El Gobierno lanza la ley que obligará a las empresas a un 40% de mujeres en sus consejos

J. Díaz. Madrid

El Gobierno de Pedro Sánchez enarboló ayer la bandera del feminismo en vísperas del 8-M más tenso y difícil que afronta un ejecutivo socialista, con el pacto de coalición en su momento más crítico por las fuertes discrepancias sobre la reforma de la Ley del solo sí es sí. Fue en este borrascoso escenario en el que el Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de Ley de Representación Paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión de la política, la Administración y las empresas, una norma que el propio presidente del Gobierno anunció por sorpresa el sábado pasado durante un acto del PSOE y que en tres días se ha puesto en blanco sobre negro en un texto normativo lanzado a consulta pública. La futura ley, que pasa de las “recomendaciones y buenas prácticas a establecer obligaciones que permitan alcanzar la igualdad de género efectiva en ámbitos de decisión política y económica”, como señaló la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, forzará a las grandes empresas a alcanzar un mínimo del 40% de presencia femenina en sus consejos de administración. Y establece “la obligación de velar por que la alta dirección (de las compañías) también cumpla este principio”.

La norma, que ahora inicia una difícil e incierta andadura dada las crispadas relaciones entre los socios de Gobierno, como prueba que la ministra de Igualdad, Irene Montero, haya quedado al margen de la redacción del anteproyecto, afectará por igual a empresas cotizadas y no cotizadas, así como a entidades de interés público, siempre que tengan más de 250 trabajadores, una cifra de negocios superior a 50 millones de euros o unos activos por valor de más de 43 millones. La diferencia entre unas y otras es que las compañías cotizadas, que en los últimos años han avanzado paulatinamente en este ámbito, especialmente las del Ibex 35, tendrán que alcanzar el objetivo del 40% “de consejeros del sexo menos representado antes del 1 de julio de 2024”, anunció Calviño.

Las empresas no cotizadas, donde los progresos han sido significativamente menores, contarán con un plazo más largo. “Dado el diferente punto de partida con respecto a estas sociedades se da un plazo adicional hasta julio de 2026 para que dispongan de un tiempo suficiente para adaptarse”, señaló la vicepresidenta económica.

Toda obligación suele llevar aparejadas sanciones en caso de incumplimiento, y el texto redactado por el ala socialista del Gobierno no es una excepción. La futura ley contempla multas económicas si no se cumplen las cuotas, que se aplicarían a partir de julio de 2024 en el caso de las cotizadas, para las que llegar a ese año sin alcanzar el 40% de presencia femenina sería una infracción grave, y a partir de julio de 2026 en el de las no cotizadas.

El anteproyecto de Ley de Paridad es en realidad la transposición de una directiva de la UE aprobada a finales del año pasado, aunque el Gobierno pretende ir más allá del texto comunitario en algunos aspectos, como los plazos. La directiva europea fija el 30 de junio de 2026 como fecha límite para que las compañías cotizadas alcancen el mínimo del 40% de mujeres en sus órganos de decisión, plazo que España adelanta en dos años. Además, la UE hace mención expresa a que “las medidas establecidas en la presente Directiva deben aplicarse a las sociedades cotizadas”, sin referirse a las no cotizadas más allá de señalar que “no debe aplicarse a las microempresas ni a las pymes”.

La nueva ley ha sido acogida con frialdad por la patronal. “No nos gusta en absoluto la obligatoriedad”, afirmó ayer el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, quien añadió, no obstante, que las patronales trabajan para que “el talento femenino salga, porque está ahí”.

Además de al sector privado, la futura norma afectará al sector público (aunque en el caso de los órganos superiores de la Administración del Estado, dispondrán de 5 años para aclimatarse) y a la política, donde será obligatoria la confección de listas cremallera (esto es, “candidaturas integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa”) para el Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo, las asambleas autonómicas o los municipios. E incluso al propio Consejo de Ministros, donde se da la paradoja de que son los hombres los que están ahora infrarrepresentados, suponiendo menos del 40%. La obligación de cumplir esa cuota mínima alcanzará también a las juntas de gobierno de los colegios profesionales y a los jurados constituidos para conceder premios del sector público.

El anteproyecto no convence a Unidas Podemos, formación a la que le parece insuficiente por ceñirse a los consejos de administración y órganos de decisión de las entidades, cuando lo que busca el partido morado es que “todas las mujeres puedan despegarse de los suelos pegajosos”, dijo ayer la titular de Igualdad, Irene Montero, mientras que para el PP es una “cortina de humo” para esquivar temas que “acorralan” al PSOE, como el caso Mediador o la fractura interna por la Ley del solo sí es sí.