Junta y ayuntamientos disparan a 1.950 millones su deuda con constructoras
Las constructoras han dicho basta a la Junta y a los ayuntamientos morosos. Ya no están dispuestas a cargar durante más tiempo con el peso de una crisis que lleva tres años triturando sus cuentas de resultados y diezmando sus plantillas. Para colmo de males, las pocas obras que realizan no se les abonan, superando con creces el plazo máximo de 60 días de pago a proveedores que marca la Ley de Lucha contra la Morosidad.
El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) denunció ayer que la Administración autonómica y las corporaciones locales acumulan ya una deuda que roza los 2.000 millones de euros, de los cuales 950 corresponden a la Junta y los 1.000 restantes a los consistorios. En la mayoría de los casos, se amontonan facturas pendientes de pagar desde hace más de dos años, según advirtió en una rueda de prensa su presidente, Enrique Figueroa, que no ahorró calificativos apocalípticos para dibujar el estado de colapso en el que vive el sector.
Como la gravedad de la tormenta económica no admite más prórroga, desde este colectivo, que agrupa a unas 350 empresas, se mostraron decididos a reclamar a la Fiscalía que actúe de oficio con los gestores públicos al ser incapaces de poner al día a las administraciones en los pagos pendientes. «Al menos queremos cobrar lo que hemos hecho», demandó la gerente de esta organización empresarial, Ana Chocano.
Recursos contra la Junta
La denuncia de Ceacop no se quedó en un lamento victimista y amenazó con pedir, a través de la vía contencioso-administrativa o por la penal, que gestores sean inhabilitados para ejercer un cargo público por vulnerar impunemente la norma y conducir a multitud de empresas «a la ruina».
A la Junta de Andalucía le empiezan a pasar factura sus recortes en inversiones
A la Junta de Andalucía le empiezan a pasar factura sus recortes en inversiones. Con el plante de Ceacop son ya dos las organizaciones que en apenas cuatro días salen en tromba contra el Gobierno de José Antonio Griñán por la excesiva morosidad de la Junta, que ha reducido bruscamente, en torno a un 65 por ciento, la adjudicación de obra pública entre 2008 y 2010. El pasado viernes la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) cifraba en 1.646 millones los números rojos que arrastra con contratistas de infraestructuras y equipamientos sanitarios.
Los responsables de las constructoras repiten los datos como una letanía de desastres. Ceacop calcula que están en peligro 60.000 puestos de trabajo en el sector. De los 4.300 millones de euros a los que ascienden los trabajos adjudicados los últimos tres años, la Junta de Andalucía aún adeuda a las constructoras casi una cuarta parte. Chocano la acusó de «ocultar deliberadamente su deuda con proveedores» para evitar que se dispare el déficit de la comunidad.
Restricciones de Hacienda
El problema radica en que la Consejería de Hacienda no da el visto bueno a las liquidaciones de obras para que no computen como endeudamiento, lo que se traduce a su vez en un cerrojazo del grifo de la Banca cuando las empresas acuden a pedirle financiación, expuso. Al no reconocerse como deuda, no se pagan las obras y, en el horizonte más optimista, no se saldarán antes de cuatro años, según se desprende de las conversaciones que las constructoras mantienen con los responsables autonómicos. Para Ceacop, el dinero gastado en planes «anticrisis» habría tenido más utilidad si se hubiese empleado en pagar la deuda de los ayuntamientos.
El mayor volumen de deuda que arrastra la Junta corresponde a la Consejería de Obras Pública, que adeuda 600 millones a las constructoras y no paga desde noviembre. Le siguen las consejerías de Medio Ambiente (150 millones) y Salud (que debe 90 millones y sus proveedores tardan de media 300 días en cobrar).
El Gobierno andaluz dice que resolverá el impago, pero no aclara cómo ni cuándo
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, reaccionó ayer con buenas intenciones ante el plante del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública por el impago de las obras. Aseguró que está convencida de que, «como siempre sucede», la Consejería de Obras Públicas y la organizaciones empresariales de constructores resolverán este problema.
«Dentro del cauce de diálogo habitual de la Consejería de Obras Públicas se va a encontrar solución a todos y cada uno de los problemas», sentenció la consejera de Presidencia. Asimismo, quiso dejar claro que el nivel de ejecución y de inversión, así como la apuesta que ha realizado la Junta en los últimos años por la obra pública, ha sido «muy intenso y superior» a la media del resto de comunidades autónomas. «Hay que poner en valor ese esfuerzo por mantener la actividad inversora, que ha sido una decisión política de la Junta de Andalucía», insistió la también portavoz del Gobierno andaluz.