aparatos de vía para renovación del trayecto San Pablo-Almoraima (línea Bobadilla-Algeciras), y el de suministro y transporte de aparatos de vía para renovación integral de infraestructura y vía del tramo: Calañas-Peguerillas (línea Zafra-Huelva).

Serán objeto de este contrato la fabricación, premontaje y comprobación en el taller de los aparatos de vía, la carga del aparato y transporte al lugar designado, así como el suministro y transporte de cupones mixtos que permitan la soldadura con la barra larga del carril, ha informado Adif en un comunicado.

Los aparatos de vía son los elementos de la infraestructura ferroviaria que permiten la ramificación y el cruce de itinerarios.

El objetivo de esta actuación es garantizar la correcta prestación del servicio ferroviario en dichas redes.

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• La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha recibido 24 ofertas para ejecutar la vía ciclopeatonal entre entre Tomares con Bormujos y Nueva Sevilla

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha recibido 24 ofertas para ejecutar la vía ciclopeatonal entre Tomares con Bormujos y Nueva Sevilla (Castilleja de la Cuesta).

Según concreta la Consejería en una nota de prensa, las obras de seguridad vial en la carretera A-8063 salió a licitación por más de 1,6 millones de euros e incorporará una vía ciclopeatonal, arcenes e iluminación en un tramo de 1,2 kilómetros. Estas obras, que estarán cofinanciadas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tienen un plazo de ejecución previsto de 12 meses una vez que se adjudiquen los trabajos.

La carretera A-8063 discurre principalmente por el municipio de Tomares, enlazando con la barriada de Nueva Sevilla, en Castilleja de la Cuesta y Bormujos. Actualmente cuenta con unos márgenes no adecuados para una carretera por la que circulan 7.300 vehículos al día y con numerosas urbanizaciones próximas y además carece de acerados, vías ciclistas e iluminación, lo que compromete la seguridad vial.

La puesta en marcha de este proyecto se produce gracias a la estrecha colaboración mantenida entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Tomares y que se plasmó en un convenio de colaboración para poner solución a una carretera que, en palabras de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, “necesitaba adaptarse a su nueva realidad urbana, con viviendas cercanas y mucho tránsito, tanto de peatones como de ciclistas, junto a un notable volumen de tráfico”.

El proyecto contempla la mejora de un tramo de 1,2 kilómetros de la carretera que contará con una anchura de calzada de siete metros, más arcenes de medio metro o un metro dependiendo de la zona y un carril bici sobreelevado de 2,5 metros para diferenciarlo de la calzada. Además se dispondrán de elementos de iluminación que garanticen el alumbrado tanto de la carretera como de la vía ciclista, así como de las glorietas dispuestas en este tramo.

A tal efecto, se instalarán báculos de alumbrado en la parte exterior del carril ciclopeatonal y columnas de alumbrado en las glorietas. Por último, se procederá a la ejecución integral del firme de la carretera, además de disponer de nuevos elementos de señalización tanto horizontal como vertical.

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• Tarifa y el Consorcio de la Zona Gaditana prevén una inversión de cinco millones con la Junta y promotores para una nueva canalización de quince kilómetros

El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, no oculta su satisfacción porque la entrada del municipio como miembro del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana servirá para solventar el histórico problema de abastecimiento de Atlanterra desde las instalaciones de Barbate. “La inclusión llega después de un intenso trabajo” y de varias negativas, asegura el primer edil, quien confía en que el proyecto, ya en su fase final de redacción, esté ejecutado en dos años.

“Se instalará una nueva tubería de quince kilómetros de longitud y 300 milímetros de grosor para conectar la zona con la red del consorcio y se ampliarán los depósitos de regulación, con uno más en Atlanterra, y se mejorarán las instalaciones de bombeo”, detalla.

Falta, no obstante, por amarrar la financiación, aunque el alcalde de Tarifa cuenta con el compromiso de la Junta de Andalucía, el propio consorcio y los promotores. No en vano, todos los actores, incluyendo a los vecinos, han coincidido siempre en que esta era la mejor opción. La propia empresa gestora del servicio municipal, FCC Aqualia, apuntaba en este sentido cuando recepcionó las infraestructuras de Atlanterra. “Vamos todos en la misma dirección”, asegura.

Con esto, el suministro quedará garantizado para las viviendas (que se surte de los tres pozos ubicados en la Finca de la Obscuridad, en la carretera entre Barbate y Vejer) y los establecimientos hoteleros actuales y también para los proyectos previstos por Inmobiliaria del Sur (Insur) en la Unidad de Ejecución de la U.A-1, donde se ubicaba hasta 2002 el Zahara Atlanterra y donde se levantará un nuevo edificio con 500 habitaciones; y el SA-1 Cabo de Plata, donde la inmobiliaria Grupo Q proyecta una nueva urbanización y un campo de golf.

Asimismo, la solución acordada con el consorcio hace decaer, según indica el alcalde, el plan especial de infraestructuras elaborado primeramente y que pretendía obtener el agua del pantano de Almodóvar y los manantiales de la localidad, una solución que rechazaba de plano la Asociación de Vecinos de Atlanterra porque, argumentaba, el embalse no cuenta con capacidad suficiente para cubrir la demanda de 208 metros cúbicos al día de los nuevos desarrollos urbanísticos.

“Es una extraordinaria noticia, no solo para los promotores, sino también para los residentes que han tenido dificultades durante muchos veranos por problemas de abastecimiento”, celebra el alcalde. “Es una solución ideal y de futuro”, concluye.

“Los desarrollos urbanísticos solo deben seguir si se hace la obra”

La Asociación de Vecinos de Atlanterra ha acogido la noticia con satisfacción, porque el proyecto “es el único que garantiza el abastecimiento” tanto a residentes como a establecimientos hoteleros, pero advierte de que “la ejecución de la obra debe estar garantizada para continuar los desarrollos urbanísticos previstos”. La entidad considera un riesgo “construir y poner en uso nuevos hoteles sin llevar a cabo la canalización”. “Sería un auténtico caos”, subraya.

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• Se han aprobado ocho intervenciones y, en unos días, se unirán otras dos más, entre ellas la restauración de la Muralla, sumando un total de 7,5 millones

El Ayuntamiento de Jaén ya tiene aprobadas, formalmente, ocho intervenciones visadas por el Ministerio de Hacienda, por importe superior a 5 millones, con cargo a la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada (DUSI). En breve se aprobarán dos operaciones más, por un importe de más de 2 millones de euros, sumando un montante total de 7,5 millones.

La edil de Presidencia, África Colomo, ha confirmado que Jaén se beneficia de 18 millones de euros de fondos comunitarios con aportación municipal.

En total, el Gobierno municipal compromete más de 13 millones de euros. “Jaén es la única ciudad que concurre a la tercera convocatoria de los fondos DUSI que tiene aprobados proyectos”, confirmó Colomo.

Están en marcha 930.000 euros con los que varias consultoras se encargan de la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), la implantación de la administración electrónica o smart city y la oficina de soporte técnico para implementar los proyectos Edusi.

El Ministerio ya ha visado el proyecto de ejecución de la calle Elvín, en el casco antiguo, valorado en 1,3 millones. Se construirá la Caja de Música, un edificio para la promoción del talento musical, el ensayo y grabación de grupos y solistas, con siete salas habilitadas para ello. “Queríamos que fuera un espacio con vida y abierto a la creación artística, especialmente de los jóvenes, un compromiso electoral que vamos a materializar”, dijo.

Ya están en marcha los estudios geotécnicos para adaptar el terreno. Se habilitará una zona de jardines moriscos y un mirador con vistas al Castillo.

Se actuará además en el entorno de las calles para hacerlas permeables con el proyecto que se desarrollará en la Plaza de Santiago, valorado en más de 4 millones de euros y que persigue la construcción de un edificio municipal y un aparcamiento en rotación y para vecinos de la zona.

También se ha visado la intervención con 370.000 euros en las antiguas cocheras del Ayuntamiento, junto a la Catedral, para habilitarlas como Oficina de Turismo Municipal, tematizada por áreas turísticas de naturaleza, monumentalidad y gastronomía. Contarán con espacios para la descarga de entradas y para el intercambio telemático de información. “La Oficina será punta de lanza de la sede del Destino Turístico Inteligente para proyectar el sector hacia fórmulas más nuevas de captación de visitantes y elaboración de productos turísticos”, avanzó.

La recuperación de la Muralla de Jaén contará con una inversión de 1,3 millones de euros.

Se acometerá la regeneración urbana de las calles entre el antiguo hospital San Juan de Dios y Santo Domingo, por 682.000 euros. Se intervendrá de forma integral en las calles Carnero, Plaza de San Juan de Dios, Calle de San Miguel, Cuesta de San Miguel, Calle Lavanderas y Plaza de Santo Domingo. A esta intervención hay que sumar los 1,5 millones de euros en la recuperación como ruina arqueológica de la Iglesia de San Miguel, para la que se termina de cerrar la adquisición de viviendas en las que embutía el templo.

En los próximos días se aprobará una operación para mejorar la eficiencia energética del Palacio del Capitán Quesada, el Palacio del Condestable Iranzo y el Mercado de Abastos de San Francisco. Ésta última será la más potente. “Vamos a actuar sobre la envolvente térmica del edificio de manera que se sustituirán las carpinterías de aluminio y se procederá al aislamiento del forjado del sótano para evitar pérdidas”, explicó.

Del mismo modo, se sustituirán las máquinas de climatización y refrigeración del edificio por otras de menor consumo energético y se instalarán placas solares fotovoltaicas.

Está prevista la instalación de placas solares que permitan generar energía eléctrica para autoconsumo en el Centro Deportivo de La Salobreja y en las instalaciones de la Policía Local, por valor de 850.000 euros.

El plazo de ejecución de los proyectos es hasta diciembre de 2023. “Los proyectos se desarrollarán de manera paralela”, puntualizó. Las intervenciones más inmediatas serán la comprendida en el entorno de San Miguel. “En cuanto tengamos solventado el tema urbanístico en la plaza de Santiago, también se iniciará”, dijo.

Colomo explicó que se constituirán comisiones de seguimiento con otras administraciones, como es el caso de la Junta de Andalucía, para agilizar la tramitación de aquellos proyectos en los que exista necesidad de informes sectoriales, como ocurrirá en el caso de las operaciones de la Plaza de Santiago y San Miguel.

Además, se emplazará el próximo 24 de junio a una reunión a la Comisión de Participación en la que están presentes actores políticos, culturales y sociales para intercambiar información sobre los proyectos y operaciones en marcha.

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• El Consistorio algecireño destinó 12,8 millones a ese apartado en 2020, según Ceacop, liderando las licitaciones a nivel provincial

El Ayuntamiento de Algeciras es el ente local de la provincia con mayor inversión en 2020, según los datos contenidos en el informe anual de adjudicaciones elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), con unos 12,8 millones de euros. Pero la cifra tiene trampa y un pero: del total, doce millones se destinaron al contrato del servicio de limpieza y mantenimiento de las playas del término municipal; y en el concurso se impuso una empresa no andaluza.

“¿Hay firmas gaditanas que pueden llevarse una licitación de este tipo?”, pregunta Ana Chocano, presidenta de la patronal. “Las hay”, responde, pero las administraciones “tienen que favorecer, dentro de la legalidad vigente, que puedan competir y ganar”, agrega. “Si sacas un contrato para cinco años y con unas exigencias de solvencia técnica y financiera duras, es del todo imposible”.

Chocano subraya que el tejido empresarial de la provincia, como el andaluz y el español, está conformado por pymes que tendrían posibilidades si los contratos tuvieran una duración menor, de dos años más dos años de prórroga, por ejemplo, y se licitaran por lotes en caso de que fueran especialmente cuantiosos.

Pone un par de supuestos. El primero, relativo a infraestructuras ferroviarias: los tramos largos se segregan en movimientos de tierra y base, vía e instalaciones y en lugar de licitar 150 kilómetros de una vez pueden licitarse diez contratos de quince kilómetros. En una carretera, sacar las vías de servicio del contrato principal, al no ser necesario el uso de aglomerados, abre la posibilidad a que oferten empresas con menos recursos.

En cualquier caso, subraya que Algeciras es la excepción. En Jerez, segundo Ayuntamiento más inversor de la provincia en el año 2020, dos de cada tres euros de los 7,1 millones invertidos ha repercutido en empresas andaluzas. En el caso de Cádiz, con 6,8 millones, y Rota, con 6,1%, el 60,8 y el 61% ha correspondido a firmas de la tierra.

Con todo, el informe de Ceacop advierte de que los consistorios gaditanos son los sextos que menos volumen han destinado a empresas andaluzas, con el 54,6% frente al 63% que alcanza en toda la región. En cuanto al resto de administraciones, Chocano apunta que la Junta de Andalucía ha adjudicado un 58,5% a sociedades de la comunidad autónoma, mientras que el Gobierno central ha hecho lo propio con el 51,7%.

La presidenta de la patronal considera que “hay que hacer un esfuerzo en inversión pública”, porque 2020 ha sido un año muy duro. “Hemos sido unos privilegiados porque prácticamente no hemos suspendido la actividad y somos el único ámbito productivo donde no ha aumentado el paro, gracias a la solidez del sector para soportar las secuelas de la pandemia”, pero, justo porque “somos un pilar fuerte de la economía, y necesario para que otros muchos sectores continúen su marcha y arrastrando a una fuerte industria auxiliar, necesitamos inversión pública”. No habrá recuperación posible sin ella, apunta, dado que “por cada millón, se crean 15 empleos directos y hasta 30 indirectos, y por cada 100 euros invertidos en infraestructuras, 62 retornan a la administración vía impuestos, seguros sociales y tasas”.

En la nota de prensa distribuida por la organización, se advierte de que el volumen de licitación está muy alejado de los 2.800 millones que Ceacop estima como inversión mínima en Andalucía para que esta actividad contribuya de forma decisiva a superar la crisis económica provocada por el coronavirus. En la comunidad, se registraron 1.723 millones, lo que supone un descenso del 14% en términos interanuales. Cádiz sale bien parada, con 214 millones y un crecimiento del 9%, y como tercera provincia con más fondos logrados para infraestructuras.

Por administraciones, Ceacop detalla que los ayuntamientos han invertido 60,3 millones (+9%); el Gobierno central, con 52,6 millones (-34%); Junta, que aporta 93,4 millones (+90%); la Diputación Provincial de Cádiz, con 6,3 millones (-30%); y, finalmente, la Universidad, que reduce su inversión un 83% hasta los 0,5 millones. “La construcción es parte de la solución -insiste, porque no se puede obviar a un sector esencial capaz incluso de crear empleo en pandaemia”.

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• El Consistorio algecireño destinó 12,8 millones a ese apartado en 2020, según Ceacop, liderando las licitaciones a nivel provincial

El Ayuntamiento de Algeciras es el ente local de la provincia con mayor inversión en 2020, según los datos contenidos en el informe anual de adjudicaciones elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), con unos 12,8 millones de euros. Pero la cifra tiene trampa y un pero: del total, doce millones se destinaron al contrato del servicio de limpieza y mantenimiento de las playas del término municipal; y en el concurso se impuso una empresa no andaluza.

“¿Hay firmas gaditanas que pueden llevarse una licitación de este tipo?”, pregunta Ana Chocano, presidenta de la patronal. “Las hay”, responde, pero las administraciones “tienen que favorecer, dentro de la legalidad vigente, que puedan competir y ganar”, agrega. “Si sacas un contrato para cinco años y con unas exigencias de solvencia técnica y financiera duras, es del todo imposible”.

Chocano subraya que el tejido empresarial de la provincia, como el andaluz y el español, está conformado por pymes que tendrían posibilidades si los contratos tuvieran una duración menor, de dos años más dos años de prórroga, por ejemplo, y se licitaran por lotes en caso de que fueran especialmente cuantiosos.

Pone un par de supuestos. El primero, relativo a infraestructuras ferroviarias: los tramos largos se segregan en movimientos de tierra y base, vía e instalaciones y en lugar de licitar 150 kilómetros de una vez pueden licitarse diez contratos de quince kilómetros. En una carretera, sacar las vías de servicio del contrato principal, al no ser necesario el uso de aglomerados, abre la posibilidad a que oferten empresas con menos recursos.

En cualquier caso, subraya que Algeciras es la excepción. En Jerez, segundo Ayuntamiento más inversor de la provincia en el año 2020, dos de cada tres euros de los 7,1 millones invertidos ha repercutido en empresas andaluzas. En el caso de Cádiz, con 6,8 millones, y Rota, con 6,1%, el 60,8 y el 61% ha correspondido a firmas de la tierra.

Con todo, el informe de Ceacop advierte de que los consistorios gaditanos son los sextos que menos volumen han destinado a empresas andaluzas, con el 54,6% frente al 63% que alcanza en toda la región. En cuanto al resto de administraciones, Chocano apunta que la Junta de Andalucía ha adjudicado un 58,5% a sociedades de la comunidad autónoma, mientras que el Gobierno central ha hecho lo propio con el 51,7%.

La presidenta de la patronal considera que “hay que hacer un esfuerzo en inversión pública”, porque 2020 ha sido un año muy duro. “Hemos sido unos privilegiados porque prácticamente no hemos suspendido la actividad y somos el único ámbito productivo donde no ha aumentado el paro, gracias a la solidez del sector para soportar las secuelas de la pandemia”, pero, justo porque “somos un pilar fuerte de la economía, y necesario para que otros muchos sectores continúen su marcha y arrastrando a una fuerte industria auxiliar, necesitamos inversión pública”. No habrá recuperación posible sin ella, apunta, dado que “por cada millón, se crean 15 empleos directos y hasta 30 indirectos, y por cada 100 euros invertidos en infraestructuras, 62 retornan a la administración vía impuestos, seguros sociales y tasas”.

En la nota de prensa distribuida por la organización, se advierte de que el volumen de licitación está muy alejado de los 2.800 millones que Ceacop estima como inversión mínima en Andalucía para que esta actividad contribuya de forma decisiva a superar la crisis económica provocada por el coronavirus. En la comunidad, se registraron 1.723 millones, lo que supone un descenso del 14% en términos interanuales. Cádiz sale bien parada, con 214 millones y un crecimiento del 9%, y como tercera provincia con más fondos logrados para infraestructuras.

Por administraciones, Ceacop detalla que los ayuntamientos han invertido 60,3 millones (+9%); el Gobierno central, con 52,6 millones (-34%); Junta, que aporta 93,4 millones (+90%); la Diputación Provincial de Cádiz, con 6,3 millones (-30%); y, finalmente, la Universidad, que reduce su inversión un 83% hasta los 0,5 millones. “La construcción es parte de la solución -insiste, porque no se puede obviar a un sector esencial capaz incluso de crear empleo en pandaemia”.

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• Este jueves se cumplen 10 años desde la paralización de las pruebas

España cuenta en la actualidad con 14 sistemas tranviarios, de los que solo dos han dejado de funcionar, como es el caso del de La Coruña y el de Vélez-Málaga. El de Jaén ha sido el único que nunca lo ha hecho de forma comercial, ya que fue parado por el juzgado un día como hoy hace ya una década y desde entonces ningún gobierno, ni municipal ni de la Junta, ha protagonizado la voluntad conjunta de reactivarlo.

Valencia fue la primera ciudad española en reintroducir el tranvía en 1994, actualmente comprendido dentro de la red ‘Metrovalencia’, con un éxito que lo ha llevado a ampliar las líneas en tres ocasiones. A la capital valenciana, le siguió Alicante (1999, TRAM Metropolitano de Alicante);​ Bilbao (2002, Tranvía de Bilbao); Barcelona (2004, Trambaix y Trambesòs); Parla (2006 , Tranvía de Parla); Vélez-Málaga (2006, Tranvía de Vélez-Málaga); Madrid (2007, Metro Ligero de Madrid); Sevilla (2007, Metrocentro de Sevilla); Santa Cruz de Tenerife (2007, Tranvía de Tenerife); Vitoria (2008, Tranvía de Vitoria); Murcia (2011, Tranvía de Murcia); Zaragoza (2011, Tranvía de Zaragoza); Málaga (2014, Metro Málaga) y Granada (2017, Metropolitano de Granada).

Además, en Barcelona hay un tranvía turístico denominado y en la isla de Mallorca sigue funcionando un tranvía histórico que une el pueblo de Sóller con su puerto marítimo.

Independientemente de estos tranvías, en la primera década del siglo se proyectaron otros 23, pero algunos han sido descartados o están paralizados como los de Jerez de la Frontera, Córdoba, Cartagena, Elche, Palma de Mallorca, Toledo, León, Burgos, Pamplona, Lejona-Sestao y Baracaldo.

Paralelismos

Para comprender la falta de voluntad política (por una u otra administraciones) en la puesta en marcha del tranvía de Jaén es singular analizar dos sistemas tranviarios: el de Zaragoza, cuya construcción fue paralela a la de Jaén y en la que estuvieron implicadas también las mismas empresas, 2iT y Almston, y el tranvía-metro de Málaga, que aunque se proyectó después del de Jaén, siempre contó con el apoyo económico de la Junta, a pesar de ser un servicio cuyo trazado era únicamente urbano, como el de la capital jiennense.

En el caso de Zaragoza, el tranvía de la ciudad aragonesa fue inaugurado el 19 de abril de 2011. La financiación de la primera línea se se aprobó el 14 de enero de 2009, por un montante de 400 millones de euros, de los que 130 fueron aportados por el gobierno de Aragón y el resto por ayuntamiento de Zaragoza.

En marzo de 2014, un año después de la puesta en circulación por completo de la Línea 1, el tranvía había transportado a más de 48 millones de pasajeros.​

Tras el éxito de la primera línea se plantó la ampliación del sistema tranviario con otras dos, pero finalmente han sido descartadas.

En el ejercicio 2016, descontadas las subvenciones, el déficit del tranvía de Zaragoza fue de 4,25 millones de euros. El tranvía de Zaragoza está gestionado por una sociedad mixta denominada “Tranvías de Zaragoza” que está formada por el Ayuntamiento de Zaragoza, como entidad pública, y los miembros privados del consorcio Traza (CAF, TUZSA, TIIC 2, FCC y ACCIONA).

En el caso del tranvía de Málaga, fue inaugurado el 30 de julio de 2014 y actualmente consta de dos líneas en servicio, que unen diferentes puntos de la ciudad, como en el caso de Jaén, interactuando con el resto de la red de transporte del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.

La red está gestionada por la concesionaria Metro Málaga, de la que formaron parte en un principio FCC-Globalvía, la Agencia Obra Pública Junta de Andalucía (AOPJA), Sando, Cajamar, Constructora Vera, Cointer y Comsa Emte, con un capital social de 136,5 millones de euros. Actualmente solo se mantienen como socios originarios la Junta y Comsa, el resto ha ido vendiendo sus participaciones a grandes fondos internacionales.

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• VIVA JAÉN analiza esta semana la década sin tranvía. Hoy, toda su historia

El tranvía de Jaén es, junto al Palacio de Deportes Olivo Arena, la obra pública que menos tiempo ha tardado en realizarse en Jaén, acostumbrada a que los proyectos se demoren durante décadas. La primera piedra del sistema tranviario se colocó el 14 de abril de 2009 y dos años después, el 3 de mayo de 2011 comenzó el periodo de pruebas. Sin embargo, el tranvía de Jaén se gestó mucho antes, dentro de una estrategia de la Junta de Andalucía, presidida entonces por Manuel Chaves, y en la que el secretario general del PSOE de Jaén, Gaspar Zarrías, ejercía como consejero de Presidencia.

La salida de Suzuki de Santana Motor en 1995 hizo que la Junta asumiera todo el accionariado de la metalúrgica linarense. Durante una década la administración andaluza trató de sacar a flote la factoría y, entre las medidas adoptadas, se puso en marcha una línea de fabricación de metros ligeros. En febrero de 2005 Santana Motor y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) acordaron iniciar un proyecto industrial para la fabricación de trenes en las instalaciones de la factoría linarense.

Los sistemas tranviarios se habían convertido en una apuesta firme de las administraciones en todo el país y al de Sevilla, inaugurado en 2005, pronto le siguieron los proyectos del de Vélez-Málaga, el de Granada, el Metro de Málaga y el de Jaén, que por aquellos años era reclamado por el PP andaluz de Javier Arenas para la capital jiennense. Curiosamente, la adjudicación de los vagones del tranvía de Jaén no acabarían en Santana, sino en la francesa Almston.

La llegada al gobierno local del PSOE, de la mano de Carmen Peñalver, que formó coalición con IU, y cuyo programa electoral ya recogía la implantación del tranvía, hizo que se pusiera en marcha la maquinaria para crear la mayor obra pública que jamás había conocido la ciudad.

Así, en febrero de 2009, la Consejería de Obras Públicas y Transportes adjudicó las obras del tranvía de Jaén por un importe de 74.8 millones de euros a la UTE Almstom/Gea21/Inabensa/Mipelsa/Pavimentaciones Morales. También se adjudicó la dirección de obras a la UTE Génova/Ingerop/T3/Pereda 4 por 3 millones de euros. El plazo de ejecución es ambos casos fue de 19 meses. Dos años después el tranvía circulaba en pruebas por las calles de Jaén.

En febrero de 2010 el Ayuntamiento de Jaén procedió a la compra de las unidades, cinco convoyes del modelo Citadis 302 al fabricante Alstom por 26 millones de euros, que fueron abonados por la Junta de Andalucía y que posteriormente el Ayuntamiento debía pagar en cuotas mensuales, facturadas con los correspondientes intereses de forma trimestral.

Paralización

El 20 de mayo de 2011, 17 días después de que comenzara el periodo de pruebas con pasajeros, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Jaén ordenó la suspensión de la gratuidad del servicio público durante el periodo de pruebas, tras la demanda interpuesta por competencia desleal, diez días antes, de la concesionaria del servicio de autobuses urbanos, Herederos de José Castillo S.L. La legislación obligaba, antes de que el tranvía se pusiera en marcha de forma comercial, a realizar un periodo de pruebas con pasajeros, pero no permitía que se cobrara billete. Era imprescindible que los vagones circularan con el peso de los usuarios.

Faltaban dos días para las elecciones municipales y antes, el Partido Popular, había tratado de parar las pruebas del tranvía en la Junta Electoral, sin éxito. El 22 de mayo el candidato del PP, José Enrique Fernández de Moya, el mayor detractor del tranvía para la ciudad, quien aseguró en campaña en este periódico que nunca se subiría al tranvía, firmó la sentencia de muerte del sistema tranviario. La noche electoral José Castillo celebró la victoria del PP junto a los miembros de la candidatura popular.

Fernández de Moya defendió siempre durante su mandato que el Ayuntamiento no podía asumir el coste en solitario de la puesta en marcha del tranvía, y la Junta se negó a declararlo transporte metropolitano, algo que hubiera permitido entrar en la financiación de la explotación y que sí hizo con el de Málaga, cuyo trazado también era solo urbano.

El tranvía se convirtió desde 2011 en una arma política de enfrentamiento entre el PP de De Moya y Arenas y el PSOE de Reyes y Griñán, hasta el punto de que el alcalde, en julio de 2013 entregó en el registro del Palacio de San Telmo las llaves del tranvía renunciando a su puesta en marcha, a pesar de que Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña hizo una oferta para su explotación, cuyos términos completos ocultó durante meses De Moya a los medios.

Su salida de la Alcaldía y la llegada de Javier Márquez propició que finalmente se declarara metropolitano y se alcanzara un acuerdo de financiación, pero la llegada de las Municipales de 2019 abrió una nueva guerra por los gastos de explotación y la inclusión de la amortización de los vagones.

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• La consejera Carmen Crespo destaca que se “blinda el servicio a más de 90.000 habitantes

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha hecho entrega de las obras de adecuación de las conducciones de suministro de agua del ramal ETAP El Cañuelo-La Línea de la Concepción a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, una infraestructura que “blinda el servicio a más de 90.000 habitantes” del municipio linense y del de San Roque.

La macrotubería construida tiene más de 11 kilómetros de longitud y ha supuesto una inversión de 13,1 millones de euros, financiada con fondos Feder. La consejera ha destacado que “el ahorro que supone acabar con las fugas de agua existentes en las conducciones antiguas se estima en 4 millones de metros cúbicos al año, lo que representa un enorme beneficio medioambiental para una comarca propensa a sufrir ciclos de sequía”. Y es que las antiguas conducciones tenían más de 60 años y se encontraban muy deterioradas, lo que se traducía en roturas y averías que provocaban la interrupción del servicio y la pérdida de recursos hídricos.

Durante el acto, que ha tenido lugar en la sede de la empresa pública Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar, S. A. (Arcgisa), Crespo ha señalado que se trata de una “jornada histórica para Cádiz y, en especial, para el Campo de Gibraltar”, pues “han sido necesarios muchos meses de trabajo para terminar una infraestructura de gran envergadura que, además de abastecer a los habitantes de estos municipios, permite atender las necesidades de la zona industrial”. La complejidad de la obra se refleja en el hecho de que haya sido necesario construir túneles, salvar carreteras, vías de ferrocarril e incluso el propio río Guadarranque, como ha explicado el director de Infraestructuras del Agua, Sergio Arjona.

La ejecución de este nuevo ramal representa una mejora en la gestión de recursos disponibles. Estas nuevas infraestructuras permitirán transportar los recursos de una manera segura, eficiente y, a su vez, van a garantizar que en todo momento el abastecimiento se realice de forma ininterrumpida y sin menoscabo de la calidad del servicio prestado.

Por otro lado, Crespo ha recordado que “esta misma semana el Consejo de Gobierno ha aprobado los planes especiales de sequía para las demarcaciones hidrográficas de las cuencas Mediterráneas Andaluzas y del Guadalete y Barbate”. La Consejería ha elaborado estos documentos de los que carecía la comunidad, a pesar de recogerse su obligatoriedad en la Ley de Aguas de 2010. En ellos se incorporan las novedades y modificaciones legislativas y técnicas e incluyen propuestas y medidas específicas dirigidas a prevenir y mitigar los impactos de la sequía y la escasez coyuntural de recursos hídricos sobre el medio ambiente y favorecer el uso sostenible del agua.

La Junta está dando cumplimiento al Pacto Andaluz por el Agua, aprobado por el Parlamento de Andalucía en diciembre de 2020, una herramienta imprescindible para la gestión sostenible de los recursos hídricos y la garantía de disponer de agua para abastecimiento, incluso en situación de sequía.

Crespo ha señalado que, aunque la actual situación en el Campo de Gibraltar ha mejorado con las últimas lluvias, la Junta de Andalucía está actuando con previsión. “Las inversiones en materia hidráulica en el Campo de Gibraltar superan los 16 millones de euros entre obras de emergencia, mejora de presas y la ampliación de la ETAP de Arenillas en Castellar de la Frontera”, ha dicho.

En el acto han participado el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y presidente de Arcgisa, Juan Lozano; el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, y de San Roque, Juan Carlos Ruiz; así como el primer teniente de alcalde de Los Barrios, Pablo García, la subdelegada del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares; la delegada territorial de Agricultura, Ana Bertón, y el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez; además del gerente de Arcgisa, José Manuel Alcántara.