Abc

• La inversión en carreteras de la Consejería de Fomento supone una bocanada de aire para el sector de la construcción

El impulso de este plan de conservación permitirá a la Junta caminar hacia un segundo objetivo: la reactivación de la obra pública, que permitirá generar empleo y dar liquidez a las empresas de construcción, redundando en la economía de los municipios de la región. El «zafarrancho» ha sido recibido por la patronal andaluza como una bocanada de aire fresco, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, que serían las principales beneficiadas del calendario de actuaciones de aquí a final de año.

«Todo apunta a que las inversiones en infraestructuras se van a recortar, y que aquí se esté hablando de partidas adicionales para destinarlas a la red de carreteras nos da una esperanza», señala a ABC Ana Chocano, presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), quien confirma que desde hace más de una década «se ha invertido muy poco» en la red autonómica.

Según Chocano, en ese tiempo se han mantenido vigentes los contratos de conservación integral, «que aseguran que estas carreteras están en condiciones de seguridad para utilizarlas», pero no se ha actuado en las operaciones de renovación de firmes y de mejora necesarias por el desgaste provocado por los agentes atmosféricos o el propio uso de las vías.

La presidenta reconoce que el sector ha vivido una situación privilegiada al poder trabajar durante el estado de alarma y la crisis sanitaria de la Covid-19, aunque sufrieron «un parón en cuanto a la licitación pública por la suspensión de los plazos administrativos», retomados ya en su mayoría. En volumen y número de contratos se encuentran en cifras similares a las de 2019. Si bien, apunta, «las producciones han sido menores y, por lo tanto, los márgenes han desaparecido».

Chocano coincide con el Ejecutivo autonómico en que por cada millón de euros invertido en el sector de la construcción para este plan de choque se podrían generar entre 12 y 14 puestos de trabajo. Y va más allá. Estima que «podrían crearse en torno a otros 6 ó 7 puestos indirectos».

La postura de la patronal es clara. Muchas de las empresas que agrupa cuentan con plantas de aglomerado o equipos de extendido, por lo que «este tipo de proyectos les vienen fenomenal», siempre y cuando se ejecuten «muchas actuaciones de pequeño importe». De forma que la pyme pueda intervenir en ella en primera persona. «Lo ideal son obras de entre 1 y 5 millones que pueden acometer ellos presentando una oferta, en lugar de una obra de 50 millones en la que solo pueden participar como subcontrata».

Abc

• En 2019 hubo una recuperación y hasta junio de este año se mantiene el ritmo, pero en los presupuestos del próximo ejercicio puede llegar el hundimiento

El sector andaluz de la construcción encara la nueva crisis en la que estaba siendo su mejor etapa de la última década. Todavía era necesario un crecimiento de la inversión para volver a niveles similares a los de antes del «crack» inmobiliario, pero la tendencia era positiva. Como señala el informe de la patronal Ceacop, «en los tres últimos años el ritmo de adjudicaciones ha ido creciendo progresivamente hasta alcanzar en 2019 la cifra de 2.013 millones de euros, un dato que refuerza una línea positiva que ya se empezaba a notar desde 2017, cuando la inversión experimentó un significativo aumento al situarse en 1.130 millones». En los años más negros para esta actividad, el presupuesto para infraestructuras apenas se situó en 717 millones (así ocurrió en 2016), mientras que en los años del boom llegó a superar los 4.570 millones (como en 2009). La expectativa para las compañías de la construcción era una mejora progresiva en los próximos ejercicios, aunque la situación puede cambiar radicalmente por el severo impacto en los presupuestos públicos que tendrá la pandemia.

La Junta de Andalucía está actualmente en el tercer escalón del ránking, con adjudicaciones valoradas en 466 millones, un 23,1%

¿Quién ha movido hasta ahora la obra civil en Andalucía? El Gobierno central fue en 2019 la administración más inversora, con 795 millones de euros (el 40% del total). Una parte muy relevante de este importe se debe a los nuevos proyectos para construir la plataforma del corredor ferroviario entre Murcia y Almería. Los ayuntamientos —especialmente Málaga y Sevilla— también fueron un motor del sector, con una inversión de 551 millones (el 27,4%). La Junta de Andalucía está actualmente en el tercer escalón del ránking, con adjudicaciones valoradas en 466 millones (un 23,1%), y el resto se lo reparten Diputaciones (7%) y Universidades (2,3%), según Ceacop.

El 54% de toda esta cartera de proyectos ha sido para empresas de capital andaluz (aunque Ceacop advierte de que las firmas regionales reciben un porcentaje inferior al de años anteriores).

En la primera mitad de 2020 la situación se ha mantenido estable. «Si analizamos las licitaciones entre enero y junio vemos que el ritmo sigue a un nivel muy parejo al del pasado año», afirma Ana Chocano, presidenta de Ceacop. A su juicio, los problemas pueden llegar sobre todo en 2021. «Ahora es cuando se está haciendo la envolvente financiera de los presupuestos del próximo año, y la prioridad será el gasto sanitario y social, aunque también hay que intentar hacer un hueco para las infraestructuras», remarca.

En cualquier caso, la situación es muy desigual en función del territorio. Por ejemplo, si se pone el foco en la inversión que ha realizado el Gobierno central, Almería fue el pasado año la provincia que más inversión recibe con gran diferencia (con 398 millones de euros, el 50% del total). La mayor parte de este presupuesto se debe a los proyectos para la construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo del AVE Murcia Almería, con tramos muy relevantes como Los Arejos-Níjar (98 millones de euros), Níjar-Río Andarax (88 millones) y Pulpí-Vera (121 millones). Tras Almería, Cádiz recibió el 10% de la inversión, seguida de Huelva (9.2%), Sevilla (8,3%), Málaga (7,9%) y Córdoba (7,1%). En el furgón de cola, y a mucha distancia del resto, quedaron Jaén (que apenas recibió el 1,6%) y Granada (con el 3,4%).

Administración local
Tras el Gobierno de la nación, los Ayuntamientos han sido la segunda administración en volumen de adjudicaciones. También en este caso hay notables diferencias en función del tamaño de cada municipio. Ceacop valora especialmente el esfuerzo que está realizando la administración local porque «a pesar de tener menos recursos, están logrando una mejora en las infraestructuras municipales». Otro elemento positivo de estas instituciones es que «más del 70% de las actuaciones las realizan empresas locales, lo cual refuerza el crecimiento y el empleo en la región». De los 551 millones de euros que movieron en total, Málaga es responsable de 136 millones y Sevilla de más de 120 millones (con lo cual entre ambas suman prácticamente la mitad de todo el volumen). En el tercer escalón se situó la Junta de Andalucía. «En 2019 el Gobierno autonómico registró 465 millones, se ha aumentado progresivamente el presupuesto en los últimos años y el pasado año ya creció un 26%, y fue el mejor registro de los últimos nueve años». El ritmo de los seis primeros meses de 2020 confirmaban esta tendencia al alza. Solo la Consejería de Fomento ha licitado este año 167,4 millones de euros, sin contar las agencias públicas como la de vivienda o puertos.

Hay instituciones que han decidido acelerar sus planes de inversión para tratar de adelantar la recuperación. Es el caso de los puertos andaluces (como los de Cádiz, Algeciras, Huelva, o Sevilla), que han decidido dar un paso al frente y erigirse en puntales de la recuperación. La estrategia diseñada, con la que van a poner sobre la mesa inversiones directas por 350 millones de euros solo entre 2020 y 2021, se dirige a relanzar infraestructuras ya previstas y a estimular nuevos desarrollos empresariales e industriales. Hasta 2024 el desembolso total que realizarán se eleva a 630 millones.

En el caso de Emasesa, que presta servicios de agua y saneamiento a más de 1.100.000 habitantes en once municipios del área metropolitana de Sevilla, ha puesto en marcha un plan de reactivación para el período 2020-2024 que ascenderá a 453 millones de euros.

Antes del coronavirus el sector pensaba que había entrado en un nuevo escenario que auguraba «que las empresas empezarían a ganar músculo, ya que si la senda de crecimiento se mantenía en 2020 se podría hablar de la consolidación de la actividad». De hecho, los 250 socios de Ceacop tenían unos ingresos conjuntos de 380 millones de euros en 2015, y al cierra de 2019 esta cifra ya era de 600 millones.

Problemas estructurales
Aunque la situación había mejorado, continuaban existiendo déficits heredados de los años de la crisis. «Aunque 2019 fuera un año de crecimiento, aún no se habían compensado los años de ausencia de presupuesto para infraestructuras». También es un sector con problemas como «la falta de mano de obra cualificada, el encarecimiento de las materias primas y los retrasos generalizados en el inicio y en la ejecución de los proyectos». Uno de los aspectos en los que la situación requería mejorar notablemente es en «las partidas destinadas al mantenimiento de las infraestructuras actuales, que es claramente insuficiente».

Esta asociación advierte de que la colaboración público-privada encierra enormes dificultades para activar proyectos a corto plazo. Su puesta en marcha requiere una modificación legislativa nacional que puede dilatarse en el tiempo, y de hecho «el Gobierno central, a pesar de las peticiones de la Junta de Andalucía, no se ha mostrado muy receptivo al cambio normativo que se debe realizar». Por ello, «no debe ser una herramienta prioritaria sino complementaria». También cuestiona esta fórmula porque «en general solo la pueden acometer las grandes compañías con unas capacidades financieras importantes y deja fuera a las empresas pequeñas y medianas, que son las que predominan en la región».

Ceacop sostiene que se requiere un plan de infraestructuras a corto y a medio plazo dotado de 4.000 millones anuales por parte de todas las administraciones, destinados tanto a obra civil como a vivienda. «Es una alternativa al gasto no productivo que se destina a ayudas al desempleo y en subsidios, y porque el sector precisa de servicios e industrias auxiliares que se reactivarán también», apunta Ana Chocano, presidenta de esta patronal.

A su juicio, las inversiones no se deben concentrar en pocas actuaciones de gran importe, sino que «es más efectivo que estas se dividan en proyectos de menor cuantía que permitan repartir la inversión disponible en el territorio y que puedan acceder un mayor número de empresas a su ejecución, favoreciendo así la participación de las pymes que suponen el 85% del sector consultor y constructor andaluz». Para la creación de empleo «es más operativo diez actuaciones de cinco millones de euros que una sola actuación de 50 millones de euros».

Marifrán Carazo: «No parar ni una obra»

La consejera andaluza de Fomento, Marifran Carazo, ha dicho a la agencia de noticias Efe que «hay dos modelos para salir de la crisis, el del PSOE en 2008, que paralizó todas las obras» y el del Gobierno andaluz «que es no parar ni una obra y, diez años después terminar todas aquellas obras en un año y medio». Aquella parálisis supuso «un punzón» para el sector, del mismo modo que la reactivación ha supuesto un alivio, según la consejera, que ha puesto como ejemplo la carretera Vera-Garrucha (Almería), que ha sido ejecutada en más de la mitad, la variante de Berja (Almería), la variante de Lucena (Córdoba), el puente de Huétor-Tajar (Granada) y la variante de Arriate (Málaga), entre otras. «El covid no nos ha parado, porque somos conscientes de la enorme responsabilidad que tiene una consejería inversora ante la crisis y sus consecuencias sociales y económicas apoyando a las empresas de un sector que es potente y fuerte», como sucede con el de la obra pública en Andalucía. La Consejería de Fomento, recurriendo al teletrabajo, ha logrado «no parar ni una sola obra» y puso como ejemplo la construcción del metro de Málaga.

Abc

• Un informe de Ceacop desvela la baja inversión de los gobiernos central y regional el año pasado

El informe de adjudicaciones de obra pública de la memoria anual de 2019 del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) desvela que la provincia de Córdoba estuvo a la cola de la inversión en obra en pública recibida el año pasado en toda Andalucía.

El dato más clarificador de esta situación es que la inversión en obra pública de la Junta de Andalucía en 2019, primer año de mandato del Gobierno popular en la región, en la provincia de Córdoba fue la peor de toda la comunidad autónoma. Córdoba sólo recibió el 6,5 por ciento del gasto en esta partida del Ejecutivo andaluz, mientras que Almería fue la provincia más beneficiada con el 16,3 por ciento de la inversión.

Tampoco la provincia de Córdoba está entre las provincias más agraciadas por la obra pública de otras administraciones. Un ejemplo significativo es que el Gobierno central, según del informe del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública al que ha tenido acceso este periódico, dejó a la provincia como la tercera provincia con menor inversión en obra pública de la región. Aglutinó el 7,1 por ciento del gasto de gobierno socialista en funciones. Sólo Jaén, con el 1,6%, y Granada, con el 3,4%, recibieron menos gasto estatal.

En la inversión de los ayuntamientos de Córdoba en obra pública, la provincia cordobesa tampoco destaca. Todo lo contrario. Los 77 municipios siguen en el furgón de cola en esta materia. La provincia sólo ha recibido el 7,7 por ciento de la inversión realizada en obra pública en toda la región de Andalucía. Jaén, con el 4 por ciento, y Almería, con el 6,2 por ciento, son las únicas que están por debajo. Córdoba es la sexta provincia andaluza con menor gasto en obra pública de los consistorios en esta parcela.

La tendencia se mantiene también en el gasto que realizan las universidades en obra pública. La provincia de Córdoba sólo acaparó 1,1 millones de inversión en esta parcela de la construcción de los 47,5 millones de euros que las instituciones académicas gastaron en 2019 en obra pública en toda Andalucía. Esto sitúa a la provincia de Córdoba como la séptima de la región de ocho en gasto de obra pública por parte de las universidades.

El único punto favorable que tiene la provincia cordobesa en materia de inversión en obra pública en 2019 son las actuaciones que realizó la Diputación. La institución provincial gastó 16,2 millones de euros en esta materia de los 143 millones que se invirtieron en la región desde estas instituciones. Sólo Jaén y Almería, con 43,3 millones de euros, superaron a Córdoba, la tercera con mayor gasto desde las diputaciones.

Abc

• Ceacop dice que el pago de certificaciones por parte del Ejecutivo central acumula meses de retraso

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), asociación integrada por 250 pymes andaluzas del sector, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha criticado duramente la gestión que está realizando de la crisis sanitaria y la improvisación en la toma de decisiones.

«Somos conscientes de las necesidades de parar la extensión de la pandemia con medidas extraordinarias como las que se han tomado, pero a la vez queremos dejar constancia de que la forma en la que se han implementado dejará unos efectos devastadores en la economía del país y concretamente en el sector en el que desarrollamos nuestra actividad», ha indicado Ana Chocano, presidenta de Ceacop, en la carta dirigida al presidente del Ejecutivo central.

Las empresas de la construcción afirman que se vieron «obligadas a parar nuestra actividad sin previo aviso, y tras días escuchando al Gobierno manifestar con contundencia todo lo contrario. Nos vimos obligadas a reorganizar con premura en un solo día las obras de cara a unas “vacaciones forzosas” por un periodo “al menos” de dos semanas, pero sin tener la certeza de su duración».

Planificación
Los constructores de Andalucía integrados en esta asociación afirman que hoy siguen «en la incertidumbre de sí el próximo lunes se reanudará la actividad. Por este motivo, reclamamos planificación. El sector de la construcción, las empresas y sus trabajadores, necesitamos indicaciones de forma clara y precisa de la manera de retomar el trabajo de las actividades suspendidas. No se puede improvisar nuevamente. No podemos recibir las instrucciones sobre cómo proceder en mitad de un fin de semana, otra vez».

Además, Ana Chocano ha indicado al presidente del Gobierno que «las empresas de la construcción continuaremos trabajando y manteniendo nuestras plantillas, en un ejercicio de responsabilidad para garantizar, por un lado, el cumplimiento de los contratos, y por otro el manteniendo de los puestos de trabajo, sabedores de que nuestro sector es uno de los principales empleadores».

«Además de los avales aprobados por el Estado a través del ICO, que resultan insuficientes, la mejor garantía para la liquidez de nuestras empresas es que las administraciones agilicen el pago de las certificaciones pendientes de cobro, que acumulan ya meses de impagos, y de las certificaciones ordinarias», añade en su misiva Ceacop.

Las empresas de construcción, consultoría y obra pública tienen la sensación «de que el Gobierno criminaliza a las empresas. Esta crisis afecta a todos, también a las empresas, y seremos necesarias para sobreponernos a esta situación. Es necesaria la colaboración de todas las partes. La sociedad, los gobiernos, las administraciones, las empresas, autónomos y trabajadores por cuenta ajena. Tenemos la percepción de que el sector privado, empresas, autónomos y nuestros trabajadores, estamos sufriendo más duramente los efectos económicos de la crisis. Proponemos que el Gobierno, la clase política y la administración pública, asuman y compartan estas mismas obligaciones».

La orden del Gobierno central de que cesaran las actividades no esenciales cogió al sector de la construcción en Andalucía con el 50% de las obras paradas, ya fuera porque no tenían suministros por el cierre de establecimientos de materiales o porque no podían cumplir las medidas de seguridad parta evitar contagios al no contar con mascarillas y ser de difícil cumplimiento el mantenimiento de las distancias de seguridad. En febrero de 2020, en Andalucía había dados de alta en la construcción a 147. 261 trabajadores en el régimen general y otros 50.988 como autónomos, en total casi 200.000 personas.

Abc

• Admite que no cumple medidas preventivas porque es difícil guardar la distancia de seguridad en el tajo y por falta de mascarillas en el mercado

Fadeco, la patronal andaluza de los constructores, ha anunciado que a pesar de que estas empresas, tanto de obra pública como privada, quieren continuar con la ejecución de las obras, «se está constatando en todas las provincias andaluzas las dificultades, por no decir la imposibilidad, de que las empresas puedan cumplir las medidas excepcionales de seguridad e higiene que exige el coronavirus por la propia singularidad del sector». Guardar las distancias de seguridad cuando se trabaja en cuadrillas es una de las medidas de difícil cumplimiento en las obras. Además, aseguran que les resulta imposible adquirir en el mercado equipos de protección individual, sobre todo mascarillas y equipos de desinfectación.

Los constructores dicen que «lejos de poder proteger a sus trabajadores facilitando su aislamiento en sus casas, esos empleados deben mantener su actividad en la calle, singularidad que dificulta la evitación de sus desplazamientos y traslados provocando situaciones de riesgos de contagio inevitables». Las empresas constructoras aseguran que denuncian esta situación porque quieren proteger a los trabajadores y evitar la propagación del virus.

Materiales
Por otra parte, Fadeco destaca que «más allá de la falta de suministros de materiales, factor que igualmente empieza a afectar gravemente a la actividad ordinaria en la obra, se une el temor del trabajador y de su propia familia a que el obrero se pueda contagiar al tener que trabajar al aire libre, la imposibilidad de guardar las distancias de seguridad en los tajos, ya que se trabaja en cuadrillas, y la dificultad de los trabajadores en los desplazamientos a sus centros de trabajo». La presidenta de Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obras Pública), Ana Chocano, ha escrito una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para denunciar «la falta de directrices claras y precisas» y de uniformidad en todo el territorio para garantizar la seguridad en las obras.

ERTE por fuerza mayor
La patronal destaca que muchas obras trabajan con su «subcontratistas y empresas auxiliares con personal propio» y que «la falta de uno solo de ellos quiebra la cadena de producción y paraliza la ejecución de la unidad de obra».

Fadeco cree que las circunstancias se agravarán en las próximas semanas «y que constituyen en muchos casos circunstancias de fuerza mayor que obligarán a las empresas a paralizar las obras». Los constructores apelan a las administraciones públicas a que acepten los ERTE que presenten por fuerza mayor debidamente acreditados, evitando de este modo los despidos en el sector.

Abc

• La patronal de la construcción denunucia que la administración cobra impuestos para construir depuradoras que luego no ejecuta

La Junta recauda cada año decenas de millones de euros de los andaluces en su recibo del agua para cumplir con el mandato de la Unión Europea de depurar y sanear el agua que se consume. Sin embargo, denuncian desde Ceacop, la administración andaluza por ahora no ha construido las depuradoras que deberían haber acometido con ese dinero.

«En Andalucía hay 120 millones de euros que recauda la Junta para la construcción de depuradoras y Europa nos está sancionando por no tenerlas hechas. Resulta que la Consejería que tiene esa atribuciones solo adjudica 83 millones de los 120 de los que dispone», denuncian en Ceacop. Para colmo, de esos 83 millones que sí gasta, «no lo hace al cien por cien en la construcción de depuradoras porque también se destina ese dinero a redacción de proyectos o a limpieza de cauces», explica la presidenta de la patronal de la construcción, Ana Chocano.

«Han dejado ociosos este año 40 millones de euros; 60 en 2017; más de 50 en 2016… Nos ponemos a sumar y al final hay una caja por ahí en la Junta que parece que nuevo Gobierno aún no ha descubierto y que tiene 300 millones de euros para destinar en obras de depuración y saneamiento», indica Chocano, quien pide a la Junta que busque ese dinero y «nos den trabajo. Queremos trabajar. Si hay un nicho donde hay dinero, empléese».

Los constructores recuerdan que el dinero destinado a depuradoras no puede dedicarse a nada más: «Es un dinero finalista, no se puede dedicar a otra cosa», explicó el secretario general de Ceacop, Daniel Fernández, quien insistió en que la Consejería de Medio Ambiente -hoy Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural- está recaudando decenas de millones pero invierte solo una parte.

Impuestos
«Para nosotros es dramático. Pagamos impuestos para tener una inversión en depuración y tratamiento de aguas y al mismo tiempo todos los ciudadanos pagamos sanciones que nos impone ya la Unión Europea», indicó Fernández, lo que demuestra «una incompetencia absoluta de la administración que recauda el dinero vía impuestos, no es capaz de ejecutar sus infraestructuras, no se gasta el dinero y otra vez con el dinero de los ciudadanos paga las sanciones que nos impone Europa».

El secretario general de Ceacop añade el hecho de que Andalucía «sigue contaminando y sin adecuar las aguas que pueden ser reutilizadas en Agricultura y otras necesidades porque somos un país con un déficit hídrico muy importante».

Las sanciones a las que se refieren en Ceacop son ya una realidad a la que se enfrentan los andaluces. Así, el año pasado la UE sancionó a la Junta de Andalucía por la falta de tratamiento en las aguas de Matalascañas, Isla Cristina, Nerja, Alhaurín el Grande, Coín, Barbate o Tarifa, donde debían haberse construído depuradoras. La multa, de doce millones, es ampliable en 10,9 millones por cada semestre de retraso en la puesta en marcha de medidas correctoras.

Denuncia
Por su parte, desde el Foro Saneamiento Costa del Sol semuestran sorprendidos de que la Junta les quiera responsabilizar a ellos de la falta de depuradoras que, aseguran, son resposabilidad del gobierno andaluz. «La Junta de Andalucía lleva desde 2011 cobrando un canon de saneamiento. Se trata de un canon solidario, y finalista. Solidario porque lo pagan todos los andaluces, tengan o no depuradoras en sus municipios. Finalista porque debe ser invertido en las depuradoras. Hasta última etapa de 2018 se estima que se han recaudado más de 600 millones de euros en Andalucía, siendo Málaga la capital que más aporta».

Explica el Foro además que «los ayuntamientos lo único que hacen es recaudar y entregar ese dinero a la Junta de Andalucía, son meros cobradores, no tienen el poder de invertir ese dinero».

Abc

• El director general de Carreteras confirma que el ministerio del ramo sigue analizando cómo llevar a cabo la obra en Sevilla

El director general de Carreteras del Ministerio de Fomento sigue estudiando la ampliación del puente del Centenario de Sevilla para lo que aprovecharía la revisión de esta infraestructura y el cambio de los tirantes metálicos que lo sostienen. Así se lo ha comunicado este alto cargo del Gobierno central a Ceacop -la patronal de la construcción en Andalucía- en una reunión reciente.

El plan no es algo nuevo.Como ya adelantó ABC, el Gobierno de Pedro Sánchez se plantea la ampliación de este puente hace tiempo. Así, el año pasado el ministerio del Fomento, José Luis Ábalos, anunció de forma sorpresiva el proyecto que pretendía añadir varios carriles al puente que salva el río Guadalquivir por la parte sur de la ciudad. Entonces el departamento de Ábalos explicó que reconfigurando los tirantes y haciendo que sostuviesen el puente por el exterior se podría llegar a tener tres carriles por sentido y no dos como se tiene ahora al que se suma uno reversible.

En una respuesta planteada por el popular Ricardo Tarno, el Gobierno aclaró entonces que «se van a acometer, no solo los trabajos especiales de inspección y auscultación, sino también los de elaboración de un documento a nivel de anteproyecto, en el que se analice la viabilidad técnica y económica de la sustitución de tirantes con la alternativa de ubicarlos exteriormente a la plataforma actual para permitir un mejor aprovechamiento de ésta y que, además, sea compatible con posibles ampliaciones futuras de la estructura». De acuerdo a lo que el director general de Carreteras le ha explicado a la patronal de la construcción andaluza, el plan sigue en pie y se estudia su viabilidad.

Desde Ceacop destacan que el proyecto que pretende el Ministerio es de parecido calado al que se llevó a cabo en el puente de Rande, en Vigo. «Ese puente tenía la misma dificultad que el del Centenario de Sevilla», indican en Ceacop, de modo que, creen, es una opción «viable» el añadir más carriles.

Abc

• Los ayuntamientos son los que cargaron con el grueso del gasto en obra pública, según la patronal del sector, Ceacop

La inversión en obra pública en Andalucía subió el año pasado un 18%, encadenando subidas por segundo año consecutivo y alcanzando los 1.325 millones de euros.

Según el informe de Ceacop, la patronal de los constructores andaluces, los ayuntamientos son los que más invierten en infraestructuras seguidos de gobierno central y junta de Andalucía.

Por ayuntamiento, son Málaga y Sevilla los que más dinero han invertido en obra pública. La junta, por su parte, invirtió el pasado año 370 millones, un 21% más que en el año anterior.

Según han explicado desde Ceacop, la Junta de Andalucía es el segundo inversor en obra pública en la comunidad, con 370,4 millones de euros, «un 21 por ciento más de lo invertido en 2017». Por departamentos, es la Consejería de Fomento la que más dinero gasta en estas partidas -142,5 millones en el año pasado-, seguido de Medio Ambiente -83,6 millones de euros en 2018.

Para Ceacop, sin embargo, hay un problema en la partida presupuestaria de Medio Ambiente para obra pública. Explican que ese departamento recauda anualmente 120 millones de euros por impuestos para depuración de agua del que no gasta todo el dinero. «Hay 300 millones de euros en los cajones de la Junta que no se han gastado y era para depuradoras», explican desde la patronal de la construcción en Andalucía.

Así, denuncian que el 2018 dejaron de gastar 40 millones; en 2017 fueron 60 millones de euros; en 2016, 50… «La Junta se va a encontrar con que tiene al menos 300 millones que no ha gastado», se quejan en Ceacop.

Gobierno central
Segúnel informe de Ceacop, en inversiones el Gobierno central «sigue postergado al tercer puesto». Así, «aun siendo el organismo con mayor capacidad económica, su volumen de inversión en 2018 fue de 265,9 millones de euros, un 21% más que lo destinado en 2017. Además este presupuesto se reparte de forma muy desigual entre las provincias, condenando a las que menos reciben a seguir a la cola en el desarrollo de infraestructuras», explican.

Abc

• Empresas critican que en contratos públicos se puntúen criterios como los planes de igualdad

Dos patronales que representan a un tejido profesional muy cualificado de Andalucía, el de los ingenieros, consultores de obras y pymes constructoras, han comparecido esta mañana de forma conjunta para denunciar «los incumplimientos» en que se están produciendo en la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) por parte de distintas administraciones y empresas públicas.

Se trata de Ceacop (el Círculo de Empresas Andaluzas para la Construcción, Consultoría y Obra Pública) y Asica (la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía), que aglutinan a casi 300 proveedores de la Administración Pública (250 la primera y 32 la segunda).

Los presidentes de ambas organizaciones, Ana Chocano, en Ceacop, e Ignacio Sánchez de Mora, en Asica, han hecho un balance de los nueve meses pasados desde la entrada en vigor de la citada Ley, en el que han destacado varios problemas: el «colapso de licitaciones» ques e produjo por la entrada en vigor de la nueva norma; que en las adjudicaciones «siga primando el precio en lugar de la relación calidad/ precio»; la «dificultad para la presentación de ofertas de modo electrónico», como exige la Ley, por falta de medios en las administraciones, especialmente los ayuntamientos; y que siga existiendo «competencia desleal con el sector privado» por parte de las emrpesas públicas, a pesar de que la Ley lo limita.

Criterios «incoherentes»
Uno de los aspectos que han destacado se refiere a «los criterios añadidos» de tipo social, medioambiental o ético, que puntúan en los pliegos de los contratos públicos licitados por las administraciones. En este asunto, estos representantes destacan que algunos de ellos «no son coherentes ni tienen ninguna vinculación con el objeto del concurso».

Como ejemplos, han señalado que en algunos contratos públicos se puntúa más a la empresa que tenga un plan de igualdad que implique un reparto equilibrado de los puestos de trabajo que genere.

«¿Qué hacemos con la plantilla masculina?» en casos en los que se tiene que contratar a mujeres para cumplir con este requisito si se quiere obtener más puntuación en el baremo, ha aseverado Ignacio de Mora.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el proyecto de ampliación de la Línea 1 del Metro de Sevilla, en el que se pide que el 40% de los técnicos sean mujeres y que el 40% de las horas trabajadas sean realizadas por mujeres.

¿Van a poner un contador de horas en las empresas? Son casos absurdos en los que se invita al juego del mentiroso. Consideramos que la igualdad es positiva, pero que sea coherente con el mundo real y vinculada al objeto del contrato», ha subrayado Ana Chocano.

En este sentido, los portavoces han recriminado a la administración que no cumpla estos criterios que exige a la empresa privada. «¿Por qué las empresas públicas no cumplen los planes de igualdad?», es la pregunta que formulan a los responsables públicos.

Otros ejemplos que han puesto sobre la mesa es un contrato de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en el que se exige «una jefa de obras mujer», sin detallar su cualificación, o, en otro terreno, la contratación por parte de un ayuntamiento de cinco trabajadores menores de 25 años de la propia localidad donde se realizaba la obra, pese a que no existían en la oficina pública de empleo parados de esa edad para los oficios demandados.

La puntuaciónde que se utilice un coche eléctrico en el proyecto es otro criterio que barema más, y que supone «un sobrecoste para las empresas».

Para cumplir estas exigencias, Asica y Ceacop pide que las baremaciones la calidad puntúa al 80% y el precio, al 20%. En este sentido denuncian, que pese a que la nueva ley prima las ofertas que equilibran ambas cosas, «se siguen adjudicando las obras públicas por precio» y, en algunos casos, «subastando» los contratos, como sucedía con la anterior Ley.

Abc

• El 53% de las licitaciones en Andalucía en 2017 recayó en empresas de la Comunidad. El montante ascendió a 1.128 millones, un 57% más que en 2016

Por primera vez en una década, el panorama para el sector de la obra pública está cambiando y los presupuestos para ejecutar nuevas infraestructuras en Andalucía se animan con proyectos a más largo plazo. Y esto es gracias, en buena parte, a los planes que han entrado en el Presupuesto del Estado de 2018. El pasado año ya hubo un crecimiento, aunque insuficiente para las necesidades de la Comunidad. Los principales actores (las empresas de ingeniería civil), así lo confirman y aunque bendicen la llegada de nuevos fondos critican también la lentitud y exceso de burocracia y normativas con las que se aún ejecutan este tipo de obras en nuestro país. En muchos casos se trata de obras de infraestructuras necesarias que quedaron varadas con la llegada de la crisis, hace ya nueve años, y que a duras penas se están retomando en los últimos ejercicios presupuestarios. Pero los profesionales del sector no solo se refieren a las nuevas obras, también hacen hincapié en la necesidad de elevar las partidas para el mantenimiento de las ya existentes, deterioradas por el paso del tiempo y la falta de cuidados. No obstante, parece que la luz al final del túnel se vislumbra. Según los últimos datos disponibles correspondientes al pasado año, las adjudicaciones en infraestructuras por parte de las tres administraciones en Andalucía alcanzaron los 1.128 millones de euros, es decir, un 57% más que en 2016. Un porcentaje que, a priori, parece elevado, pero hay que tener en cuenta que se parte de cifras bajas para este tipo de actuaciones. Baste recordar que en 2015 la cuantía era prácticamente la misma (1.125 millones), y representó una bajada del 31% con respecto a 2014 y 2013, frenando en seco la escalada de esos dos anteriores ejercicios.

¿Qué obras se consideran importantes y, por ende, urgentes acometer en la Comunidad? La respuesta la da la presidenta de Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas para la Construcción, Consultoría y Obra Pública), Ana Chocano, que valora la reactivación del Plan de Depuración de aguas residuales para el que en 2017 se destinaron 50 millones de euros. Se trata de una actuación que deriva de una normativa de la Unión Europea que obligaba para finales de 2015 a que el 100% de los municipios depuraran sus aguas, si bien el Plan está especialmente dirigido a los menores de 2.000 habitantes. El corredor del Mediterráneo es otra asignatura pendiente. «De momento muere en Murcia; es prioritaria la obra ferroviaria Almería-Algeciras, para conectar su puerto con Centroeuropa y del que no hay aún fecha de presentación». Y es que, a su juicio, impulsar las zonas logísticas y los puertos con el ferrocarril es esencial para el desarrollo andaluz. «Creo que debería existir coordinación entre las administraciones para fijar prioridades en esta materia, contando con la asesoría de los técnicos», comenta Chocano. Que el tren es el eslabón más débil de la cadena de transportes de Andalucía es algo que todos los implicados lo tienen claro, tal y como lo manifestó el pasado mayo el consejero de Fomento, Felipe López, durante su intervención en un foro en Madrid. Sobre este déficit podrían preguntarle a los granadinos, que llevan tres años sin tren por las obras del AVE a Granada. Los trabajos que pararon el tráfico ferroviario iban a durar varios meses pero el retraso parece interminable. Se trata de una actuación de 125 kilómetros y presupuestada en 1.644 millones de euros y cuya fecha de inauguración depende ahora de las pruebas que debe realizar la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Reactivación de proyectos Las obras para el tranvía que conecte Alcalá de Guadaíra con la línea 1 del metro de Sevilla está asimismo pendiente del último tramo, para lo que hay presupuestados 11,7 millones que servirán para acabar una obra iniciada en febrero de 2008 y que ya acusa el vandalismo y los robos antes de haber entrado en servicio. Uno de los proyectos que puede reactivarse es la SE-40 de la que, tras diez años programada, solo están operativos cuatro tramos, otros dos están en obras y el resto, estancados. El Ministerio de Fomento ya tiene bastante avanzada la modificación de los proyectos de los túneles de la SE-40 para el paso de la autovía bajo el Guadalquivir, lo cual es clave para avanzar con esta infraestructura. Francisco Carmona, presidente de Fadeco Contratistas, cree que hay que agilizar la materialización de estos proyectos. «El periodo necesario para culminar grandes obras, entre 20 y 25 años, es un lapso de tiempo que podría comprometer seriamente el desarrollo de Andalucía, máxime cuando los procesos de transformación y las necesidades cambiantes de la sociedad se suceden en cortos periodos de tiempo, debido a la incidencia de las nuevas tecnologías y a la progresiva industrialización de los procesos», explica. Aunque asegura que 2018 se presenta «positivo», pone el dedo en la llaga al señalar que «a veces, lo proyectado y lo presupuestado no se corresponde con lo realmente ejecutado, siendo habitual que actuaciones previstas para un ejercicio se trasladen al siguiente». Carmona avisa del «déficit» que España arrastra en mantenimiento de infraestructuras «que debe corregirse mediante un plan integral, dado que no se trata solo de mantenerlas, sino también de mejorarlas y adaptarlas a los nuevos estándares de calidad y sostenibilidad económica». Y ello partiendo de la premisa de que las infraestructuras y los equipamientos «constituyen el principal activo patrimonial de un país», finaliza el representante de Fadeco Contratistas.