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Jaén: Andalucía licita la Ciudad de la Justicia de Jaén con fondos propios y renuncia a la colaboración público-privada

La licitación del contrato de servicios para la revisión y redacción del anteproyecto y los proyectos básico y de ejecución la Ciudad de la Justicia de Jaén está a punto de publicarse por un importe de 1,4 millones de euros, aunque con cambios sobre lo previsto: la Junta de Andalucía ha descartado su construcción por colaboración público-privada, fórmula con la que venía tramitando el proyecto en los últimos años.

El proyecto será ejecutado íntegramente con fondos propios de la Junta de Andalucía, con una inversión estimada de más de 71,1 millones en cuatro anualidades. La licitación de la redacción del anteproyecto y el proyecto básico y de ejecución se hará por el procedimiento negociado sin publicidad, al tratarse de la revisión y actualización de un proyecto técnico ya existente, “lo que reducirá los plazos de toda la fase previa a la licitación de las obras, prevista para 2027”.

Expectativas

En la pasada legislatura, en septiembre de 2022, el consejero de Justicia José Antonio Nieto abogó por “impulsar un nuevo proyecto”, “adaptado a la legislación actual” y sin descartar la posibilidad de ejecución directa. Posteriormente, no obstante, la Junta optó por mantener la vía de la colaboración público-privada y sobre ella se ha venido trabajando durante este tiempo.

Andalucía iba a ser pionera en este campo al explorar la colaboración público-privada en una licitación de una gran infraestructura, lo que había despertado expectación en el sector, que considera esta fórmula idónea para desbloquear grandes proyectos atascados desde hace décadas.

Finalmente se ha descartado ante el informe de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera -último paso previo a la licitación de la obra-, con cuestiones como la necesidad de rebajar el canon que habría que pagar a la empresa adjudicataria, lo que podría llevar a que la licitación quedase “desierta”.

Y es que, la vía de la colaboración público privada supone que la empresa adjudicataria asume la inversión, además de los gastos de mantenimiento, limpieza, seguridad y demás servicios durante el periodo de la concesión. A cambio, la Junta abonaría un canon anual, calculado para este proyecto en 9,7 millones durante 28 años, una vez que el edificio estuviera terminado y en uso. Transcurrido el plazo de concesión, sería propiedad del Gobierno andaluz.

Para ese descarte de la vía público-privada, Nieto también aludió a la Ley de Desindexación y al tratamiento fiscal para este tipo de contratos, con “el tipo máximo de IVA, el 21 por ciento, al cien por cien del canon”, lo que implicaba “un incremento de un coste ya muy alto de casi 50 millones de euros más”, de modo que era “prácticamente imposible” llevarlo a la práctica y se ha optado por la ejecución directa.

En todo caso, subrayó que la infraestructura “no va a sufrir ningún retraso” con respecto a las últimas previsiones, pese a este cambio. “Vamos a licitar y adjudicar la contratación del proyecto de ejecución para que esté concluido a lo largo de este año 2026, que la licitación de la obra se realice en los meses de 2027 y que la obra esté concluida, como estaba previsto, en 2029“, apuntó el consejero.