VIVIENDA/ El Congreso convalida sin votos en contra el real decreto ley que contempla deducciones fiscales de hasta el 60% en el IRPF y una línea de avales de hasta 1.100 millones para la rehabilitación.
Expansión. Madrid
El pleno del Congreso convalidó ayer, sin votos en contra, el real decreto ley que contempla deducciones fiscales de hasta el 60% en el IRPF y una línea de avales de hasta 1.100 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Gobierno contó con los votos de PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, PNV, EH-Bildu, Junts, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, BNG, PRC, Nueva Canarias y Coalición Canaria. PP, Vox, UPN y Foro Asturias se abstuvieron.
Asimismo, la Cámara Baja aprobó su tramitación como proyecto de ley, lo que abre la puerta a su modificación a partir de enmiendas de los grupos.
Durante la defensa del decreto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, llamó a los ayuntamientos y comunidades autónomas a revisar los “cuellos de botella legales” en su normativa para asegurar que los programas de rehabilitación de viviendas y edificios “alcancen sus objetivos deseados”.
A estos “cuellos de botella” atribuyó la ministra el “recorrido limitado” de este tipo de programas, provocando, dijo, una tasa media de rehabilitación efectiva de entre ocho y diez veces menos por debajo de la media del entorno europeo. Todo ello teniendo más de la mitad de edificios residenciales construidos antes de 1980, y más del 80% con muy baja calificación en consumo energético.
Para acabar con estas “rigideces” legales, el Gobierno modifica en el decreto la Ley de Propiedad Horizontal, con el fin de facilitar acuerdos por mayoría para realizar obras de rehabilitación o recibir ayudas, y también la Ley de Suelo, reforzando la capacidad jurídica de las comunidades de propietario para recibir créditos.
Respecto a los incentivos fiscales, se prevén 450 millones de euros para financiar deducciones del 20%, el 40% y el 60% en el IRPF, hasta un máximo de 5.000 euros, 7.500 euros y 15.000 euros, respectivamente, según la mejora de eficiencia energética alcanzada en vivienda habitual o edificios residenciales. Asimismo, el decreto ley prevé que no se integren en la base imponible de este impuesto las ayudas contempladas en la propia norma, así como las aprobadas anteriormente para la rehabilitación.
Por parte del PP, Ana María Zureta lamentó que las medidas llegan “tarde” y que todo el presupuesto en vivienda, la mayor inversión en vivienda de todos los tiempos, 2.250 millones de euros, “se quedó en propaganda y fuegos de artificio”. Todo por suponer muchos programas, “una patada hacia adelante” a comunidades y ayuntamientos, que esperaban concreciones para desarrollarlos.
El portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, invitó al Gobierno a reconsiderar su política de incentivos fiscales pues, ha recordado, elimina o los limita esgrimiendo que benefician principalmente a rentas altas y a los contenidos en este decreto no van a optar los primeros tramos de renta que, ha dicho, en muchos casos ni son propietarios.
Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV agradecieron las modificaciones para avalar en las comunidades de propietarios los programas, pero ven necesario complementarlas con ayudas para personas que se pueden oponer a las mismas por no poder hacer frente a estas inversiones. Tomás Guitarte de Teruel Existe, pidió incluir vivienda frecuente, además de la habitual, pues esta predomina en pequeños municipios.
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