Las pymes acceden a solo un 7% del importe de las licitaciones públicas
El Banco de España lanzó la alarma en su último informe anual, publicado a medidados del mes pasado. Pese a la relevancia incontestable que tienen las pequeñas y medianas empresas en el tejido productivo español, su participación en los procesos de licitaciones públicas es completamente marginal. De acuerdo con los últimos datos oficiales del Ministerio de Hacienda, cerrados a 31 de diciembre de 2025, las pymes optan a menos de un tercio de los concursos organizados por los tres niveles de la Administración (estatal, autonómico y municipal).
Pero ese porcentaje se reduce drásticamente si se tiene en cuenta el presupuesto total movilizado: las pymes españolas acceden a solo el 7% de esos recursos. Se trata de una situación preocupante, no solo desde el punto de vista de las oportunidades perdidas por las pymes para dar un impulso a su actividad, y contar también con mayores avales a la hora de acceder a financiaón bancaria. También se producen perjuicios en lo que respecta a las condiciones en que se desarrollarán los concursos públicos. La casi total ausencia de pequeñas y medianas empresas hace que se resienta la competitividad de estas convocatorias, hasta el punto de que muchas de ellas quedan completamente desiertas. Se trata de una situación denunciada por la máxima autoridad en cuestiones de competencia, la CNMC, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) y, de nuevo, el Banco de España.
El fenómeno se vuelve inquietantemente habitual. El porcentaje de licitaciones sin concurrencia ha pasado del 19% en 2013 al 35% en 2023 en nuestro país, de acuerdo con las estadísticas que maneja el Banco de España. Dicha progresión “se sitúa por encima del incremento observado en el resto de los países de la Unión Económica y Monetaria” analizados en el informe anual de la institución.
El regulador gobernado por José Luis Escrivá pone de manifiesto que, en este escenario, “el aumento de procedimientos sin concurrencia podría estar limitando el potencial dinamizador de la contratación pública sobre el crecimiento empresarial, especialmente en el caso de las empresas más pequeñas”.
Costes inasumibles
Cabe preguntarse cuáles son las causas de que las licitaciones públicas sea un coto casi exclusivo de las grandes corporaciones. El alejamiento de las pymes, a priori, no es fácil de explicar, considerando las importantes ventajas que les reportaría participar en estos procesos. La realidad, sin embargo, es que se enfrentan a dificultades a menudo por completo insalvables, para compañías con este tamaño.
Los expertos consultados señalan que la entrada en el mercado de la contratación pública conlleva la asunción de un coste fijo inicial que, en términos relativos, resulta más elevado para las empresas de menor tamaño. Las cifras dejan claro hasta qué punto las pequeñas y medianas empresas se ven desanimadas frente a esa realidad: en 2019 entre el 18% y el 34% de las grandes empresas obtuvieron al menos un contrato público, frente a tan solo entre el 2% y el 4% de las pymes, “lo que apunta a la existencia de barreras de acceso sustancialmente más elevadas para estas últimas”, según los analistas.
La evidencia muestra así que este coste es significativamente mayor en España que en el resto de los países des nuestro entorno y que, además, se ha intensificado desde 2013.
Desde esa fecha, la penalización asociada a ser una pyme —medida como el efecto marginal medio de ser firma de ese tamaño sobre la probabilidad de obtener un contrato, manteniendo constantes otras características empresariales— se ha ampliado de forma notable en España, mientras que no se observa una dinámica comparable en las economías que pertencen a la eurozona.
Volviendo al informe del Banco de España, resulta de este modo patente cómo los patrones anteriormente descritos “sugieren que el aumento de las licitaciones sin concurrencia y el mayor coste relativo de acceso al mercado de la contratación pública para las pymes —particularmente acusado en España— podrían estar reduciendo la capacidad de la contratación pública para fomentar la competencia, aliviar las restricciones financieras y promover el crecimiento empresarial”.
El problema ha llegado al extremo de que Hacienda tenga que impulsar reformas a este respecto. Fue en el primer trimestre de este año cuando el Ministerio ahora dirigido por Arcadi España permitió quelos autónomos y pymes, a la hora de acceder a estos concursos, pueden acreditar su experiencia técnica con trabajos y proyectos realizados en los últimos diez años, ampliando el margen respecto al límite anterior de cinco.
El cambio legal se planteó como una respuesta ante el hecho de que muchas empresas de pequeño tamaño quedaban excluidas de modo casi automático en los concursos públicos, al no poder justificar la experiencia acumulada en un gran número de proyectos recientes, pese a contar con trayectoria suficiente.
Este cambio resulta muy bienvenido en determinados sectores técnicos donde los ciclos de contratación son irregulares y pueden pasar varios años sin que una determinada compañía gane concursos públicos. Además, el cambio acerca la legislación europea a los estándares propios del entorno comunitario, ya que la Small Business Act impulsada desde Bruselas establece un marco jurídico que fomenta este tipo de disposiciones.
No obstante, resulta necesario tener en cuenta que la modificación legal presenta sus limitaciones y no se extiende a todas las actividades. La intención de Hacienda ha sido la de circunscribir su alcance a subgrupos específicos donde se había detectado una baja competencia. Es el caso tanto de las infraestructuras terrestres, como de las obras ferroviarias, hidráulicas, marítimas y proyectos vinculados a la energía.
Anteriormente, en el año 2017, se produjeron modificaciones en pro de un mayor acceso de las firmas de pequeño y medio tamaño, como fue el establecimiento de la obligación de la división en lotes de las ofertas, y la exigencia de justificar por qué no se llevó a cabo esta acción en caso de una determinada Administración se resista a ponerla en práctica
En cuanto a los efectos del cambio legislativo más reciente en esta misma línea, el aprobado en este mismo año, tardarán todavía en reflejarse en las estadísticas, pero los expertos avisan de que el alcance real puede verse mitigado por la persistencia de otras barreras en cuya superación no se ha dado todavía ningún avance.
Sin cambio en la Ley de Desindexación
Es el caso del impacto que los sucesivos incrementos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha tenido en los costes de las empresas que desarrollan proyectos para el sector público. De hecho, la normativa actual prohíbe que esas firmas puedan trasladar la mayor carga que un SMI de mayor envergadura supone sobre los costes de licitación, un efecto que no se pudo prever en el momento de poner en marcha el concurso.
Para ello se necesita un cambio en la Ley de Desindexación por el que seimpre se ha mostrado partidario el equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero que se estrelló repetidamente contra la total oposición de la ahora exministra de Hacienda, María Jesús Montero. Desde la salida de esta última para concurrir a las elecciones andaluzas, y el desembarco de su sucesor en el Ministerio Arcadi España, no se han producido avances en este sentido, y el texto de la Ley de Desindexación permanece sin cambios, un hecho que sorprende aún más considerando que esta deficiencia implica también perjuicios para las empresas de mayor tamaño, lo que pone en cuestión la viabilidad de los proyectos que tienen mayor envergadura.
Pero todavía hay más problemas que actúan a la contra de la pyme. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en un informe publicado el pasado mes de febrero, identifica cuatro grandes obstáculos a la hora de concurrir a las licitaciones públicas: dificultad para acceder a la información, complejidad normativa, requisitos desproporcionados en los pliegos y cargas financieras como avales o retrasos en los pagos.
El muro de mayor envergadura se levanta en las primeras fases del proceso. Existe una “importante dispersión de fuentes” en las que consultar con exactitud las condiciones para competir en los concursos. Desde Competencia, sus responsables han abogado repetidamente por una simplificación en el acceso a los formularios, y en unificar, en la medida de lo posible, las tramitaciones diseñadas por los diferentes niveles de la Administración para conseguir acceso a los concursos.
En otras ocasiones, los criterios de solvencia que se les demanda a las empresas para que puedan ser candidatas merecen calificarse de “desproporcionados” de acuerdo con Competencia. En este contexto, algunos expertos plantean también la posibilidad de reservar un porcentaje específico de contratos públicos para pymes, con el objetivo de reforzar su presencia en el conjunto de las licitaciones.