Los primeros deberes del nuevo Gobierno andaluz: presupuestos 2027, oposiciones y creación de nuevos organismos

El presidente tomó ayer posesión de manera oficial y enfila su tercer mandato pero en esta ocasión será muy diferente a la última legislatura, con mayoría absoluta, y esas novedades otorgan un ‘plus’ de complejidad a la gestión. El Partido Popular confía en mantener la estabilidad, la continuidad, que no se sienta una gran perturbación o un volantazo brusco. No obstante, la entrada de Vox en la administración supondrá una enorme influencia que recorrerá transversalmente su política afectando a todas las áreas y consejerías, dificultando la elaboración de la ley más importante de cada año: la de los presupuestos.

Es el primer deber de un equipo de trabajo que en su pico máximo de actividad supera los 200 empleados. Pero no el único reto. De su desarrollo y entrada en vigor con prontitud depende la convocatoria de las oposiciones de 2027, aquellas que no se han programado aún. Docentes, sanitarios y administrativos quedan pendientes de la correspondiente Oferta de Empleo Público.

A todo ello se le suma la creación de nuevos organismos y entes que engendrará el recién creado Gobierno, como los observatorios, las nuevas oficinas o las comisiones. No obstante, la reivindicación de Vox de adelgazar la administración y eliminar la burocracia innecesaria hace prever que se mantengan o se reduzcan los entes actuales.

Este lunes, desde primera hora, los trabajadores se emplearán a fondo para pergeñar los presupuestos del próximo curso con el objetivo de que se puedan presentar en tiempo y forma y entren en vigor el 1 de enero. Esta urgencia ha resultado fundamental para acelerar la negociación del pacto entre PP y Vox. En funciones, la administración puede ‘planear’, mantener algo de ritmo por la inercia, pero una demora mayor ponía en peligro las cuentas del siguiente ejercicio y con ello la estabilidad.

Se acumulan casi siete semanas de retraso con respecto a la pasada campaña, cuando se lanzó la orden en la cual se dictan las normas para su elaboración el 20 de mayo. En estos días se han ocupado internamente para al menos contar con los posibles ingresos y los gastos globales, así como calcular el posible techo de gasto en 2027.

Pero es justo antes de las vacaciones estivales, en la antesala de las fechas donde se reduce la plantilla por cuestiones de descanso (sobre todo en agosto), cuando se le da el impulso necesario a las cuentas con el fin de acelerar en septiembre. En estos días ya se estaría escuchando las demandas de las diferentes consejerías, cribando las necesidades económicas de cada departamento.

La dificultad se multiplica con el cambio de Gobierno, la influencia de Vox que obliga a reajustes en partidas presupuestarias y las nuevas consejerías, que necesitan de un decreto de estructura para confeccionarlas y dotarlas de oxígeno, que no sean un ‘cascarón vacío’.

Ya fue imposible incluir en 2026 formalmente el cambio en Sanidad de octubre del año pasado, pues el anteproyecto de ley de los presupuestos ya estaba cerrado, empaquetado y listo para ser presentado por la consejera de Hacienda, Carolina España. Se tuvo que optar por insertar modificaciones de urgencia para el departamento sanitario, un encaje coordinado junto al área de Presidencia y Emergencias que lideraba Antonio Sanz.

Hay cambios, aunque no serán muchos. El conocido es el de la nueva ‘macroconsejería’ que ostentará Manuel Gavira, la de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Pública. Esa fusión de tres áreas necesitará de la creación de un decreto de estructura.

Hay tiempo. Todavía recuerdan en la época de Juan Bravo (exconsejero de Economía) esas madrugadas frenéticas para lograr el cambio desde las inversiones. En pocas fechas se tuvo que desarmar el antiguo aparataje socialista, consolidado durante casi cuatro décadas, para ensamblar el nuevo modelo liberal del Partido Popular, apoyado en Ciudadanos. Es la actividad que contempla mayor esfuerzo de la administración autonómica, que maneja 51.600 millones de euros, la cantidad más alta de todo el país y por encima de hasta 23 naciones europeas.

Presupuestos, convocatoria de oposiciones, creación de nuevos organismos… y sin obviar que hay que cortar y repartir el pastel en ocho trozos, las ocho provincias andaluzas. Hay que hacer hueco para los representantes de Vox en las Direcciones Generales y, sobre todo, en las Delegaciones Territoriales, con el ‘desalojo’ de cargos propios para dar cobijo al nuevo socio. De nuevo la mayor perturbación se producirá en esas áreas de Turismo, Desregulación (simplificación administrativa), Justicia y Administración Pública, pues el socio impondrá nuevos nombres y un modelo diferente de actuación.

Para favorecer la participación, Juanma Moreno convocó elecciones con un mes de anticipación a la fecha de final de su mandato, y cuatro leyes se quedaron sin aprobar: la Ley de Turismo Sostenible, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Andalucía, la Ley de creación del Colegio Profesional de Detectives y la del Colegio Profesional de Pedagogía de Andalucía. Estas primeras fechas se antojan decisivas para conocer su futuro, especialmente el del nuevo reglamento para el turismo, en el que se trabajó durante varios años y por cuestiones técnicas no se pudo validar. Estos cuatro actos son deberes pendientes.

El documento del acuerdo recoge además medidas de aplicación inmediata, desde el primer día, tales como el freno a la activación de más centros de Menores no Acompañados, la exclusión de la instalación de macroplantas eólicas y fotovoltaicas en suelos de regadío, inundables o de valor agronómico o la rebaja del IRPF. Para antes del final de este año, la prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos y la reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal. Desde hoy comenzará la revisión de entidades públicas, ayudas y leyes ideológicas.

El gran catalizador del acuerdo entre PP y Vox ha sido el Gobierno de España. Es el enemigo común que ha unido a estas dos fuerzas políticas. El presidente insistía en la necesidad de tomar el rumbo cuanto antes para hacer frente a las políticas sanchistas que en su agravio suponen un «daño» para la comunidad. Uno de los escenarios de batalla más reconocibles es el de la vivienda, con la oposición frontal a la ley estatal, manifestada aún en funciones al solicitar un requerimiento al Consejo de Ministros por entender que se produce una invasión competencial (además de ser una política intervencionista contraria al modelo andaluz). La Consejería continuará con su programa para construir 20.000 VPOs y favorecer la creación de 40.000 hogares reduciendo trámites y facilitando suelo público.

La vivienda será uno de los pilares fundamentales de esta nueva legislatura junto a la Sanidad. Moreno dejó su gran reestructuración pendiente después de varios meses de estudio y diálogo con los profesionales. La reforma de un sistema público sanitario obsoleto para introducirlo en el siglo XXI, reforzado con la digitalización y la IA y mucho más efectivo, es la gran promesa del líder del PP junto al desarrollo de la ley de Garantías Sanitarias para blindar el presupuesto del SAS e impedir recortes futuros.

Las reducciones fiscales, la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio en cuanto finalice la vigencia de la limitación temporal, la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la transmisión de vivienda habitual entre hermanos, la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la reducción progresiva de los tiempos medios de tramitación y el anunciado Plan contra la Soledad no Deseada también forman parte de esas medidas que comenzarán a implementarse a continuación de la formación del nuevo Gobierno. Pero todo girará en torno a lo de siempre: los presupuestos. Lo que cuenta.