El Ministerio de Transportes está trabajando en una profunda reforma de los pliegos de contratación de obras y servicios públicos con la que busca disminuir el peso de los criterios subjetivos frente a los objetivos mediante fórmulas, según indican fuentes conocedoras.
Una medida con la que el ministro Óscar Puente pretende fomentar procedimientos automáticos para alejar los riesgos de corrupción en la adjudicación de proyectos tras salir a la luz las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre irregularidades en procesos de licitación pública, en el marco de la presunta trama de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y su antiguo asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, y que pusieron antes de verano en el punto de mira a constructoras como Acciona.
Puente ha dado orden a sus colaboradores de diseñar un nuevo modelo de contratación en los ámbitos de carreteras y ferrocarril, fundamentalmente. En el caso de la Dirección General de Carreteras (DGC), el planteamiento preliminar discurre por cambiar drásticamente el pliego, hasta el punto de atribuir al precio de las ofertas una ponderación del 100%. Un extremo que convertiría las licitaciones de obras y conservación de carreteras en subastas. El Ministerio no ha realizado comentarios.
El sector en bloque se opone a esta modificación que atentaría contra la calidad de los proyectos, según avisan fuentes empresariales. De hecho, los representantes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Seopan , Anci y Acex trasladaron su inquietud sobre esta cuestión en una reciente reunión con la secretaria general de Transporte, Rocío Báguena, y el director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández.
Desde los ámbitos empresariales sostienen que “el sistema de contratación funciona perfectamente” y precisan que los casos irregulares revelados “son puntuales” y responden a que “en algunos casos concretos el procedimiento de transparencia y publicidad se ha aplicado mal”. “Cambiar el modelo que hay ahora sería un error”, advierten. “La solución no es ir a la subasta, porque arrojaría bajas inasumibles y provocaría que la mayoría de las obras acabarían paralizadas”, abundan desde una de las patronales. Y, añaden, “puede arrastrar a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a aplicarlo, con consecuencias terribles”.
El sector teme que el sistema planteado por Transportes reviva lo ocurrido en la década pasada, tras la crisis financiera, en la que las bajas superaban el 30% y los modificados y litigaciones entre las constructoras y los entes del entonces Grupo Fomento, con Adif a la cabeza, se convirtieron en norma.
En la actualidad, los contratos de obras y servicios de carreteras del Ministerio contempla una ponderación de los criterios evaluables mediante fórmulas del 51% y de los que dependen de un juicio de valor del 49%. Por lo general, los criterios cualitativos suponen el 51% y los relacionados con el precio el 49%. Por tanto, el cambio que analiza Transportes sería radical, dejando al precio como factor definitivo para adjudicar los proyectos. Los únicos filtros para concurrir serían, a priori, la solvencia económica y las clasificaciones técnicas. La modificación, encajaría, en todo caso, en la Ley de Contratos del Sector Público.
La CNC advierte de que la subasta puede generar la rescisión de contratos, reclamaciones o renegociaciones posteriores que abren puertas a la corrupción o favoritismos. Defiende el concurso para contratar, que tiene en cuenta, además del precio, aspectos técnicos, sociales, medioambientales o de innovación. Asimismo, a su juicio, la subasta puede facilitar acuerdos entre licitadores para manipular el precio (ofertas de cobertura, turnos, etc.), mientras que el concurso, al introducir criterios técnicos y subjetivos, dificulta este tipo de colusiones y obliga a competir en calidad, alejando así las malas prácticas y la corrupción.
Información pública
Por ahora, la DGC ya ha elaborado un borrador preliminar para los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras en el que apunta en la dirección de establecer un peso del 100% para la oferta económica. Incluso, el planteamiento recoge la posibilidad de que las empresas licitadoras puedan ofrecer más ejecución de la prevista en el pliego, como la disposición gratuita de toneladas de asfalto, marcas de pintura, señalización vertical o ayudas de zonas de seguridad. El borrador del pliego administrativo estaría ya en manos de la Abogacía General del Estado, según fuentes del sector.
La medida preocupa entre las constructoras y empresas de conservación que están representadas en Acex, así como entre subcontratistas habituales como los fabricantes de señales metálicas de tráfico. Subastar los contratos podría implicar un deterioro aún mayor de la red de carreteras, con los riesgos para la seguridad inherentes, así como la pérdida de rentabilidad y competitividad para las compañías.
La DGC, que se ha visto más expuesta a los casos de corrupción en los contratos vinculados al denominado caso Cerdán -antes caso Koldo-, tiene más avanzados los posibles cambios en los pliegos, si bien por el momento se trata de planes incipientes y no hay ningún documento oficial en firme. Adif, por su parte, también ha recibido el mandato del ministro de explorar modificaciones en su sistema de contratación, aunque hasta la fecha no ha trascendido ningún avance al respecto.
El sector reclama al Ministerio que cualquier cambio en los pliegos sea sometido a información pública y consultada con las empresas para que éstas puedan presentar sus observaciones.
- El Economista
