El gremio denuncia que lo que agrava la situación es el cambio de criterio administrativo no justificado de la Junta –que va contra los propios actos de la administración–, ya que sucede cuando las obras ya estaban ejecutadas, lo que amenaza con desestabilizar a la veintena de empresas que han desarrollado de manera mayoritaria estos proyectos. El daño económico supera los 20 millones de euros y alguna de estas compañías está abocada al concurso de acreedores. Por ello, muchas de ellas han decidido acudir a los tribunales y se podría producir una litigiosidad sin precedentes dentro del sector con un millar de expedientes, según explica la patronal Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública).
Más de mil expedientes
Desde Ceacop, su gerente Arturo Coloma resume la indignación del sector. “Nos encontramos con una tramitación de más de mil expedientes con un valor en torno a los 20 millones de euros que se convertirían en una pérdida para las empresas, con el consecuente e irreparable daño que conlleva, sin olvidar la carga jurídica que va a provocar en estas compañías y en la administración. Realmente es sorprendente e inaudito que se vaya contra las propias indicaciones tanto del decreto ley andaluz como de las instrucciones publicadas al efecto”, recalca.
“Es inaudito que la Junta opere con una normativa redactada y con unas instrucciones precisas y con un cálculo absolutamente precisado y, de repente, digan que eso no está bien, pero tampoco nos mandan un informe diciendo qué es lo que van a hacer y lo que no van a hacer”, subraya la patronal. Ceacop critica el modo de proceder de la Junta. “Es ir contra sus propios actos. Cuando ha habido dudas de interpretación el gremio lo ha hecho por escrito y la Agencia de Educación las ha contestado y se han hecho instrucciones por su parte que han sido publicadas. Al final dicen esto y han borrado la instrucción de la web, que es algo alucinante también. Estamos esperando a que nos respondan y la respuesta verbal es que nos preparemos porque va a ser negativa”, lamenta Coloma.
Aumento extraordinario de los precios
Desde 2020, las empresas constructoras han lidiado con aumentos extraordinarios en los precios de las materias primas y la energía, factores que afectaron directamente a sus costes operativos. Sin embargo, la normativa existente no contemplaba mecanismos ágiles para responder a estos incrementos. La Junta de Andalucía introdujo en 2022 medidas extraordinarias de revisión de precios, que inicialmente representaron un alivio para contratistas y empresas. Este marco regulatorio permitió recalcular los costes de las obras públicas recogidas en el Acuerdo Marco de Obras de Reforma, Adaptación, Ampliación, Redistribución y Mejoras en Centros Educativos.
Cerca de 2.000 intervenciones licitadas en 2019 y contratadas en 2020, con cuatro años de ejecución, se vieron beneficiadas por estas medidas. A pesar de la aparente estabilidad inicial, en junio de 2023 empezó a detenerse el trámite de aprobación de expedientes de revisión, y en julio de 2024 la Consejería informó verbalmente a Ceacop, así como a otros representantes del sector, de que dejaría de aplicar las revisiones de precios acordadas, basándose en un informe interno cuya copia aún no ha sido compartida con los afectados. Como consecuencia, más de 1.000 expedientes han quedado paralizados, poniendo en riesgo la solvencia de las empresas contratistas.