Obligados a echar el freno
En 2011, una de cada cuatro obras públicas se encontraba parada al cien por cien. En estas cifras no están incluidas otras tantas actuaciones que aunque no se hayan paralizado, sí que han ralentizado su ritmo de ejecución, a causa de la retirada de las inversiones públicas.
En pocos años, los planes de austeridad económica puestos en marcha por las administraciones han vuelto completamente del revés a un sector estratégico y puntero en Andalucía. La obra pública ha pasado de ser una de las principales fuentes de empleo y motor de crecimiento económico, a sufrir los mayores recortes de presupuestos públicos, que han reducido su actividad al mínimo.
La mala salud que hoy por hoy atraviesa el sector tiene su reflejo directo en las cifras de destrucción de empresas y puestos de trabajo. Así, en los últimos 3 años han sido 18.000 las empresas de obra pública que cesaron su actividad. Mientras que las que se han mantenido a flote, se han visto obligadas a reducir sus plantillas a la mitad a la vista de la actual situación de parones y reprogramaciones.
Siempre se recorta en infraestructuras. Cuando se trata de obras públicas, en muchas ocasiones el Gobierno confunde inversión con gasto. Sin embargo, los presupuestos dirigidos a las infraestructuras no sólo se traducen en creación de puestos de trabajo, sino que revierten directamente en la propia Administración en forma de IVA, impuestos, etc.
En cambio hay otras dotaciones presupuestarias públicas, como la campaña de compra de ordenadores portátiles para fines escolares o la proliferación de empresas públicas, fundaciones, organismos que nadie sabe para qué están y para qué sirven, etc. Que suponen un gasto que ?muere? en sí mismo.
En los últimos años, la inversión de la Junta de Andalucía en obras públicas no ha hecho más que decrecer año a año. Es alarmante ver cómo en 2011 la inversión de la Junta en infraestructuras no fue mucho más del 20% de lo adjudicado en 2008, dando marcha atrás al calendario hasta llevar a la región a los niveles de adjudicación de hace 9 años (casi una década). Si al menos esta estrategia significara una vuelta atrás para coger impulso, pero no es así, ya que en 2012 el presupuesto de la consejería de Obras Públicas y Vivienda caerá un 25% más, enquistando aún más la dramática situación de miles de empresas que temen por su supervivencia.
Las constructoras y consultoras coinciden en que el horizonte a corto y medio plazo es desesperanzador si el gobierno no pone en marcha medidas reales de reactivación de las infraestructuras públicas.
Frente a estas demandas, la estrategia de inversión de la Junta de Andalucía para 2012 apunta hacia las políticas sociales, escudándose en que las dotaciones presupuestarias del gobierno autonómico deben primar la garantía de los derechos sociales.
Desde el conjunto de las empresas de ingeniería y construcción no podemos estar más de acuerdo con el Gobierno Autonómico en que los derechos sociales son la prioridad a garantizar. Y para una comunidad autónoma con un 31% de paro el primer derecho por el que su Gobierno debe luchar es el derecho a trabajar. El mantenimiento del estado de bienestar pasa porque todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a trabajar, solo así lograremos que vuelva a circular la economía, reactivar el comercio, movilizar ingresos y tasas públicas…
Sin duda, en estos momentos no hay otra demanda que se pida más al unísono desde todos los estamentos de la sociedad: todos tenemos los mismos derechos y todos queremos trabajar, y cobrar por el trabajo que hacemos (aunque hoy por hoy la realidad es que la Administración no nos está pagando) y que sabemos desarrollar con profesionalidad. Prueba del rigor y de la calidad de nuestro trabajo son las infraestructuras, carreteras, puertos, ferrocarriles? que ha día de hoy disfrutamos y que son un referente para otras regiones (españolas y extranjeras) que sitúan a las constructoras e ingenierías andaluzas como modelos a seguir.
Estas constructoras e ingenierías son las que la Junta va a terminar de hundir a base de recortar la inversión en infraestructuras, de no pagarle por los trabajos ejecutados y por los servicios desempeñados, además de imponerles insalvables restricciones presupuestarias.
Echar el freno en obra pública no significa ni mucho menos que nos quedemos como estamos, sino que este parón tiene un efecto demoledor que puede tumbar aún más al sector. Así, desde el conjunto de las constructoras y consultoras nos tememos que aumentarán las estadísticas de las cientos de empresas que ya han desaparecido y de los miles de puestos de trabajo que ya se han destruido por el incumplimiento del compromiso inversor de la Junta y otros organismos públicos.