Óscar Puente está implementando en este inicio de curso una profunda renovación de la estructura organizativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Juan Pedro Fernández Palomino ha dimitido como director general de Carreteras, según indican fuentes conocedoras. Su salida se produce en plena guerra con las empresas por los pliegos de contratación de mantenimiento y conservación, que ha provocado la suspensión del plan de más de 1.000 millones de euros anunciado a comienzos de julio, como adelantó este diario el martes. Fuentes oficiales del Ministerio declinan realizar comentarios.

Fernández Palomino fue nombrado director general de Carreteras en octubre de 2022 en sustitución de Javier Herrero, quien actualmente se encuentra investigado en la Audiencia Nacional por su presunta vinculación con el amaño de contratos de obra pública dentro del caso Koldo.

El sustituto de Fernández Palomino aún no ha sido designado, pero fuentes no oficiales próximas al Ministerio apuntan a una promoción interna en el departamento. La Dirección General de Carreteras (DGC) se compone de cinco subdirecciones generales: Planificación y Explotación, encabezada por Rosalía Bravo; Proyectos y Obras (Fernando Pedrazo); Sostenibilidad e Innovación (José Menchén); Conservación y Gestión de Activos (Antonio Muruais) y Coordinación (Gabriel Dávila).

Fernández Palomino abandona la DGC con varios frentes abiertos que su sucesor tendrá que resolver en el corto plazo. Uno de los más polémicos es el relativo al nuevo modelo para contratar la conservación de carreteras.

Ante los escándalos de corrupción en la contratación de carreteras durante la etapa del exministro José Luis Ábalos que trascendieron antes del verano de 2025, Fernández Palomino y otros colaboradores de Puente promovieron una reforma en los pliegos de contratación de los principales entes contratistas del Ministerio, Adif y la DGC, para disminuir el peso de los criterios subjetivos frente a los objetivos mediante fórmulas y así alejar los riesgos de corrupción.

La cúpula de Adif y las empresas privadas se opusieron frontalmente al considerar que el plan convertía las licitaciones de infraestructuras críticas en subastas encubiertas. El Ministerio limitó la iniciativa a los contratos de conservación de carreteras, en un contexto de creciente deterioro de la red por la falta de inversión, y en julio pasado anunció un programa de más de 1.000 millones de euros ya con los nuevos pliegos. Lo hizo a pesar de las advertencias reiteradas que las empresas de construcción y conservación habían trasladado desde el verano de 2025 en sucesivas reuniones al propio Fernández Palomino. Una contestación que tuvo incluso réplica interna, ilustrada en la dimisión en febrero pasado de la subdirectora general de Conservación y Gestión Activos, Paula Pérez.

Acex (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras) presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), adscrito al Ministerio de Hacienda, contra los nuevos pliegos a finales de julio. El Tribunal lo ha admitido y Puente se ha visto forzado a suspender las licitaciones. A la espera de conocer el fallo, el Ministerio tendrá que prorrogar varios contratos que vencen próximamente y contratar emergencias para las 11 autovías de primera generación y la autopista de peaje AP-68, cuyos contratos de concesión de explotación revertirán al Estado a finales de este año.

La otra gran tarea inmediata que tendrá que atender el nuevo director general de Carreteras es precisamente la reversión de estas vías. El Ministerio lleva más de un año negociando con las concesionarias sobre las actuaciones a ejecutar para la devolución de la autovía. Por ahora, hay acuerdo inicial sobre las acciones e inversiones a realizar con dos de ellas, la del tramo de la A-31 entre Bonete y Alicante y la de la A-4 entre Madrid y la R-2. De no fructificar las negociaciones en marcha, Transportes afronta la amenaza de que las empresas recurran a los tribunales.

Otra cuestión pendiente dentro de la DGC es el desarrollo del plan de electrolineras en la red de carreteras del Estado que Transportes anunció en la primavera de 2025.

Además, la DGC aborda en los próximos meses la nueva planificación de obras de carreteras que deberá licitar. El sector, entretanto, continuará reclamando el uso de la colaboración público-privada para desarrollar nuevas infraestructuras viarias. El Ministerio tiene aparcada esta fórmula desde que hace ya casi una década metió en el cajón el anunciado Plan Extraordinario de Carreteras (PIC), con el que se pretendían movilizar 5.000 millones de inversión.

Más cambios

El cambio al frente de la dirección general de Carreteras, aún no oficializado, se suma a la reordenación en la tercera línea organizativa del Ministerio con la integración de las secretarías generales de Transporte Terrestre y Movilidad Sostenible. Esta remodelación sitúa a Sara Hernández del Olmo al frente de la nueva estructura y pone fin a la etapa de Rocío Báguena Rodríguez como secretaria general de Transporte Terrestre, nombrada en mayo de 2025.

La reorganización concentra bajo una única secretaría general dos áreas que hasta ahora funcionaban de forma diferenciada: por un lado, la gestión del transporte terrestre, que engloba el ferrocarril y la carretera; por otro, las políticas de movilidad sostenible, que abarcan el impulso del transporte público colectivo, la bicicleta y los planes de reducción de emisiones.

Hernández del Olmo deja así la Secretaría General de Movilidad Sostenible, creada para impulsar y culminar la Ley de Movilidad Sostenible, ya aprobada y en vigor, para asumir la nueva Secretaría General de Transporte Terrestre, que amplía sus competencias. El movimiento la convierte de facto en la ‘número tres’ del Ministerio, solo por debajo del ministro Óscar Puente y del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Hernández del Olmo es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y doctora en Transportes por la Universidad Politécnica de Madrid y ha liderado la secretaría general de Movilidad Sostenible desde enero de 2025. Anteriormente desarrolló su actividad en consultoría y asesoramiento profesional dentro de Deloitte y en una etapa previa como investigadora de TRANSyT, Centro de Investigación de proyectos de transporte y territorio.

Su promoción supone ahora un nuevo cambio en la estructura directiva diseñada por Puente desde su llegada al Ministerio. El departamento ha renovado durante este periodo buena parte de sus principales cargos, con cambios en las cúpulas de Renfe, Adif y Puertos del Estado, además de distintas direcciones generales y puestos de la Administración.

Antes de Báguena y Hernández, la secretaría general de Transporte Terrestre cayó en manos de Marta Serrano, cesada en 2024 y rescatada en Renfe. Antes siquiera de su nombramiento, el ministro tuvo que buscar una alternativa a los perfiles inicialmente pretendidos debido a la falta de perfiles femeninos en este departamento.

El área de Transportes Aéreo y Marítimo, dirigida por Benito Núñez, no se ha visto afectada por esta reorganización y mantiene su estructura actual. Esta secretaría general continuará coordinando las políticas vinculadas al transporte aéreo y marítimo y la relación con entidades públicas como Aena, Enaire y Puertos del Estado.