Huelva: Alcolea: el gigante de hormigón que Huelva no logra despertar
- La infraestructura hídrica, esencial para los onubenses, sigue en «stand by»: la Junta espera que el Gobierno ceda la presa, mientras el Ejecutivo central echa balones y pide nuevos informes
En las márgenes del río Odiel, a su paso por la provincia de Huelva, concretamente en el término municipal de Gibraleón, una estructura de hormigón inacabada se alza desde 2017 a la espera de conocer si finalmente su futuro será la reactivación de las obras. Se trata de la Presa de Alcolea, un proyecto considerado por algunos como una infraestructura clave en materia hídrica. Este 2026 se cumple casi una década de abandono oficial.
Lo que comenzó allá por 2014 como una gran esperanza para la agricultura y el abastecimiento del sector industrial, es hoy un campo de batalla donde chocan informes científicos y un tenso pulso político entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.
Las obras de Alcolea se paralizaron apenas tres años después de comenzar, en el año 2017, cuando los trabajos apenas alcanzaban un 23% de ejecución. La Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) rescindió el contrato con la constructora, entre otras cuestiones, por el aumento de costes y por el riesgo de contaminación por metales pesados del agua, que generaba dudas sobre su calidad. Desde entonces, su esqueleto ha visto pasar el tiempo sin verse alterado, dejando escapar, sobre todo en los dos últimos inviernos, gran cantidad de agua que se ha perdido en el mar en vez de haber sido embalsada.
Tras años de bloqueo, mayo de 2025 pareció traer la luz al final del túnel. Un «acuerdo tácito» entre el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y la Junta de Andalucía planteaba un intercambio inédito: la administración autonómica asumiría la finalización de la obra –una infraestructura de interés general del Estado– a cambio de compensaciones económicas en otras inversiones hidráulicas. Sin embargo, al entrar en 2026, la firma definitiva se ha convertido en un laberinto de reproches.
El pasado 15 de enero, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, remitió al Ministerio el protocolo ya firmado por la Junta. La Administración andaluza sostiene que el documento cuenta con el aval de la Abogacía del Estado y que solo falta la rúbrica de Madrid para volver a retomar las obras. Apenas dos días más tarde desde Bonares, la ministra María Jesús Montero precisaba que el Gobierno central había exigido una «actualización» integral del protocolo, argumentando que el convenio remitido no contempla la realidad financiera ni técnica de 2026. Según el Ejecutivo, un proyecto que lleva siete años parado no puede reactivarse con datos obsoletos.