Málaga: La Junta de Andalucía recurre al Supremo para desbloquear la construcción de la EDAR Norte de Málaga
- El Gobierno andaluz busca revertir el revés que supuso la paralización de los trabajos por parte del TSJA. La planta tratará las aguas residuales de unos 250.000 vecinos.
La batalla judicial por la construcción de la EDAR Norte de Málaga está servida. La Junta de Andalucía acaba de presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la paralización de las obras de la planta depuradora.
Fuentes de la Administración regional han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga el paso adelante dado por el Gobierno autonómico, con el que pretende contrarrestar los efectos del fallo emitido a finales del pasado mes de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dio al traste con el avance de los trabajos.
El alto tribunal andaluz estimó en su resolución un recurso previo de la asociación de afectados de Vega de Mestanza, anulando la resolución por la que fue aprobado el anteproyecto de esta infraestructura en la zona del Valle del Guadalhorce.
La primera reacción de la Consejería de Agricultura, responsable de la actuación, fue la de analizar en profundidad el fallo, así como la posibilidad de iniciar nuevos pasos judiciales. Y es justo lo que hace ahora la Administración regional.
Desde la Junta se viene advirtiendo desde hace años del efecto negativo que la no construcción de esta planta depuradora tendrá para el entorno y las arcas autonómicas, por cuanto trae consigo una importante penalización económica por parte de la Unión Europea.
En concreto, la ausencia de esta estación hace que se sigan vertiendo sin tratar al río Guadalhorce las aguas residuales de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Torremolinos, así como parte de Málaga capital, con una población cercana a los 250.000 habitantes.
Así lo apuntaron meses atrás desde la Junta, que recordaron que la penalización fijada por Europa por la falta de tratamiento de estos municipios asciende a unos 1,3 millones de euros anuales.
La principal discrepancia expresada por los vecinos afectados es la localización elegida por la Junta para implantar esta infraestructura.
De manera concreta, aludieron al incumplimiento de varias normativas, a la falta de competencia del Gobierno andaluz para aprobar el proyecto de la depuradora y que los terrenos sobre los que se pretendía levantar la planta están en zona inundable.
A ojos del TSJA, la decisión de la Junta de decantarse por la alternativa final, en lugar de las otras analizadas, se justifica en razones exclusivamente económicas.
La sentencia pone en valor las particularidades ambientales de la Vega, recordando su inclusión como parte del Corredor Biológico Mundial debido a su “alto valor ecológico”. Es por ello por lo que el juzgado entiende que el análisis medio ambiental “debió de extenderse a las otras alternativas con la misma intensidad”.