• Las empresas de conservación deciden impugnar ante el TACRC la reforma de los pliegos de conservación porque implican una “subasta encubierta” 
  • La patronal Acex solicitará al Tribunal paralizar las licitaciones por 1.000 millones para generar mayor certidumbre al sector
  • Si el TACRC paraliza el proceso, Transportes tendrá que contratar por emergencia los trabajos para conservar las autovías de primera generación que revierten al Estado

Las mayores empresas de conservación de carreteras de España, entre las que figuran referencias de algunas de las grandes constructoras españolas, impugnarán la reforma del modelo de contratación que ha implementado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Esta decisión, aprobada por mayoría amplia entre los miembros de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), refleja la oposición del sector a la subasta encubierta que a su juicio introducen los nuevos pliegos y deja en el aire la oleada de licitaciones, valoradas en más de 1.000 millones de euros, que el departamento que lidera Óscar Puente formalizó la semana pasada. A Acex podrían sumarse otras organizaciones empresariales como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y Anci, que están evaluando el proceso. La confrontación se produce en un momento crítico por el deterioro creciente de la red de carreteras en España.

Acex está analizando con el bufete Ceca Magán todos los resortes legales para recurrir los nuevos pliegos de conservación de carreteras ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), según indican fuentes empresariales. Tiene para hacerlo hasta el 27 de julio y previsiblemente agotará el plazo. Antes, no obstante, planea solicitar al mismo tribunal que se paralice el procedimiento. Busca así generar mayor certidumbre a las empresas, toda vez que los concursos fijan el mes de septiembre para presentar las ofertas.

Si el Tribunal acepta la suspensión o el Ministerio lo detiene de oficio en respuesta a la impugnación -así ha ocurrido en el pasado con otros recursos-, las licitaciones quedarán bloqueadas hasta la resolución del conflicto. Adscrito al Ministerio de Hacienda, el TACRC está fallando recursos equiparables en un plazo de aproximadamente tres meses. De este modo, salvo que el Tribunal se oponga a la paralización o acorte drásticamente los plazos, su decisión, en el sentido que sea, se dilatará hasta noviembre, lo que provocaría que la eventual adjudicación de los contratos se demoraría hasta 2027.

Este retraso compromete especialmente la transición de la autopista de peaje AP-68 y de las 11 autovías de primera generación al Estado. Sus contratos de concesión expiran, respectivamente, en noviembre y en diciembre de 2026 y el Ministerio había previsto que los nuevos contratos de conservación estuvieran ya adjudicados para hacerse cargo de su mantenimiento desde el primer día. Si las licitaciones quedan paralizadas, ese relevo no podrá producirse con normalidad.

Posibles escenarios

Los contratos de concesión de las autovías y la autopista no recogen cláusulas de prórroga automática, por lo que Puente y su equipo tendrán que buscar una solución transitoria para evitar que las vías queden sin cobertura de mantenimiento. La opción más factible discurre por instrumentar contratos de emergencia hasta que se pueda adjudicar su conservación ordinaria. Para el resto de las conservaciones licitadas, los contratos vigentes incluyen una posible prórroga de nueve meses.

 

Ante la impugnación de los pliegos, caben tres posibles resoluciones por parte del TACRC: que dé la razón a las empresas y el Ministerio se vea obligado a elaborar un nuevo pliego -o rescatar el anterior-; que rechace el recurso y el procedimiento de licitación se restituya; o que admita parcialmente algunos cambios en los pliegos. En el caso de que el Tribunal desestime las pretensiones de Acex, la asociación aún podría elevar el asunto a la vía judicial.

La organización que preside Federico Ávila ha determinado acudir al TACRC después de que Transportes haya eludido las advertencias que desde hace casi un año han venido trasladándole sobre los riesgos de la reforma finalmente aprobada.

El Ministerio, que defiende la reforma como un instrumento para combatir la corrupción en la contratación, ha introducido en la versión definitiva de los pliegos algunos cambios para fomentar la innovación y la descarbonización. También ha incluido, como demandaba la asociación, la obligación de presentar una garantía provisional, con la que evita que haya sociedades que puedan concurrir a derribo. Aunque Acex valora las modificaciones, las considera insuficientes. Permanece la esencia de la reforma, que supone, a su juicio, la implantación de la subasta encubierta, en la que el precio será prácticamente el único factor decisorio.

Con la publicación de los pliegos de los nuevos concursos el pasado 6 de julio, Acex realizó una consulta vinculante entre sus 32 asociados. De ellos, más de 20 han votado a favor de la impugnación, sólo uno se ha opuesto y dos se han abstenido. Este resultado refleja que una gran mayoría de empresas no está de acuerdo con el nuevo modelo porque “no valora la calidad que es lo que Europa pide”, señalan en el sector. A Acex pertenecen las filiales de constructoras como Acciona, FCC (Matinsa), Sacyr, OHLA (Elsan), Vinci (Probisa), Comsa, Eiffage, Azvi o Collosa y firmas especializadas como Alvac, Aceinsa y Elsamex.

Acex ha requerido a la CNC que también impugne ante el TACRC, pero en el seno de la confederación existen más dudas. Su comité ejecutivo y su consejo de gobierno lo debatirán este jueves. Anci igualmente está evaluando las medidas a adoptar y Seopan considera que debe instrumentarse a través de Acex, que comparte muchos asociados con estas organizaciones.

La subrogación de trabajadores, otro frente

Las licitaciones de los 29 contratos de mantenimiento de carreteras por más de 1.000 millones de euros que el Ministerio de Transportes publicó la semana pasada esconden un amenaza judicial adicional a la de la propia reforma de los pliegos. Según indican fuentes del sector, los contratos de conservación que implican a las autovías de primera generación, que revertirán al Estado en diciembre, excluyen a algunos de los trabajadores que actualmente forman parte de las concesiones de estas carreteras. Se trata, en la mayoría de los casos, de cargos responsables, que el Ministerio elude subrogar. Esto podría provocar demandas por parte de estos trabajadores (los afectados serían entre 20 y 30), y/o de las propias empresas.