• En una cita a puerta cerrada con un centenar de empresarios aboga por acotar el uso de Tragsa e Ineco
  • El líder del PP aboga por modificar la Ley de Desindexación y la de Contratos para dar seguridad al sector
  • Apuesta por la colaboración público-privada para acometer obras y garantizar un “beneficio razonable” al inversor

Frente al silencio que el Gobierno ha dado por respuesta a las principales demandas del sector de la construcción, al menos hasta la fecha, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, las asume como propias y se compromete a resolverlas si alcanza La Moncloa. Con motivo de la asamblea anual de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el dirigente gallego promulgó, a puerta cerrada y en presencia de más de un centenar de empresarios y directivos, una batería de medidas para garantizar la rentabilidad y dotar de mayor seguridad jurídica a la actividad que implicaría, en su mayoría, la aprobación de reformas legislativas.

La mayor preocupación existente entre las empresas de construcción se centra en la actualidad en la subida de los costes por la guerra de Irán, muy relevante en los materiales bituminosos, necesarios para la construcción y conservación de carreteras. Durante su intervención del martes en la sede de la CNC, el líder del PP comulgó con la necesidad de modificar la Ley de Desindexación de la Economía Española para introducir una revisión de precios en los contratos públicos de obra y servicios automático, según relatan varios de los presentes.

El sector ha demandado en las últimas semanas medidas de reequilibrio que abunden en las ya implementadas en su momento por el conflicto de Ucrania, que consideraron insuficientes, pero el Ministerio de Transportes no ha movido ficha.

Feijóo, que estuvo acompañado de Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP, y Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, incidió en la importancia de atribuir estabilidad en los contratos tanto con la revisión de precios como con mecanismos que los equilibren. En este sentido, apostó por modificar la Ley de Contratos del Sector Público para dar prevalencia a los concursos abiertos y competitivos frente a las subastas que, como denuncia la construcción, se imponen por parte de algunos entes públicos actualmente.

Apoyó, en este sentido, que se prime la calidad frente al precio, una de las peticiones más reiteradas por la industria y que se ha elevado en los últimos meses por el nuevo pliego en conservación de carreteras aprobado por el departamento que dirige Óscar Puente.

Precisamente la inversión en mantenimiento de infraestructuras, viarias y ferroviarias, sobre todo, se revela como un desafío prioritario para el presidente del PP, que no mencionó el pago por uso en la red de carreteras como solución. Y replicó el discurso de las constructoras sobre las ingentes necesidades de invertir en nuevas infraestructuras, con un foco muy especial en agua (presas). Las cuantifica en no menos de 300.000 millones de euros, en línea con las estimaciones de Seopan.

 

Para acometerlas, comulgó también con las pretensiones del sector de fomentar la colaboración público-privada para que las obras se promuevan a través de concesiones, en contraposición al abandono actual de esta fórmula. Recordó, a este respecto, que cuando se desempeñó como consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de Galicia impulsó varios proyectos en régimen concesional. Así lo hizo con varias autovías, si bien en los últimos años la Xunta ha rescatado algunas de ellas por una cuestión, defendió, de eficiencia económica.

Para reactivar este modelo y atraer a los inversores igualmente coincidió con el sector en la necesidad de cambiar la Ley de Desindexación para propiciar un “beneficio razonable”, dijo.

Feijóo compartió, además, que hay que limitar el uso de medios propios por parte del Estado, como las empresas públicas Tragsa e Ineco.

En materia de vivienda, reiteró la urgencia de aprobar la Ley del Suelo, dentro de un Plan de Vivienda más amplio.