La falta de obra pública y la morosidad ponen en peligro a 2.500 empleos

«Estamos viviendo una situación límite». Así resumió ayer la gerente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, la coyuntura actual que vive este sector en Córdoba. Según un estudio realizado por este colectivo, unos 2.500 empleos vinculados con esta actividad en la provincia corren un serio peligro de desaparecer antes de que termine el año por la falta de inversión en obra pública y la elevada morosidad de las Administraciones a la hora de pagar a las empresas por actuaciones ya realizadas. 

En ese informe también se indica que unas 110 compañías de este sector en Córdoba pueden cerrar sus puertas a lo largo de 2011 por estos factores. Esta cifra supone en torno a un 30% del tejido productivo que en la provincia se dedica a la obra pública. A eso suman las industrias auxiliares que dependen de estas firmas. 

Chocano denunció que la licitación de las instituciones está «estancada» en Córdoba, siendo las previsiones para los próximos meses bastante negativas debido a los recortes presupuestarios anunciados por los distintos poderes públicos. 

Resaltó la paradoja de que apenas se invierta en nuevos equipamientos cuando «en Andalucía y en Córdoba hay un claro déficit de infraestructuras».

Desde Ceacop,se señaló que 2010 fue el «peor» año en cuanto a las cifras de licitación de obra pública en Córdoba desde que hay estadísticas oficiales. Durante el pasado año, se adjudicaron actuaciones en la provincia por un valor de 229,76 millones de euros, frente a los 357,5 que se invirtieron en 2009, lo que supone un descenso interanual del 36%. 

El Gobierno central es el que redujo en mayor medida su gasto, al destinar a Córdoba tan sólo algo más de 36 millones, un 58% menos que en 2009. «Es una cifra irrisoria», subrayó Chocano. No mucho mejores son las inversiones de la Junta, que cayeron un 52%, hasta quedarse en 55,4 millones. 

Según el estudio, Córdoba es la penúltima provincia de la comunidad en partidas destinadas a infraestructuras por parte del Ejecutivo de José Antonio Griñán. La gerente de Ceacop reclamó a la Junta más esfuerzo inversor para Córdoba con el fin de compensar estos desequilibrios. 

Una situación algo diferente fue la que se vivió en 2010 con los entes municipales. Los consistorios y la Diputación desembolsaron 131,8 millones. Esta cuantía es un 13% inferior a la de 2009, una bajada que está lejos de la experimentada por la Junta y el Gobierno debido a los fondos «anticrisis». La patronal teme que este año haya una caída en la inversión en obras municipales al no continuar estos programas. Los ayuntamientos más inversores fueron el de Córdoba, Aguilar de la Frontera, Lucena y Palma del Río, siendo la edificación de VPO los proyectos mayoritarios. 

Dudas en el sector 

La elevada morosidad de las Administraciones es otro de los caballos de batalla para este sector. En el informe no se incluyen datos de Córdoba, pero sí se detalla que hay obras en Andalucía que llevan dos años hechas y aún no se han cobrado. La deuda que acumula la Junta, según Ceacop, es de 950 millones mientras la de los ayuntamientos ronda los 1.000. 

El retraso en la ejecución de varios proyectos y las enormes dificultades al acceder al crédito son otros de los problemas que acechan a estas empresas. Ceacop también reclamó a las instituciones que adjudiquen más obras a empresas andaluzas, un grupo de firmas que acumularon dos de cada tres proyectos adjudicados en Córdoba durante el pasado año. 

De cara al futuro, las perspectivas son «desesperanzadoras», debido a que las Administraciones ya han anunciado planes de recorte del gasto a corto y medio plazo. Con estos datos, los responsables de Ceacop calculan que serán necesarios al menos tres años para que este campo productivo se recupere.

Otras iniciativas de las instituciones despiertan dudas en este sector. Es el caso de la colaboración público-privada, auspiciada por la Junta para proyectos como la Ciudad de la Justicia o la Ronda Norte. Chocano puso en tela de juicio que un elevado número de compañías vayan a presentarse a esos concursos debido a los problemas para obtener financiación por parte de la banca y la alta morosidad actual de los poderes públicos.