La crisis de Irán encarece ya un 47% los costes de la energía y el asfalto y amenaza la obra pública en ejecución

El conflicto en Irán ha vuelto a tensionar los costes de la construcción en España hasta niveles inéditos desde la crisis inflacionista de 2022. Los índices de precios de los materiales, que determinan las fórmulas de revisión en los contratos públicos, reflejan un encarecimiento del 47% tanto en la energía como en los materiales bituminosos (asfalto) entre enero y mayo de 2026, según el análisis de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI). El dato es especialmente llamativo por la velocidad: en apenas cinco meses ambas partidas han acumulado prácticamente la misma subida que entre enero de 2021 y diciembre de 2023, un periodo marcado por la pandemia y la guerra de Ucrania, cuando avanzaron un 50% y un 51%, respectivamente.

La patronal atribuye la escalada a la volatilidad del precio del barril de Brent, que no ha recuperado la estabilidad pese a la relativa tregua que trajeron las negociaciones de junio, lo que mantiene el coste de los materiales muy por encima de los niveles previos al conflicto. El resto de suministros también acusa la presión de los costes de producción y transporte: el aluminio se ha encarecido un 14% en el mismo periodo, de acuerdo con los índices del Instituto Valenciano de la Edificación, mientras que el acero corrugado escala un 21%, según la Cámara de Comercio de España.

Las carreteras, las más golpeadas

El impacto se reparte de forma muy desigual en los distintos tipos de obra. Las de carreteras son las más castigadas, con un sobrecoste medio del 15% que se dispara hasta el 25% o el 30% en las rehabilitaciones de firmes, las más expuestas a los ligantes bituminosos. Les siguen las explanadas y rellenos portuarios y los muelles de gravedad, ambos con un 17%, y las pistas de vuelo aeroportuarias, entre el 15% y el 16%. En el ámbito ferroviario, el montaje de vía se encarece un 11% y la plataforma un 9%, mientras que las obras hidráulicas son las que menos sufren, con un 5%.

El problema, advierte ANCI, es que las obras de reasfaltado carecen de revisión de precios precisamente por su corta duración, lo que eleva el riesgo de ruptura del equilibrio económico en todos los contratos adjudicados con precios anteriores a febrero de 2026. A ello se suma el efecto acumulativo en los trabajos adjudicados antes de 2021 aún en marcha: los sobrecostes de 2026 se añaden a los encarecimientos anteriores (de entre el 27% y el 55%), cuyo impacto no llegaron a cubrir del todo los mecanismos de revisión del Gobierno al fijar un tope legal del 20%.

Ante ese escenario, los constructores reclaman medidas urgentes y de carácter excepcional que garanticen la viabilidad de los contratos en ejecución, en la línea de las adoptadas en la anterior crisis de costes. Su propuesta pasa por reformular el mecanismo del RD-ley 3/2022 —todavía en vigor, pero insuficiente para el contexto actual— introduciendo las modificaciones necesarias para adaptarlo a la nueva ola inflacionista y dar cobertura a este tipo de obras.