Juanma Moreno acepta el plan estatal de vivienda que blinda las VPO 50 años e invierte 1.197 millones en Andalucía
- El PP incorpora el plan estatal en su programa electoral y la Junta inicia la modificación de su estrategia de vivienda protegida para adaptarla a la normativa aprobada por el Ministerio con el compromiso de que la Junta asuma el 40% de la financiación
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha aceptado el nuevo plan estatal de vivienda aprobado por decreto el 22 de abril y que establece un nuevo modelo de financiación y una reordenación de las líneas de actuación de las comunidades autónoma. Pese a que durante los últimos meses se han registrado alegaciones y se ha cuestionado este documento, en sólo una semana se han dado dos pasos clave que reflejan la aceptación de este decreto del Ejecutivo. En primer lugar, se ha incorporado como tal el plan estatal al programa electoral con el que el PP concurre a las elecciones del 17 de mayo. En segundo lugar, la Consejería de Vivienda, ha iniciado formalmente la adecuación del Plan Vive 2020-2030, el documento aprobado hace seis años y que fija las bases de la estrategia autonómica de VPO.
Andalucía tiene en juego 1.197 millones de euros en este nuevo plan estatal. Por primera vez el Gobierno de España aportará el 60% (718 millones de euros) y obliga a la Junta de Andalucía a aportar el 40% restante (479 millones de euros). Durante meses el Gobierno andaluz ha cuestionado este reparto e incluso ha presentado alegaciones al documento. Sin embargo, finalmente el presidente andaluz, Juanma Moreno, aceptado esta nueva distribución que obliga a multiplicar por seis las cuantías que aporta la Administración autonómica. Tanto es así que el presidente andaluz ha incorporado expresamente este compromiso de financiación autonómica en su programa electoral en el que también se compromete a la revisión del Plan VIVE 2020-2030.
“Activaremos la segunda fase del Plan Vive para los próximos 5 años, que contará con un volumen total de fondos a movilizar para continuar con nuestras políticas de vivienda de 1.197 millones de euros en los próximos años 2026-2030: 718 millones (60%) a través del Plan Estatal de Vivienda; y 479 millones (40%) aportados por la Junta de Andalucía”.
En los cálculos del dinero aportado por el Ministerio se basa de hecho la estimación de cuántas viviendas de promoción pública se construirán en los próximos años según el programa del PP-A: “Con la aplicación del nuevo Plan Vive 2020-2030 impulsaremos la promoción de 20.000 viviendas, con 500 millones de euros”. Es decir, la cuantía que asigna a Andalucía para la construcción de VPO el plan estatal y que financia en un 60% el Estado.
Cambio en el Plan VIVE
Pero al margen del programa electoral, el Gobierno andaluz ha dado un paso formal para la aceptación de este plan estatal de vivienda. Este mismo martes ha iniciado el proceso para la revisión de su plan VIVE, el documento que desde 2020 rige las normas de funcionamiento y de gestión de las políticas de vivienda. La primera etapa es un proceso de participación en el que se expresa claramente que el objetivo es adaptarlo a las exigencias del plan estatal.
“Resulta necesario para dar cumplimiento a los dispuesto en la normativa vigente en materia de vivienda, así como para su adaptación a las determinaciones del plan estatal de vivienda 2026-2030″, recoge la memoria de este expediente.
Blindaje de las VPO
La primera diferencia sustancial entre el Plan Vive vigente desde 2020 y el plan estatal de vivienda afecta al periodo de protección de las VPO. En el actual marco autonómico las viviendas deben mantener su carácter público por periodos de 7, 10 o 15 años en función del régimen de protección. Sin embargo, el decreto estatal aprobado por el Ministerio de Vivienda establece como una de sus prioridades un blindaje permanente que se prolongará durante un periodo de cincuenta años en el caso de los pisos que reciban ayudas públicas. Si no se produce no habrá financiación.
Es decir, la condición para aceptar los 1.197 millones de euros que están incorporados en el programa electoral del PP Andaluz es que las VPO que se construyan no se puedan vender en el mercado libre en un plazo de 50 años. De ahí la necesaria revisión del Plan VIVE. Este blindaje sí está recogido en la recién aprobada ley andaluza de vivienda que establece que la protección será permanente cuando haya ayudas públicas, como es el caso de todas las promociones que se enmarquen dentro del plan estatal.
Cambio en la ley andaluza
El decreto estatal también obligará a revisar la nueva ley andaluza de vivienda una vez que el Ministerio ha rechazado las alegaciones planteadas por la Consejería de Fomento. El plan estatal de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros establece otra condición que va a obligar a revisar una de las medidas incluidas en la ley andaluza de vivienda. La Junta adoptó la decisión de suprimir el depósito oficial de viviendas que gestionaba la empresa pública AVRA y que se reintegren todas las cuantías suscritas. De hecho, desde enero en los contratos privados de alquiler las fianzas se quedan ya en manos del propietario que no tiene que dar parte alguno a la comunidad autónoma.
Blindaje de las VPO
La primera diferencia sustancial entre el Plan Vive vigente desde 2020 y el plan estatal de vivienda afecta al periodo de protección de las VPO. En el actual marco autonómico las viviendas deben mantener su carácter público por periodos de 7, 10 o 15 años en función del régimen de protección. Sin embargo, el decreto estatal aprobado por el Ministerio de Vivienda establece como una de sus prioridades un blindaje permanente que se prolongará durante un periodo de cincuenta años en el caso de los pisos que reciban ayudas públicas. Si no se produce no habrá financiación.
Es decir, la condición para aceptar los 1.197 millones de euros que están incorporados en el programa electoral del PP Andaluz es que las VPO que se construyan no se puedan vender en el mercado libre en un plazo de 50 años. De ahí la necesaria revisión del Plan VIVE. Este blindaje sí está recogido en la recién aprobada ley andaluza de vivienda que establece que la protección será permanente cuando haya ayudas públicas, como es el caso de todas las promociones que se enmarquen dentro del plan estatal.
Cambio en la ley andaluza
El decreto estatal también obligará a revisar la nueva ley andaluza de vivienda una vez que el Ministerio ha rechazado las alegaciones planteadas por la Consejería de Fomento. El plan estatal de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros establece otra condición que va a obligar a revisar una de las medidas incluidas en la ley andaluza de vivienda. La Junta adoptó la decisión de suprimir el depósito oficial de viviendas que gestionaba la empresa pública AVRA y que se reintegren todas las cuantías suscritas. De hecho, desde enero en los contratos privados de alquiler las fianzas se quedan ya en manos del propietario que no tiene que dar parte alguno a la comunidad autónoma.
Esta decisión, que la Junta de Andalucía enmarcó en un proceso de simplificación administrativa y de reordenación de las funciones de la empresa pública de vivienda, con una plantilla mermada, provoca que no deje de haber un registro autonómico de los alquileres y sus importes, ni tampoco ninguna garantía oficial en los arrendamientos privados. Un modelo que choca directamente con los planteamientos del Ministerio de Vivienda de exigir transparencia y control a los gobiernos autonómicos.