Sevilla: El Estado pone fin a los túneles de la SE-40 y devuelve los avales

• Las constructoras reciben la fianza que entregaron tras la adjudicación y con ello se pone fin a los contratos
• Queda pendiente la indeninzación a las empresas que será millonaria por los altos costes incurridos

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha devuelto a las constructoras de los túneles de la SE-40 los avales que entregaron tras la adjudicación. Con ello queda resuelta la relación, aunque todavía no se ha fijado la indemnización que, presumiblemente, será millonaria, dada la envergadura de la obra, los costes en los que se ha incurrido y el escaso nivel de ejecución cuando se paralizó. Esta entrega de los avales se ha producido varios meses después de que la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), el ente ministerial que pilota el proyecto, iniciara los trámites para rescindir los contratos.

Fuentes del Ministerio confirman a ABC, el paso que se ha dado es la devolución de los avales, que es la fianza o garantía que adelantaron las empresas para responder si se producía algún tipo incidencia durante la obra. Ese dinero estaba depositado en una cuenta desde la que se ha hecho el reintegro a las compañías, agrupadas en dos consorcios empresariales, por un lado Aldesa, Construcciones Pirenaicas y Bruesa y por otro, OHL, Sando y Azvi. Pero con ello no se da por cerrado el asunto. Ahora queda por delante fijar la indemnización para terminar de liquidarlas un paso que es fundamental antes de volver a licitar el proyecto.

Fuentes del sector de la construcción aseguran a este medio que «habría que ver los expedientes y comprobar en qué condiciones se pactó la resolución. Pero, como norma general, si la obra no se termina porque se considera que es inviable, la Ley de Contratos del Sector Público prevé que el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar». Para ello se remiten al artículo 213.4 de la mencionada norma que recoge esa referencia para los proyectos adjudicados después de 2007, como es el caso, antes se elevaba al 6 por ciento.

Con ello se puede calcular el llamado lucro cesante, que es otra parte de esa compensación, pero no la única. Para el proyecto concreto de los túneles asciende a casi trece millones. La cifra resulta de aplicar ese 3% al presupuesto de adjudicación de los dos contratos que ascendió a 505,39 millones (sin el IVA) menos los ochenta que ay se han ejecutado, como admitió el director general de Carreteras, Javier Herreros, cuando anunció en Sevilla la cancelación definitiva del proyecto en otoño de 2020. A ello hay que sumar los intereses y, lo que puede resultar más costoso, los daños y perjuicios que se puedan acreditar. Una referencia puede ser el montante adelantado por las empresas para la compra de una de las dos tuneladoras, que superó los 40 millones de euros, así como el mantenimiento, almacén y vigilancia de la misma, que cuesta un millón al año y ya lleva diez guardada bajo llave en una nave de Coria del Río.

Pendiente de la compensación

El Gobierno central todavía no ha presentado una propuesta a los adjudicatarios, a pesar de que ya se ha agotado el plazo que marca la ley para ello. La resolución de los contratos ha supuesto un alivio, pues la infraestructura llevaba más de una década bloqueada y se utiliza de manera permanente como arma política, pero la intención del Ministerio de volver a valorar el cierre de la SE-40 mediante un puente cuando esa solución fue desechada en 2001 por el impacto visual ha causado sorpresa y malestar. Será esta primavera cuando el departamento de Raquel Sánchez anuncie el proyecto definitivo para conectar Dos Hermanas y Coria a través del río. Así lo recoge el estudio de alternativas que realizan las consultoras de ingeniería Ayesa –que fue la que redactó el proyecto original de los túneles– y Fhecor.

A la hora de calcular la indemnización, se pueden tomar como referencia otros proyectos que han sufrido sobrecostes o que se han cancelado. La cifra será mayor cuanto más se demore el Ejecutivo central en hacer una propuesta a las constructoras y si el asunto termina en los tribunales, que es una vía habitual en estos casos, el importe se multiplica.

Sólo por refrescar la memoria, los litigios por los cambios en la ejecución de la obra de la línea 1 del metro supusieron un quebranto de 165 millones de euros a las cuentas de la Junta. Eso, sin contar los intereses. Un montante parecido se tuvo de desembolsar para el caso Nevada, en Granada, el fallido centro comercial que se terminó frustrando. Con ambos se podría haber construido casi la mitad del tramo norte de la línea 3 que ahora se está tramitando..